NYC pide al Congreso aprobar ley que favorece a ‘soñadores’ y ‘tepesianos’

Desde que Donald Trump asumió la Presidencia, su administración ha sido clara en mostrar que no tiene ningún interés en promover una reforma migratoria para los más de 12 millones de indocumentados que se estima viven en el país. Pero este miércoles, varios líderes demócratas, encabezados por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y la congresista neoyorquina Nydia Velásquez, se dieron cita en la ciudad de Nueva York para anunciar que en los próximos meses, y como un frente unido, darán una dura batalla para que el Congreso federal apruebe un proyecto de ley que daría un respiro a los ‘soñadores’ y a los llamados ‘tepesianos’, amparados por el TPS.

Así lo aseguró Velázquez, tras mencionar que junto a varios colegas y otras figuras relevantes del Partido Demócrata, líderes y activistas de los derechos de los inmigrantes, están lanzando una campaña de presión a los congresistas de Washington, a fin de que aprueben la iniciativa llamada ‘H.R. 6’, más conocida como ‘Acta de los sueños y las promesas’80 (Dream and Promise Act).

A través de esa normativa se pretende proporcionar protecciones legales permanentes y un camino a la ciudadanía a millones de los ‘soñadores’, que llegaron a este país siendo menores, muchos de ellos protegidos actualmente por DACA, y a los beneficiarios del TPS.

“Necesitamos que la opinión pública nos apoye y que los sondeos muestren que la mayoría considera que aprobar esta ley es lo correcto, y para eso necesitamos golpear las puertas de los congresistas, llamarlos, enviar mensajes y presionarlos”, aseguró Velásquez, promotora de la iniciativa migratoria, explicando que el objetivo es que el proyecto sea votado en mayo próximo en la plenaria de la Cámara Baja.

Entre tanto, Pelosi aseguró que es urgente convencer a los legisladores de la necesidad de aprobar esta ley para sacar a los soñadores del limbo en el que se encuentran y de la incertidumbre que embarga a los beneficiarios del TPS que temen perderlo en cualquier momento.

“Necesitamos proteger el estatus de la gente que ha estado aquí por muchos años contribuyendo con su grandeza a Estados Unidos. Esta legislación nos urge y las historias de inmigrantes que a diario escuchamos son razones suficientes para que la aprobemos”, dijo Pelosi, invitando a que la comunidad se movilice y se organice para exigir la aprobación. “Sí se puede”, agregó la congresista, en español.

El proyecto de ley también beneficiaría a quienes están cobijados con el alivio de ‘Salida Forzada Diferida’ (DED) que permite que las personas amparadas por esa condición no estén sujetas a ser deportadas de los Estados Unidos, generalmente por un período de tiempo designado.

Durante la conferencia de prensa para mostrar su apoyo al proyecto, que tuvo lugar en el Lower East Side Tenement Museum, también estuvieron presente otros defensores de la medida como el alcalde Bill de Blasio y el congresista Adriano Espaillat, quienes manifestaron la necesidad de que el Congreso avance y se ponga del lado de los inmigrantes.

La hondureña Perla Canales, quien es beneficiaria del TPS desde 1999, cuando la administración de Bill Clinton concedió el estatus de protección a centroamericanos tras el paso del devastador huracán Mitch, se mostró optimista de que esta vez los inmigrantes recibirán buenas nuevas desde Washington.

“Yo siento que esta vez si se va a aprobar esta ley que nos sacaría del miedo constante en el que nos encontramos, al saber que sin un camino a la residencia siempre vamos a estar con el temor de que nos regresen a nuestro país, que está muy peligroso y donde no hay opciones”, aseguró la inmigrante, quien agregó que espera que la ley de protección a “soñadores” y “tepesianos” se apruebe antes de diciembre para poder pasar una Navidad tranquila con su familia.

Vanessa, una joven inmigrante de 28 años, cobijada con DACA y madre de familia, hizo un llamado para que los legisladores federales aprueben la ley en un acto de justicia.

“Yo vine aquí desde México cuando tenía dos años y medio. Mi vida es esta y es muy duro saber que en cualquier momento cualquier cosa puede pasar conmigo y pueden enviarme a un país donde no tengo nada. Además, sin un estatus permanente no he podido por ejemplo terminar mi carrera de administración de empresas”, dijo la mexicana.

Héctor Figueroa, presidente de la Unión sindical 32BJ, aseguró que las leyes de inmigración tienen un impacto directo en asuntos laborales y urgió a Washington a que no deje de lado el proyecto. “Se trata de defender los sueños de millones de inmigrantes. Sus sueños también son nuestros sueños y esta vez no podemos traicionar sus sueños y sus promesas sin importar cuales son las políticas del momento”, dijo el líder sindical.

El congresista Jerry Nadler mencionó que el proyecto pasó ya por el Comité Judicial de la Cámara y aseguró que no otorgar un camino a la legalización a quienes llegaron al país siendo menores es “inhumano”.

“Es un asunto de simple justicia y humanidad. Cuando uno habla de querer regresar a personas que viven aquí desde los 2 años de edad, es una crueldad y el Gobierno nunca debe permitir algo así. Devolverlos a quiénes beneficiaría”, dijo Nadler.

Steve Choi, director de la New York Immigration Coalition, se mostró optimista con el futuro del “Acta de los sueños y las promesas” y pidió a la comunidad no bajar la guardia ni la presión. “Esta legislación es la muestra de lo que podemos hacer cuando trabajamos unidos y ahora estamos lanzando esta campaña para que cada miembro del Congreso firme y asegurarnos de que se convierta en ley pronto”, concluyó el activista.

La iniciativa, H.R. 6, más conocida como el Acta de los sueños y las promesas (Dream and Promise Act) proporcionaría protecciones legales permanentes y un camino a la ciudadanía para millones de “Soñadores”, quienes llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, muchos de ellos protegidos actualmente por DACA. Asimismo extendería las protecciones para los beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS) y de la salida forzada diferida, proporcionando permisos de trabajo y bloqueando una eventual deportación.  Se estima que aproximadamente 3.6 millones pudieran beneficiarse de la ley, tras ser aprobada, por lo que es considerado el proyecto más grande de legalización que ha cursado en el Congreso últimamente, y espera llevarse a votación a la plenaria en mayo próximo.

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