Más de 2,100 casos por cada juez: se multiplican los atascos en las cortes de inmigración

Contrario a lo esperado y planeado por el gobierno de Donald Trump, el número de casos acumulados en las cortes de inmigración en vez de disminuir aumenta. Lo mismo sucede con el número de jueces, porque a pesar de las contrataciones, muchos se han jubilado o renunciado.

“La carga de trabajo de los jueces de inmigración sigue creciendo”, dice el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, en un informe publicado este jueves. Agregan que el ritmo de contrataciones de nuevos jueces “sigue siendo insuficiente para mantenerse al día con la carga de trabajo”.

Como resultado, “el retraso de los tribunales sigue aumentando”, advierten. “Mientras 47 nuevos jueces fueron contratados durante los primeros seis meses del año fiscal 2019, otros se retiraron o abandonaron el cargo”.

El TRAC señala que la contratación “resultó en una ganancia neta de solo 29 jueces adicionales” y que a finales de marzo la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), una dependencia del Departamento de Justicia, indicó que “los rangos de los jueces solo habían subido a un total de 424”. Este total incluye un número no especificado que cumple funciones administrativas.

Según los registros del TRAC, los 424 jueces de inmigración activos se enfrentan a un acumulado a finales de abril de 892,517 casos, sin considerar más de 300,000 que no han sido reprogramados luego de que el exfiscal general Jeff Sessions decidió el año pasado dejar sin efecto sus deportaciones suspendidas administrativamente.

Los tres tribunales de inmigración más grandes tenían tan pocos recursos que las fechas de las audiencias estaban programadas hasta agosto de 2023 en Nueva York, octubre de 2022 en Los Ángeles (California) y abril de 2022 en San Francisco (California).

El TRAC señala que a medida que se destinan “más y más casos en el expediente de un solo juez, los inmigrantes asignados a esa corte inevitablemente deben esperar más y más antes de que se abra un espacio disponible para su audiencia”.

En abril del año pasado el gobierno de Donald Trump impuso una cuota de 700 casos por año a cada juez y amenazó con despidos si las incumplen. La medida fue tomada en respuesta al atasco y como forma de descongestionar los tribunales.

Si los 892,517 casos acumulados a finales de abril se distribuyen entre los 424 jueces activos, cada uno de ellos tendría 2,105 expedientes bajo su cargo.

La cifra “es un número de casos asombrosamente alto que, incluso al ritmo controvertido ahora prescrito de 700 cierres por juez por año, tomaría al menos tres años de trabajo sin considerar nuevos expedientes”, señala el reporte.

Advierte además que “si durante este periodo la situación no cambia, la cantidad de casos nuevos que llegan a través de las puertas de la corte aumentará el número de casos pendientes”.

En octubre del año pasado la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) dijo respecto a la fijación de cuotas que “esta asombrosa medida la hemos definido como una ‘sentencia de muerte de la independencia judicial’ y significa que los jueces se verán obligados a apresurarse en estos casos, a menudo, de vida o muerte”.

La asociación, además, dijo que la imposición de cuotas “es solo la última de una serie de cambios de políticas implementadas en el último año que socavan la independencia judicial, amenazan el debido proceso y evitan que las personas tengan un día en corte justo”.

El TRAC advierte sobre otro problema relacionado con el enorme atasco de casos en los tribunales de inmigración: la asignación de casos entre los 424 jueces.

La institución denuncia que la falta de uniformidad afecta la priorización de casos y no garantiza “que las audiencias se puedan programar más rápidamente”.

“Para compensar el menor número de casos por juez en los lugares de detención, los jueces de los tribunales restantes deben manejar un número de casos relativo mucho mayor”, indica.

Tanto la contratación de nuevos jueces como la imposición de cuotas se convierten en piezas claves de la política migratoria de Trump, cuyo principal objetivo es descongestionar los tribunales y acelerar las deportaciones, una de sus principales promesas de campaña.

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