Migrantes: la tortura de un sueño

Era 30 de diciembre de 2012. La advertencia también incluía a la hermana Lupita y a todos los colaboradores del albergue, ubicado en la colonia Landín. En la Casa del Migrante había transcurrido el primer semestre del año en tensa calma, el final se advertía crítico.

La preocupación crece cuando se tiene un albergue de sobrevivientes: hombres y mujeres centroamericanos que libraron secuestros, torturas, trata de personas, amenazas y persecuciones de la delincuencia organizada y pandillas. 

El propio Obispo de Saltillo, Raúl Vera López, durante la homilía de la celebración eucarística para recibir el Año Nuevo, oró por la Casa del Migrante y el trabajo de los defensores después de la amenaza de muerte.

Otros albergues como los de Tabasco, Oaxaca y Tamaulipas ya han sido blanco de agresiones de las bandas del crimen al darse cuenta que las personas escaparon. Han allanado las instalaciones y a punta de pistola han entrado por ellos.

Aquella llamada fue el cierre de un mes amedrentado. El primer ataque se dio el 19 de diciembre, cuando el padre Pantoja se encontraba en un evento en el centro de la Saltillo, donde se presentó el Informe Nacional sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos.

Alguien rompió el cristal de la camioneta del sacerdote y robó un maletín con documentos confidenciales de trabajo, a pesar de que había otros objetos de valor en el vehículo. El día 27, el auto de uno de los colaboradores del albergue, Javier Martínez, también fue asaltado y los ladrones se llevaron únicamente papeles. 

Había estacionado su automóvil en la colonia Los Pinos. Bajó a una tienda, tardó menos de 10 minutos y cuando regresó el vidrio estaba roto. Un par de días después una persona llamó diciendo que tenía el maletín, pero cuando acudímos al lugar la casa sí existía, el número sí existía, pero la persona que nos abrió nos dijo que era una mujer que vivía sola, contestábamos que nos dieron el teléfono de la casa y dijo que no tenía teléfono particular.

Los celulares son un común denominador en las amenazas. Meses atrás, cuando otro de los colaboradores regresaba de participar en un seminario internacional donde se había reunido gente del Caribe, Sudamérica y México a idear estrategias de atención para la problemática de defensores y migrantes, fue interceptado por un auto sin placas.

Dos personas bajaron del vehículo y lo obligaron a que se detuviera. Le exigieron que les entregara el teléfono celular, a pesar de que traía en el asiento del copiloto una computadora. Agresivamente le advirtieron que se quedara tranquilo.

Lo del celular también le pasó a la anterior coordinadora de salud mental de la organización. Igual al abogado. Del mismo modo a Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante.

“Al llegar a mi casa, intentan bajarme del automóvil y me piden el teléfono celular… hay un tema extraño que no logramos todavía analizar: ¿qué tienen los teléfonos celulares, qué información pudiéramos poseer que pudiera servirles a las personas? No se roban otras cosas, sólo el celular”.

La historia de la intimidación no termina ahí. Tras amenazas y hostigamiento a dos voluntarios alemanes que laboraban en la Casa del Migrante, la Embajada de Alemania en México recomendó a sus ciudadanos dejar sus actividades y salir de la ciudad, pues consideró que no existían condiciones de seguridad para continuar. 

El 13 de junio, Klaus Einhorn, defensor de derechos humanos y miembro de la casa, fue hostigado por tres hombres de origen desconocido que iban a bordo de una camioneta Ford, luego tuvo que despedirse de su labor voluntaria en el albergue por su propia seguridad.

La Casa del Migrante Saltillo es la única institución que posee medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin embargo, no ha existido respuesta completa de los gobiernos municipales y estatales.

EN BUSCA DE LA SEGURIDAD

Alberto Xicoténcatl Carrasco es un hombre menudo, amable, que lleva lentes y barba. Está dedicado a la defensa de los derechos humanos, aunque el camino se complique cada vez más. No le teme a los migrantes, los respeta y procura su seguridad.

