Nuevo México demanda al gobierno de Trump para que no siga liberando inmigrantes ‘a su suerte’

La demana forma parte de “un esfuerzo por detener la práctica indiscriminada del gobierno de Trump de liberar a los migrantes en las comunidades en la zona fronteriza del estado en violación de la política de ‘liberación segura’ del gobierno federal, dejando a las personas y familias vulnerables sin asistencia y agobiando tanto a los gobiernos locales como a las organizaciones sin fines de lucro”, indicó el comunicado del gobierno de Nuevo México.

De acuerdo con la querella, esta política de liberar a los migrantes, en su mayoría de países centroamericanos que viajan con hijos menores de edad, están poniendo una fuerte presión en comunidades fronterizas que deben utilizar sus propios recursos para asistir a los migrantes, quienes quedan al cuidado de organizaciones caritativas y de los gobiernos locales.

“La administración Trump ha fallado de manera constante y flagrante en su respuesta a la actual crisis humanitaria en nuestra frontera sur, así como en abordar las preocupaciones legítimas de seguridad fronteriza”, añadió la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham.

Las liberaciones de inmigrantes ocurren porque leyes y reglamentos vigentes prohíben detenciones prolongadas y por falta de espacio en los centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

En abril, Trump confirmó un plan para liberar a migrantes centroamericanos que llegan pidiendo asilo en todo el país, especialmente en ciudades y estados que no colaboran con su gobierno en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados, conocidas como ‘santuario’. Esto, como parte de una especie de ‘venganza’ contra sus adversarios políticos.

Luján señaló el “menoscabo del deber” al momento de anunciar la demanda en contra del secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan y altos funcionarios de inmigración.

La demanda, presentada en un tribunal federal de distrito en Albuquerque, pide el restablecimiento de la asistencia federal previa para los solicitantes de asilo.

Lujan Grisham dijo que el presidente Trump “ sólo está interesado en satanizar a las personas vulnerables que llegan a nuestra frontera, avivando temores infundados sobre seguridad nacional sin tomar medidas para proteger de manera sustancial y proactiva a los inmigrantes y a nuestras comunidades en la frontera sur del tráfico de personas y drogas”.

Una ley de previsión de tráfico humano de 2008 prohíbe al gobierno la deportación automática de menores que no sean de países fronterizos (México y Canadá) y ordena que sea un juez de inmigración quien decida sus futuros en el país. Además, establece que el gobierno debe procurar sus cuidados y garantizar que puedan acceder a representación legal para batallar por sus permanencias en el país, dos responsabilidades que están siendo obviadas por el gobierno de Trump al liberarlos dentro de los plazos establecidos por la ley.

El Departamento de Justicia hasta ahora no ha comentado sobre la demanda.

La demanda es la primera de su tipo por parte de un estado. Es similar a la denuncia presentada en abril por el condado de San Diego, California, que también impugna la cancelación del programa migratorio federal (‘safe release’, ‘liberación segura’, en español) que debe brindar ayuda a los migrantes con llamadas telefónicas y demás trámites de traslado para llegar a su destino final en Estados Unidos mientras esperan los resultadois de sus casos migratorios.

Lujan Grisham indicó que anteriormente el gobierno federal transportaba hasta su destino final a los migrantes que eran arrestados en la frontera y solicitaban asilo político; sin embargo, recordó, este procedimiento terminó en octubre de 2018.

En la actualidad, señala la demanda, los migrantes son liberados a su suerte en las comunidades fronterizas donde el gobierno y organizaciones locales tratan de asistirlos con agua, comida y un lugar donde dormir mientras contactan a sus familiares y compran pasajes de autobuses para llegar a su destino.

Tim Keller, alcalde de Albuquerque, indicó en el comunicado conjunto que al abandonar la política de ‘liberación segura’ el gobierno federal está afectando directamente a los estados fronterizos.

Albuquerque, localizada a 250 millas (unos 400 kilómetros) al norte de los puertos de entrada con México en El Paso, Texas, recibe entre 150 y 250 solicitantes de asilo a la semana. La ciudad ha destinado 250,000 dólares para labores humanitarias.

Desde abril, según la demanda, alrededor de 9,000 solicitantes de asilo fueron liberados en Las Cruces, una ciudad de unos 100,000 habitantes, según la demanda.

En el documento, citado por medios de Nuevo México, dice que el estado pagó alrededor de 750,000 dólares en fondos de emergencia a los gobiernos locales para compensar los gastos resultantes del cambio en las prácticas federales, además de movilizar a empleados de distintas agencias estatales.

Por lo general, las familias de migrantes permanecen una o dos noches en un albergue local antes de iniciar el traslado para reunirse con familiares o conocidos en diversas partes del país.

Desde hace tiempo, las familias que llegan a la frontera han sido liberadas y se les permite establecerse con amigos o familiares en Estados Unidos mientras que sus casos se abren paso en el sistema legal, un proceso que suele tomar años.