Una salvadoreña sordomuda consigue que le envíen a EEUU con su familia para pelear su caso de asilo

La familia P.* había pasado casi un mes durmiendo en el campamento improvisado bajo el Puente Internacional de Matamoros, en México. Estados Unidos había enviado a BGP*, de 29 años, a su hijo de 5, a su madre CPL* y a su hermana menor de 17 a ese lado de la frontera para que esperaran desde allí sus fechas de corte para pelear por el asilo. Su caso podría sonar común, como el de más de 1,500 centroamericanos en la misma situación en esa ciudad, pero no, tiene una particularidad: BGP es sorda y pese a su discapacidad fue enviada a México.

El viernes por la mañana los abogados de BGP supieron que la familia había sido admitida en Estados Unidos, fue una buena noticia. Pero lo que pasó la familia hasta ese momento es considerado por Carrie O’Connor, una de las defensoras parte de la organización Texas Civil Rights Project, como una muestra de lo “arbitrario y caprichoso” que es el programa ‘Remain in Mexico’, por el que más de 30,000 migrantes han sido enviados a México y están esperando sus casos de asilo en algunas de las ciudades más peligrosas de la frontera, como Ciudad Juárez, Tijuana o Matamoros.

Los P. huyeron de El Salvador porque eran víctimas de violencia extrema y persecución de parte de diferentes grupos que los abogados no especifican por seguridad de la familia. Llegaron a Estados Unidos a inicios de septiembre tras cruzar el Río Bravo y se entregaron a agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP), que los llevaron hasta uno de sus centros de procesamiento en Texas.

De llegada los separaron por unas 24 horas, justo el tiempo en que se realizan las primeras entrevistas y chequeos médicos: a la madre de BGP, la única que podía interpretar lo que le decían a su hija, la pusieron en otro espacio; a BGP la dejaron con su hijo de 5 y su hermana menor. Los reunificaron solo tras la intervención del personal médico, que lo consideró necesario luego de que CPL padeciera un ataque de pánico.

“Una persona con discapacidad y dos menores fueron separados del único adulto que podía ayudar a las autoridades a comunicarse con ella. Podemos decir que esto no es legal”, explica O’Connor, quien agrega que los oficiales de CBP tampoco utilizaron a un intérprete certificado para ayudarla a entender lo que le explicaban sobre su futuro. “Esencialmente fue un proceso caótico”.

“Una persona con discapacidad y dos menores fueron separados del único adulto que podía ayudar a las autoridades a comunicarse con ella. Podemos decir que esto no es legal”, explica O’Connor, quien agrega que los oficiales de CBP tampoco utilizaron a un intérprete certificado para ayudarla a entender lo que le explicaban sobre su futuro. “Esencialmente fue un proceso caótico”.

Dos días después, sin ningún aviso ni notificación previa, BGP y su hijo fueron separados nuevamente del resto de la familia y montados en un bus que iría directo a México. “Los montaron en el autobús sin un intérprete, sin darles ninguna explicación. La madre (CPL) tuvo otro ataque de pánico, el personal médico intervino de nuevo para saber qué ocurría, intercedieron por ellos y BGP y su hijo fueron bajados”, explica O’Connor.

A la familia no se le permitió permanecer entonces en Estados Unidos; todos juntos fueron enviados a Matamoros, de nuevo “sin notificación, sin explicaciones, sin que un juez de inmigración o un abogado hubieran revisado el caso y sin un intérprete”.

Los menores no acompañados y las poblaciones vulnerables no pueden ser puestos bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM) y enviados a México, según explica el propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en su web.

“Esta familia nunca debió ser considerada para permanecer en México”, concluye la abogada, que asegura que el caso de BGP no es el único que conocen de una persona en situación de vulnerabilidad que es puesta bajo los PPM. Conocen de embarazadas, personas LGBT, gente que asegura tiene miedos creíbles y corre peligros en sus países y en México. “Nuestra clienta es una mujer sorda a la que nunca se le explicó nada y tampoco firmó nada (…) Vemos a muchas personas que nunca debieron estar en México. Por eso es que pensamos que es importante que el Congreso ponga fin a los PPM”.

Después de todo lo anterior, los abogados seguían batallando para que la familia pudiera pelear su caso de asilo en territorio estadounidense. “En repetidas ocasiones les pedíamos a las autoridades en el puerto de entrada que los dejaran pasar y les explicábamos que la decisión (de frenarlos) era incorrecta”, cuenta. Por esta familia intervino inclusive el precandidato demócrata a la presidencia, Joaquín Castro, quien durante su visita de octubre a Matamoros pidió que 12 personas fueran excluidas de los MPP, BGP entre ellos. Finalmente, el jueves los abogados enviaron una carta de demanda a CBP a nombre de los P. y el viernes les permitieron que su petición de asilo sea resuelta desde Estados Unidos.

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