En su oficina, en la Casa del Migrante se sienta frente a su computadora para alzar la voz. En carne propia ha vivido la persecución de vehículos conducidos por hombres que lo han amedrentado y le han robado el celular.

No todas las noches duerme tranquilo, desde que dirige el albergue está preocupado por el blanco de ataque en el que se ha convertido la Posada Belén, aunque sabe que cuenta con los vecinos de la colonia Landín, donde está ubicado el albergue, con sus colaboradores y el padre Pantoja.

Defiende a los centroamericanos que llegan con los pies destrozados, hambrientos y cargando el semblante de la miseria y el temor a la casa, no los exime de toda culpa, son humanos. Enérgicamente denuncia las vejaciones de las que todos los habitantes de la casa han sido víctimas.

Habla sereno. “Tenemos denuncias desde 2009, a partir de ese año empezamos a tener amenazas, sin embargo, no todas son objeto de delito; por ejemplo, en 2010 había camionetas negras de lujo que daban vueltas alrededor de la casa, todo esto lo reportábamos sabiendo que no era un delito.

“La autoridad dice que está implementando medidas de seguridad, sabemos que hay esfuerzos porque hay una patrulla afuera de la casa, tenemos reuniones con las autoridades de los tres niveles de gobierno cada mes y medio desde 2009, en 2012 se suspendieron y se reanudaron a finales de 2012, seguiremos así”.

De 2009 a principios de 2012 la Casa del Migrante suma 20 denuncias formales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, de las que han tenido pocos avances.

“Si bien hay esfuerzos, no podemos decir que se vean concretados en el hostigamiento de los defensores; la mejor forma de medir el impacto de que una acción esté funcionando es cuando vayan a la baja los hostigamientos hacia nosotros, y mira, estamos al contrario, vamos a la alza”.

A pesar de la buena voluntad que señalan el Ministerio Público y la PGJE, su atención y resolución de las investigaciones que deben detonar en los culpables del hostigamiento son deficientes.

Xicoténcatl Carrasco aseguró que este problema se debe a que las instancias mencionadas no están preparadas para atender casos de protección a los defensores de los derechos humanos, lo que se demuestra con el hecho de que ninguna persona ha sido arrestada ni sancionada, a pesar de que en 2010 entregaron el registro telefónico e información para dar con los victimarios.

“Es un acto más que demuestra la falta de ineficacia en materia de seguridad para los migrantes y para los defensores de los derechos humanos. Para brindar efectividad es muy sencillo, se trata de hacer una investigación y que se dé con los responsables. Las agresiones van a continuar mientras exista impunidad, no necesitamos levantar bardas ni hacer de la casa un búnker, lo que necesitamos es que las personas responsables sean sancionadas”.

Las amenazas no tienen rostro. El abanico de posibilidades abarca desde la delincuencia organizada hasta personal de dependencias federales estatales y municipales que han sido señaladas por no cumplir con su trabajo.

“No podría asegurar quiénes, eso los desconocemos, pero sí hemos tocado fibras de instituciones de las que hemos denunciado su abuso a los derechos humanos y a quienes no han cumplido con su trabajo, violentando los derechos humanos de los migrantes”.

‘NO TEMO POR MÍ, TEMO POR LOS MIGRANTES’

El padre Pantoja no tiene miedo. “Yo no tengo ningún temor, mi preocupación son los migrantes”. Pareciera que no lo amedrentan las amenazas. Nació en Durango, se ordenó sacerdote en 1972 y dos años después respaldó a los obreros de las fábricas Cinsa y Cifunsa, ganaban salarios míseros y entonces abrazó la causa social, era uno de ellos. 

