Nuevo reglamento deja a jueces de inmigración con una sola opción en casos pendientes de deportación

Publicado el 20 de septiembre de 2018
por Jorge Cancino en Univisión Noticias. Fotografía de Univisión Noticias.

Hasta ahora los jueces de inmigración utilizaban amplia discrecionalidad para impartir justicia en casos de deportación, entre ellas proceder a cerrar admistrativamente un caso si había alternativas legales para que un indocumentado se quede en Estados Unidos. Pero a partir del martes, un nuevo reglamento ordenado por el fiscal general, Jeff Sessions, deja como única opción la expulsión del país, excepto si el gobioerno se equivocó o si el inmigrante califica para ser ciudadano.

Las nuevas instrucciones para los jueces de inmigración ordenadas por Sessions están dirigidas a una sola opción: emitir un fallo final con una orden de deportación. Y en caso de no hacerlo, podrán parar la expulsión de un extranjero porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no pudo defender sus argumentos y perdió el juicio. Pero esto, aseguran los jueces de inmigración, ya se venía haciendo, no es nada nuevo.

En un documento publicado por la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), dependencia que opera bajo el mando de Departamento de Justicia, señala que por instrucciones del Fiscal General, Jeff Sessions, los jueces ya no pueden usar su discrecionalidad para dar por terminado un caso.

Un ejemplo que desaparece del escenario son los cierres administrativos que “ponen a dormir” un proceso de deportación cuando el enjuiciado lleva años en el país, carece de antecedentes criminales, tiene una familia establecida, paga impuestos y el juez determina que no constituye una amenaza a la seguridad pública o nacional.

En esos casos, los jueces procedían a la cancelación de la deportación.

“El nuevo reglamento establece ahora que los jueces podrán detener una deportación si se cumplen dos condiciones”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami. “Si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no puede probar en la corte los cargos que permitieron la apertura del caso de deportación, o si el extranjero tiene una solicitud de ciudadanía pendiente de aprobación final y el peticionario ha demostrado que califica”.

Bajo la primera condición señalada por la nueva regla, tanto indocumentados como extranjeros autorizados tienen altas probabilidades de perder sus casos y ser expulsados del país, porque los jueces “deberán ceñirse estrictamente al reglamento”, advierte Guerrero. “Y el reglamento dice que sólo si el DHS no logra ganar con sus argumentos”.

La segunda condición se refiere expresamente a inmigrantes con residencia legal permanente (green card) que enfrentan un proceso de deportación y su trámite de ciudadanía se encuentra avanzado. “Los indocumentados no entran en esta categoría porque no son elegibles para convertirse en ciudadanos estadounidenses”, indica Guerrero.

Fechado el 18 de septiembre, la nueva regla indica que el Fiscal General ha determinado que “los jueces de inmigración no tienen autoridad inherente para terminar o desestimar los procedimientos de deportación”.

La decisión de Sessions agrega que “los jueces de inmigración pueden desestimar o terminar los procedimientos de deportación solo bajo las circunstancias expresamente identificadas en los reglamentos”, es decir, “cuando el DHS no cumple con los cargos de remoción contra un demandado”.

Añade que la autoridad general de un juez de inmigración “para tomar cualquier otra acción consistente con las leyes y regulaciones aplicables según sea apropiado, “no otorga ninguna autoridad adicional para dar por terminado o desestimar los procedimientos de deportación más allá de las autoridades expresamente establecidas en los reglamentos pertinentes”.

“Se está apegado cien por ciento al reglamento”, dice Guerrero. “Exige a los jueces que apliquen a raja tabla la ley, que no se salgan ni un ápice de lo que dice la letra del reglamento, creando un escenario muy difícil y complejo para miles de inmigrantes”, advierte.

Sessions escribe en las nuevas reglas que “no hay duda de que los jueces de inmigración tienen la autoridad para cerrar y terminar los procedimientos de deportación bajo ciertas circunstancias definidas. Sostengo, sin embargo, que de acuerdo con mi opinión (…) los jueces de inmigración no tienen autoridad inherente para terminar o desestimar los procedimientos de expulsión. En consecuencia, no pueden rescindir o desestimar dichos procedimientos por motivos distintos a los expresamente establecidos en las reglamentaciones pertinentes o cuando el DHS no haya cumplido con los cargos de remoción”.

