Nueva demanda legal contra pregunta de ciudadanía en el censo 2020

La ciudad californiana de San José y el grupo Alianza Negra por una Inmigración Justa (BAJI) demandaron al Gobierno federal por su decisión de incluir una polémica pregunta sobre la ciudadanía en el cuestionario del próximo censo 2020.

Esta demanda, que se presentó este martes ante la corte Federal de San Francisco, va dirigida al Departamento de Comercio, su secretario, Wilbur Ross, a la Oficina del Censo y a su responsable, Ron Jarmin.

A finales de marzo, se conoció que el Departamento de Comercio solicitó “reinstalar la pregunta sobre la ciudadanía en el censo del 2020 porque es necesario para dar datos completos y precisos”.

Los críticos cuestionan la iniciativa y la ven en la línea de una política migratoria más dura bajo el gobierno de Donald Trump, que ha hecho de este tema uno de sus principales objetivos. Los defensores de los inmigrantes sostienen que la inclusión de esta pregunta llevará a los indocumentados o residentes permanentes con lazos con personas sin documentos a no cumplimentar el censo, lo que falseará los datos.

La queja legal, que se suma a otras similares presentadas tras conocer la decisión del Gobierno, reclama que los demandados ” violaron la constitución de los Estados Unidos y la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) por agregar arbitraria y caprichosamente una pregunta nueva”, que no fue evaluada previamente al cuestionario del censo 2020.

La demanda de San José y de BAJI, grupo liderado por la organización Black Lives Matter, argumenta que incluir la pregunta “impedirá directamente que la Oficina (del censo) alcance su objetivo de hacer ‘una enumeración actual’ de la población de EEUU”.

Al no lograrse un conteo adecuado, San José, alega la urbe californiana, se vería perjudicada por no lograr una representación adecuada así como fondos correspondientes a su población.

Los argumentos presentados en la demanda son similares a los utilizados por diecisiete estados y otras siete de ciudades que hasta el momento han presentado reclamos legales contra la inclusión de la pregunta.

Arturo Vargas, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO), explicó Efe las repercusiones negativas que puede traer un conteo de población inadecuado.

“Los congresistas se asignan según la población de cada estado, y si hay un mal conteo, entonces esa distribución será errónea y no habrá una representación adecuada para este país; además, cada año más de 600,000 millones de dólares son distribuidos teniendo en cuenta estas cifras”, argumentó.

La Oficina del Censo ha señalado que recomendó un nuevo formato de cuestionario que combina origen y raza hispanas, para disminuir el número de respuestas ambiguas y así lograr un informe más exacto sobre la población latina, evitando la pérdida de datos de gente que desea identificarse con múltiples etnias. La pregunta sobre la ciudadanía no se incluye en el censo desde 1950.

El censo, que se realiza cada 10 años, es la base para la distribución de fondos federales para diversas áreas, como escuelas, centros hospitalarios, infraestructuras, entre otras áreas.

Además, los resultados podrían tener un efecto en el rediseño de la Cámara de Representantes y de las legislaturas locales en la próxima década.

El conteo de población puede tener consecuencias clave en cómo se asignan los escaños para el Congreso con simples variaciones de entre 10,000 personas o menos.

En 2001 el estado de Utah demandó al gobierno federal después de que el estado no recibió un escaño adicional para el Congreso por una diferencia de 856 personas durante el Censo del 2000.

Utah argumentó sin éxito que el censo no contó debidamente más de 11,000 misioneros mormones que prestaban servicios fuera del país.

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