Luego de 10 años, y con apoyo de la comunidad Jesuita, Pantoja llegó a Saltillo para trabajar en el albergue Belén Casa del Migrante. Ha escuchado los relatos más aterradores por voces de los migrantes: sabe de secuestros, de dolores del alma y del cuerpo, de las necesidades y pensamientos que llevan a los hombres a recorrer encima de los trenes una travesía que se ha convertido en un infierno.

No se ha dejado comer por el miedo: se mantiene en la lucha a pesar de las amenazas, la violencia y los abusos de las autoridades. Apoya la búsqueda de los desaparecidos, en marzo de 2012 viajó a Washington, D.C. para interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitar apoyo a la problemática de los migrantes desaparecidos en el estado.

La organización Amnistía Internacional exigió la protección del padre Pantoja, a través del sitio HYPERLINK “http://www.alzatuvoz.org/posadabelen”www.alzatuvoz.org/posadabelen y una campaña en Facebook y Twitter, la organización defensora de los derechos humanos invita a firmar una carta dirigida al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

En el documento se solicita que se proporcionen “urgentemente medidas de protección efectivas para el personal que apoya la Posada Belén-Casa del Migrante, así como la realización de una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre los robos de información y las amenazas”.

Además, se pide que se ponga en marcha un programa efectivo de protección para el albergue, conforme establecen las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Amnistía Internacional me menciona a mí y estoy muy agradecido, pero lo importante son los migrantes, esta solicitud de implementar y sobre todo eficientar la petición de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre las medidas cautelares, se refiere a la última situación que desde hace un mes hemos estado viviendo aquí”.

Sereno y con la humildad que lo caracteriza, Pantoja informó que se solicitará a las autoridades estatales la coordinación de la implementación de las medidas de seguridad en las instalaciones del albergue.

“Me parece muy importante que se nos esté dando este apoyo, para prevenir y a ver si así se pueden frenar las agresiones porque sí, claro que hay un temor por nuestros migrantes, por su seguridad y claro por la del equipo de colaboradores, que también podría estar en riesgo”.

ALERTA POR INSEGURIDAD

En la ruta migratoria se vive una situación de emergencia debido al incremento en la violencia de la actividad del crimen organizado, al cobro de derecho de subir al tren, a las agresiones y amenazas a los albergues de migrante y a rumores de que se preparan ataques contra su personal.

El Movimiento Migrante Mesoamericano advirtió que la ruta migratoria en México experimenta una situación de emergencia, debido a que los grupos criminales organizados aumentaron su nivel de agresividad.

La asociación civil indicó, por ejemplo, que en Veracruz los delincuentes se reorganizaron y cobran a extranjeros cuotas de hasta 100 dólares para permitirles abordar el tren que atraviesa el municipio de Tierra Blanca.

Esos ferrocarriles llegan a transportar unos 700 indocumentados de Centroamérica, entre quienes se mezclan informantes de bandas delictivas.

Mientras tanto, en Tenosique, Tabasco, la ruta está “tomada” por el crimen organizado, lo que genera tensión en el ambiente y miedo por alguna acción inesperada de gran magnitud, reportaron los activistas.

“De la forma más enérgica y urgente exigimos a las autoridades del aparato de seguridad del Estado mexicano que realicen operativos para limpiar la ruta migrante de conocidos y solapados criminales. Hay sobradas denuncias, hay sobradas advertencias”.

“Los migrantes y sus defensores están en peligro real e inmediato y sufriendo las terribles consecuencias del desinterés oficial. No se puede esperar y se debe prevenir que se dé una masacre más para lograr que la autoridad reaccione, el Gobierno mexicano debe actuar de inmediato”, sostuvo el movimiento en un comunicado.

En el texto se recordó que las muertes, secuestros, desapariciones forzadas y el tráfico de migrantes son posibles durante su travesía gracias a la complicidad de las pandillas, grupos de la delincuencia organizada y bandas locales asociadas con policías y autoridades corruptas.

