Migración infantil y derechos humanos

Esta semana fue presentado el informe intituladoNiñez detenida. Los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes migrantes en la frontera México-Guatemala elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (con sede en Tapachula, Chiapas) y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús, Argentina. El documento de más de trescientas páginas da cuenta pormenorizada de las penosas y ofensivas condiciones en las cuales se ven obligados a migrar miles de niños, niñas y adolescentes centroamericanos a través de nuestra frontera sur con destino al estado de Chiapas o con la mirada puesta en Estados Unidos, y que son detenidos en el embudo territorial chiapaneco dominado por las bandas de traficantes de personas, por policías de los tres niveles de gobierno, por elementos del Ejército Mexicano y la Armada de México, y por el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) que se encarga de la administración de las estaciones migratorias del INM. Las cifras del desplazamiento infantil son preocupantes: durante 2012 más de 6 mil menores fueron repatriados a sus países de origen en Centroamérica, 50 por ciento más que en 2011, esto sin contar los cientos de menores que lograron internarse en nuestro país y eventualmente alcanzaron a cruzar la frontera norte.

Una de las características más comunes de la migración infantil es que se lleva a cabo en soledad, en pocos casos los menores son acompañados por sus padres o algún familiar; en muchas ocasiones son encargados al pollero o incluso los padres apuestan porque el trayecto lo realicen sin compañía. Esta situación propicia un alto grado de vulnerabilidad en su periplo a consecuencia de las constantes violaciones que sufren a sus derechos humanos que se materializan en detenciones arbitrarias, hacinamiento en las estaciones del INM, extorsiones por parte de las “autoridades”, repatriaciones a sus países de origen sin el debido proceso que garantice por parte del “gobierno” mexicano un seguro regreso de los menores, diversas restricciones al derecho de asilo, deficiencias en la protección consular, falta de mecanismos adecuados para atender oportunamente a las víctimas de algún delito, ausencia de iniciativas que permitan la reunificación familiar en Estados Unidos. Todo ello se resume en una paradoja: las leyes mexicanas reconoce los derechos de los “migrantes indocumentados” pero al mismo tiempo y de manera sistemática son violentados esos derechos en el territorio nacional.

Evidentemente que la migración infantil centroamericana continúa teniendo poderosas catapultas sociales, políticas y económicas que lanzan a miles de niños en busca de un futuro que no encuentran desde su nacimiento. Ora la reagrupación familiar en Estados Unidos, ora la búsqueda de oportunidades laborales y educativas, ora la imperiosa necesidad de huir de un escenario de violencia inaudita en el seno familiar, ora por la violencia social o institucional, cada día son más los menores que “deciden” iniciar la migración hacia espacios lejanos y desconocidos.

En el documento en cuestión se afirma con contundencia que “mientras se profundice la ausencia de una perspectiva de niñez en la política migratoria aplicada en la frontera sur; que exista una legislación desfasada e inadecuada a las características de la migración en esa frontera; que se tenga una discrecionalidad administrativa y falta de coordinación entre organismos públicos; que se mantengan los obstáculos en el acceso a la información, en especial para la sociedad civil; que sigamos careciendo de los mecanismos nacionales y bilaterales que aseguren el interés superior del niño en los dispositivos de control migratorio; que los procedimientos de detención y repatriación carentes de garantías básicas de debido proceso; que continúen los abusos y extorsiones a migrantes, incluidos niños y niñas, por parte de redes delincuenciales, en ocasiones coludidas con autoridades federales, estatales o municipales; que se incremente la trata de niños y niñas migrantes, con fines de explotación laboral y sexual”, el horror migratorio que sufren cientos de menores a su paso por el estado de Chiapas no terminará.

Estoy cierto, que mientras en Centroamérica niños, adolescentes y adultos no cuenten con el derecho a no migrar la sangría poblacional no parará.

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