Guerrero explicó además que, el nuevo instructivo también indica que el DHS tampoco puede desestimar los casos, a menos que:

No está en el mejor interés del gobierno seguir con el caso; o
El documento acusatorio (la Notificación de Comparecencia, NTA) fue creado sin mucha base o fundamento, por error.

“Ahora si se puso complicada la cosa”, apuntó.

Los cambios anunciados por la EOIR el martes “provocará daños gigantescos a miles de inmigrantes en proceso de obtener la residencia por vías legales en Estados Unidos”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Están quitando el poder y la independencia de los jueces para alimentar la maquinaria de deportaciones del presidente Trump”, agregó.

Gálvez dijo además que “la reducción del poder de independencia de los jueces limita la impartición de justicia, sobre todo en el caso de inmigración, una de las áreas más complejas que existen”.

“Mire, un ejemplo. Si en estos momentos una mamá enfrenta un proceso de deportación, tiene un hijo ciudadano de 20 años y seis meses y el gobierno tiene un buen caso, con la nueva regla el juez va a emitir una orden de deportación final. Pero antes de la regla el juez ordenaba un cierre administrativo para que el hijo de esa mujer cumpla los 21 y pueda pedirla. Los jueces antes le daban al inmigrante tiempo para esperar porque se activaban beneficios legales, perro ahora eso no existe”, explicó.

Otro ejemplo grave lo constituye el beneficio del Perdón 601ª, creado bajo el gobierno de Barack Obama, que permite a ciertos indocumentados cónyuges de residentes o ciudadanos salir del país sin el riesgo que les caiga encima la Ley del castigo, puedan hacer el trámite consular y regresar a Estados unidos con una visa de inmigrante.

“Para poder aplicar por el Perdón 601A el juez primero tiene que cerrar el caso”, advirtió Gálvez. “La nueva regla no lo permite a sabiendas que esa persona está a un paso de convertirse en residente legal permanente por una vía legal. A partir de ahora eso ya no es una opción. Se trata de una situación increíble”, dijo.

La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) dijo que la decisión del Fiscal General “deja muy claro que la regulación que permite a la autoridad general de los jueces para tomar cualquier otra medida acorde con las leyes y reglamentos aplicables según corresponda no tiene precedencia sobre las disposiciones relativas a la terminación de procedimientos porque el DHS afirme que ha comenzado de manera imprevista un caso o no haya cumplido con su carga de probar los cargos”.

“Por el contrario”, señala, “esas dos instancias son las únicas formas en que un juez de instancia puede dar por concluidas las actuaciones” durante un caso de deportación, dijo a Univision Noticias la honorable jueza Dana Marks, presidenta honoraria de la NAIJ.

A la pregunta respecto a cuántos casos podrán verse afectados por esta nueva regla, Marks dijo que “es imposible estimar cuántos casos se verán impactados por esta decisión, ya que algunos jueces (incluida yo misma) interpretaron la ley de esa manera antes de que se diera esta decisión. Dicho esto, un argumento legal muy razonable que indique lo contrario, puede reforzar un enfoque más amplio de la autoridad de los jueces de inmigración, incluso permitir que el proceso se desarrolle sin problemas, particularmente porque los tribunales están abrumados con más casos de los que podemos manejar”.

“Sin embargo”, agregó, “el impacto más grande lo demuestra el enfoque político actual del gobierno hacia las cortes de inmigración, que persiste en limitar la independencia de los Jueces e impulsarlos a emitir órdenes de deportación rápidamente en lugar de involucrarse en la resolución creativa de problemas y resultados prácticos para las personas” que enfrentan procesos judiciales.

Marks agregó que “una vez más, desde la perspectiva de NAIJ, este es un paso más que demuestra el error fatal de tener las cortes de inmigración bajo el mando de una agencia de aplicación de la ley. La naturaleza misma de nuestras misiones está en desacuerdo entre sí, y decisiones como esta, tomadas por una parte en el proceso, limitan la autoridad del juez y socavan la integridad del sistema porque no hay verdadera independencia para el que toma las decisiones”.

“Esta es la razón por la cual una corte independiente fuera del Departamento de Justicia es una necesidad absoluta”, concluyó.

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