Señalaron que la operación consiste en que los delincuentes viajan en los trenes o merodean los albergues de ayuda a indocumentados para engancharlos.

“Tienen vínculos y complicidades en Estados Unidos y México, prestando servicios a grupos delincuenciales en la protección de rutas de tráfico, traslados de armas, ajustes de cuentas y el asesinato de miembros de otros cárteles.

“Por la ruta migrante, las comunidades y albergues son testigos y saben quiénes son y dónde están los delincuentes, pero la complicidad de las autoridades se descubre cuando a las denuncias no les dan trámite o, peor aún, cuando se atreven, acusan a las propias víctimas del delito denunciado”, enfatizó el Movimiento.

Uno de los inmuebles más afectados por la violencia fue el albergue San José de Huehuetoca, Estado de México, donde el año pasado se detectó la acción de un grupo de tratantes ligados a pandillas y delincuentes organizados.

En el lugar irrumpieron hombres armados y los voluntarios fueron víctimas de agresiones directas, hechos que provocaron el cierre de las instalaciones.

“Estas advertencias corresponden con denuncias que se han estado reiterando enérgicamente durante la segunda mitad del año pasado, en el sentido de que se observa un incremento desmesurado de la violencia y en las agresiones a defensores sin que la autoridad haya dado señales de actuar”, reprocharon.

Apenas en diciembre, al anunciar una inversión de más de 3 millones de dólares para un programa de apoyo a 14 albergues que atienden a indocumentados, el Sistema de Naciones Unidas en México alertó sobre las agresiones a poblaciones extranjeras ilegales.

Thomas Lothar Weiss, director y jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, indicó que en los territorios fronterizos de México se registran flujos migratorios muy complejos, donde las poblaciones son altamente vulnerables y a lo largo de los años muchos migrantes han sido víctimas de violencia, robo, violación, secuestro y asesinato.

De acuerdo con un documento del Estado mexicano, fechado el 16 de julio de 2010, titulado “Informe del Estado mexicano sobre secuestro, extorsión y otros delitos cometidos contra personas migrantes en tránsito por territorio mexicano”, el flujo ilegal más grande de centroamericanos es de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, con 95%; en menor medida se encuentran las migraciones procedentes del Caribe (Cuba), región andina (Ecuador) y algunos países extra-continentales China e India.

Anualmente, un promedio de un millón 700 mil personas cruzan la frontera sur del territorio nacional.

En La Bestia

Los migrantes inician su recorrido en la ruta del Pacifico, ahí abordan el tren, pasan por Ciudad Hidalgo, Huixtla, Pijijiapan, Tonalá, Arriaga, Juchitán, Ixtepec, Matías Romero, Medias Aguas, Tierra Blanca, Córdoba y Apizaco, en esta estación, la ruta del Pacífico se une con la ruta del Golfo.

La ruta del Golfo comienza en Mérida, avanza hacia Escárcega, Campeche, Candelaria, para llegar a Tenosique, uno de los puntos de mayor peligro.

De ahí continúa el recorrido hacia Palenque, Mascuspana, Tlacotalpa, Teapa, Cárdenas, Las Choapas hasta llegar a Coatzacoalcos, otra de las zonas de mayor riesgo para los centroamericanos.

De este punto, la ruta sigue hacia Minatitlán para llegar a Apizaco, que lleva a Tultitlán, avanza hasta Tequisquiapan, donde se encuentra un albergue, sigue pro Pedro Escobedo, con dirección a Zapopan, en Guadalajara, luego Tepic, Estación Ruiz y Acaponeta.

De ahí el tren avanza hacia Mazatlán, Culiacán, San Blas el Fuerte y concluye en Nogales.

Las dos rutas de La Bestia atraviesan 13 estados, donde se enfrentan a robos, secuestros y homicidios. A partir de Apizaco los migrantes abordan otros medios como autobuses u otros trenes para llegar a la frontera con Estados Unidos.

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