Migrantes haitianos deben regularizarse ante Comar para permanecer en BC

De los alrededor de 18 mil haitianos que han llegado a esta frontera –de los cuales 5 mil se encuentran varados aquí, repartidos en 24 albergues, el resto ya entró a Estados Unidos-, en Baja California sólo 11 han solicitado regularizar su estancia en México, a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), aunque la expectativa es que el número crezca, informó el delegado del Instituto Nacional de Migración, Rodulfo Figueroa Pacheco.

Explicó que es muy difícil determinar cuándo va a detenerse la ola de migrantes; “lo que sabemos es que a Brasil llegaron cerca de 70 mil, y que el grupo que está hoy en Baja California pertenece a este núcleo y no quiere decir que todos van a salir de Brasil. Al contrario, creo que la mayoría que iba a salir ya lo hizo”.

El funcionario recordó que el estatus de protección temporal que los amparaba para migrar a Estados Unidos –decretado a partir del terremoto de 2010 y ampliado este año, después del huracán Matthew, que sembró una epidemia de cólera en la isla- “se viene reduciendo (porque ya reanudaron las deportaciones, ahorita ya es difícil que puedan acceder a ese estatus) y terminará en julio del próximo año. Esas políticas son las que van a inhibir” el fenómeno registrado este año.

Para quienes han cuestionado que el gobierno no les aplica la ley como a ciudadanos de otras nacionalidades, que son deportados, Figueroa Pacheco explicó que sus “países de origen están colapsados institucionalmente y no los reconocen”. Haití, precisó, ha guardado silencio ante la situación, “y nosotros no podemos devolver a una persona sino hay claridad”. Lo que procede entonces, es que quienes quieran quedarse en México se presenten ante la Comar.

Durante la sesión del Consejo Estatal de Atención al Migrante, en la que participó el cónsul de Estados Unidos en Tijuana, representantes de algunas organizaciones no gubernamentales le reclamaron que su país haya auspiciado una migración que está haciendo crisis en Tijuana, porque el sistema de recepción que aplican no es ágil. Para las autoridades mexicanas, los señalamientos fueron en el sentido de que el permiso que se les entrega en Tapachula tiene vigencia de 20 días y el país vecino está tardando más de un mes en recibirlos, generando una “incertidumbre legal”. Ello, además de las carencias en los albergues, algunos de los cuales no tienen las condiciones adecuadas.

El titular del consulado estadounidense en esta ciudad, William A. Ostick, dijo que “no hay evidencia” de que su país esté “incentivando” esta migración (que inició el 26 de mayo pasado): “tiene que ver más con la economía brasileña que con la política de Estados Unidos”. Sin embargo, informó que en los próximos días empezarán a recibir diariamente a 700 solicitantes de ingreso en la garita.

El delegado del Inami en Baja California, respondió –en su oportunidad- que el documento que entrega en Tapachula “no es un salvo conducto para atravesar el país”, sino para regularizar su situación en México y se les otorga por razones humanitarias. El camino entonces, de quienes decidan quedarse, es tocar la puerta de la Comar. Por lo pronto, añadió, México y Estados Unidos están rebasados en la atención de un flujo tan intenso. Las citas que se están entregando en este momento para comparecer ante las autoridades migratorias del vecino son hasta para el 20 de enero.

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Melba Olvera, hizo un reconocimiento al municipio, pero sobre todo a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil, que son quienes han atendido con mayor eficiencia las necesidades de los migrantes. Carlos Mora, del Conejo Estatal de Atención al Migrante, dijo, en descargo de la lentitud con que han respondido las autoridades estatales y federales, que las reglas de operación de los distintos fondos les impiden actuar con mayor celeridad –“hay que cumplir con muchos requisitos”-, pero que van a pagar la luz y el agua, entre otros servicios de los alberques, que son todos de las ONG.

Aunque no fue tema de la reunión, entre las distintas autoridades hubo desconcierto por los dichos del padre Alejandro Solalinde, entorno al secuestro y supuesto tráfico de órganos en Baja California –como una amenaza que asecha a la comunidad haitiana que se encuentra en tránsito-.

Fuentes de la Subprocuraduría que atiende delincuencia organizada, informaron que en lo que va del año se presentaron 27 denuncias por secuestro, en ese contexto se rescató a 43 víctimas que eran migrantes y se desarticularon 2 bandas. Pero “no hay un solo elemento, indicio” de tráfico de órganos.

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