Mujer, inmigrante y explotada: perfil del trabajo domestico en EE.UU

Es el retrato descrito por el primer estudio que intenta hacer un perfil de esta actividad en el país, elaborado por la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos (NDWA, por sus siglas en inglés) en colaboración con 34 organizaciones de derechos civiles.

De una muestra de 2.086 profesionales entrevistadas en 14 regiones metropolitanas –entre niñeras, empleadas de limpieza y personas que cuidan a personas mayores– la entidad calcula que la mitad recibe salarios insuficientes para mantener a su familia adecuadamente.

Una de cada cuatro trabajadoras declaró recibir un salario por debajo del mínimo en su estado. Entre las que viven en las casas de los patrones, esa proporción subió a dos tercios.

Además, las entrevistas, realizadas en nueve idiomas, indicaron que menos del 2% de los patrones contribuyen a la jubilación de sus empleadas. Menos de 9% pagan las cotizaciones sociales y 65% de las trabajadoras no tienen ninguna cobertura de salud, en un país donde los costos de tratamiento médico son los más caros del mundo.

“Al contrario de lo que sería de esperarse, en el Siglo XXI las trabajadoras domésticas no tienen acceso a los derechos más básicos que se pueden imaginar”, dijo a la BBC la coordinadora nacional de la investigación, Linda Burnham, de NDWA.

“Las tareas domésticas siguen siendo principalmente realizadas por mujeres y no son consideradas como trabajo. Tenemos septuagenarias que no pueden dejar de trabajar, porque nadie recaba las cotizaciones sociales a su nombre. No tienen jubilación. Trabajarán hasta poner un pie en la tumba”, añadió Burnham.

Inmigración y explotación

“Las ocupaciones domésticas siguen siendo principalmente realizadas por mujeres y no son consideradas como trabajo. Tenemos septuagenarios que no pueden dejar de trabajar, porque nadie recaba las cotizaciones sociales a su nombre. No tienen jubilación. Trabajarán hasta poner un pie en la tumba”

Linda Burnham

Históricamente, los trabajadores agrícolas y domésticos fueron excluidos de las principales protecciones laborales estadounidenses por presión de los estados sureños, dependientes de la mano de obra poco calificada para trabajar en sus haciendas y residencias. Nunca pudieron, por ejemplo, formar sindicatos ni negociar conjuntamente.

Según la llamada Encuesta de Comunidades Estadounidenses, conducida anualmente por el censo, 95% de los trabajadores domésticos en EE.UU. son mujeres. Cada vez más, son también inmigrantes.

En las regiones metropolitanas encuestadas, así como en la muestra de la investigación, 60% de las trabajadoras domésticas son latinas. Apenas una de cada cinco nació en EE.UU. y sólo un tercio tiene ciudadanía.

Linda Burnham dice que incluso los extranjeros con papeles reciben menos que los estadounidenses. “Es básicamente un castigo salarial por no ser ciudadano”, agrega.

“Pero incluso entre los estadounidenses es un trabajo complicado. La relación entre patrón y empleado es muy personal y muchas veces los empleadores no se ven como tales. Estaba conversando con una mujer de Atlanta, negra, que se queda sin salario cada vez que la familia para la que trabaja se va de vacaciones”, describe.

“(En este sector) casi no existen feriados remunerados, la mayoría de trabajadoras no tienen contrato –apenas un acuerdo informal– y los patrones determinan a qué hora comienzan, pero nunca cuándo terminan. El día se extiende hasta altas horas y continúan ganando US$200 por semana”.

Burnham señala que las extranjeras indocumentadas, en particular, son más vulnerables cuando se trata de reclamar sus derechos laborales. En la encuesta, 85% de quienes sufrieron abusos evitaron llevar el caso adelante por miedo a que su estatus se usara en su contra.

No existen datos sobre la legalidad o no de estas profesionales en el país; en la muestra investigada, las documentadas eran un poco más numerosas que las indocumentadas (53% frente al 47%).

Legislación

Para Linda Burnham, muchos empleadores aún no reconocen los derechos de los trabajadores domésticos.

La encuesta sólo abarcó a trabajadoras domésticas que negocian directamente con sus patrones, que consiguieron sus empleos a través de anuncios clasificados. Los datos del censo indican que existen entre 700 mil y 800 mil empleadas con estas condiciones en EE.UU.

Lo que resulta más difícil es precisar cuántas trabajan para agencias de empleos, afirma la encuestadora.

Si el entendimiento de este sector sigue dividido en EE.UU., también lo está el trabajo de las organizaciones para cambiar la legislación laboral.

A nivel federal, consideran que sería muy difícil hacer avanzar proyectos en el Congreso, renuente a reforzar las protecciones laborales por miedo a herir el “libre mercado” y reacio a aprobar medidas que favorecen a los inmigrantes indocumentados.

La solución ha sido luchar para incluir la categoría en las legislaturas estatales: estado por estado. Después de más de media década de presión, Nueva York fue el primero en asignar una legislación específica de protección para trabajadoras domésticas.

Un proyecto similar llegó para ser aprobado en la Legislatura de California, pero el gobernador Jerry Brown lo vetó en octubre pasado.

En 2011, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó una convención sobre los derechos de las trabajadoras domésticas, a fin de beneficiar a las 53 millones de empleadas en estas actividades en todo el mundo.

La convención 189 establece la igualdad en relación con otras profesiones y determina que los países que adopten un acuerdo para definir derechos mínimos, como la reglamentación por contrato, horas, intervalos, feriados y contribuciones. El primer país en ratificarla fue Uruguay, en abril pasado.

“Existen reglamentaciones: si usted trabaja cuatro horas para alguien, necesita un intervalo para almorzar. Otras profesiones están cubiertas por esa legislación. Si trabaja más de ocho horas diaras, debe ganar horas extras”, afirma Burnham.

“Muchos empleadores quieren hacer las cosas correctamente, y parte de nuestro trabajo es también educarlos. Aunque los jornaleros vayan uno o dos días por semana, si es una relación continua, de 52 semanas anuales, deben pagar impuestos y contribuciones”.

“Son derechos que en el Siglo XXI los empleadores tendrían que entender y garantizar. Pero no es siempre el caso. A veces oigo historias y pienso ‘eso no es posible’. Pero lo es”.Pablo Uchoa

 

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