Migración, derecho y barbarie

Una de múltiples injusticias institucionalizadas está sucediendo en los Estados Unidos, en Arizona. Ahí, los tribunales federales implementan juicios exprés, realizados de forma masiva en audiencias públicas, con el nombre Streamline Operation[2] (en inglés “streamline” significa racionalizar, agilizar o simplificar).

Hace un mes, en el contexto de una visita a la frontera entre México y Estados Unidos, un grupo de organizaciones de derechos humanos de cuatro países nos reunimos con activistas, académicos, autoridades y personas migrantes. Uno de los puntos de inflexión de nuestra visita fue, precisamente, presenciar la ejecución de una audicencia de Streamline.

La astringencia de la sala, lo lujoso del recinto, la pulcritud del lenguaje, el orden con el que todo sucede y el despliegue logístico del proceso pueden maquillar, pero no alcanzan a esconder la violencia de lo que ahí sucede. El escenario en la corte es prístino, pero también devastador. Hombres y mujeres migrantes, que habían sido advertidos de no regresar a Estados Unidos, están encadenados de pies, cintura y manos, en una escena más próxima a los tiempos de la esclavitud que a la forma en la que una democracia trata a las personas. Tan sólo esa imagen da cuenta de que algo está mal, pero lo más triste es que no es lo peor.

La audiencia inicia cuando el juez, después de una didáctica explicación, solicita a los migrantes la renuncia masiva de sus derechos constitucionales, por el sólo hecho de no tener los documentos en regla. El proceso se distingue, más allá de las impecables formalidades de interacción entre instituciones (Marshall, defensoría, fiscal, juez), por la aniquilacion de todas las caracteristicas personales de cada uno de los allí presentes. Lo que se juzga es una categoría, no la conducta particular de alguien. Para el juez no hay historias y especificidades propias, no hay atenuantes, ponderación de hechos, razonabilidad de la sanción, pertinencia del castigo, contexto familiar, razones humanitarias. En sólo 50 minutos se condena a 70 personas a penas de prisión corporal, sin derecho alguno de esparcimiento, educación o a hacer ejercicio.

La secuencia es brutal: de las cadenas a la jaula y después –en muchos casos– a un auténtico destierro. La barbarie con la Ley en la mano. ¿Qué puede estar detrás de una política de estas características? De propia voz de dos jueces escuchamos que se trata de la forma más “productiva y eficiente” de procesar este problema y cerrar la frontera.

Los argumentos rozan la perversidad al justificarlo como el mal menor, porque estas personas podrían obtener sentencias más altas y penas más duras y al sostener que todo lo que sucede es apegado al debido proceso legal; en todo caso, fue determinado por los legisladores. El marco legal redujo al juez a alguien que simplemente conduce de forma rutinaria una audiencia y debe disminuir los costos de un trámite. Pero detrás de la Operation Streamline también hay una historia del poder economico, no sólo en las causas de la migracion, también en los intereses que se benefician con la mercantilizacion de la libertad del individuo.

Una poderosa industria privada lucra con todo el fenómeno migratorio, en especial con la prisión de las personas.[3] Tan sólo buscar, detener, encadenar y cobrar por encerrar personas es legal. Arriesgar la vida para huir de sus contextos, por aspirar a una vida mejor o para reunirse con su familia, es un acto criminal. De ese tamaño es nuestra crisis. Esta columna fue escrita conjuntamente con Joy Olson (WOLA, Estados Unidos), Lucia Nader (Conectas, Brasil) y Gastón Chillier (CELS, Argentina).

Ir a la nota fuente