Más de 130 salvadoreños han sido asesinados en los últimos seis años tras ser deportados de EEUU (y la cifra podría ser mayor)

Al menos 138 migrantes y solicitantes de asilo salvadoreños han sido asesinados tras ser deportados de Estados Unidos y retornados a El Salvador entre 2013 y 2019, según un nuevo informe publicado este miércoles por Human Rigths Watch (HRW).

Según esta organización no gubernamental estas personas han muerto a manos de pandilleros, policías, soldados, paramilitares, escuadrones de la muerte o excompañeros, en su mayoría en los primeros dos años tras su deportación a un país en donde su vida corría peligro.

Pero la cifra asciende si se habla de violaciones, abusos o desapariciones y eso teniendo en cuenta que no hay estadísticas claras sobre estos casos y que el gobierno suele encubrir la violencia proveniente de sus fuerzas de seguridad.

En un informe titulado “Deportados al peligro: las políticas de deportación de los Estados Unidos exponen a los salvadoreños a la muerte y al abuso”, Human Rights Watch también ha identificado a otras más de 70 personas que fueron objeto de golpizas, agresiones sexuales y extorsiones, generalmente a manos de pandillas, o incluso, que desaparecieron después de ser devueltas al país.

“A sabiendas, las autoridades de EEUU han puesto en riesgo a personas salvadoreñas al enviarlas a circunstancias que las exponen al homicidio y ataques contra su seguridad”, expresó Alison Parker, directora adjunta del Programa sobre EEUU de Human Rights Watch y coautora del informe.

“Hay un número estremecedor de salvadoreños que son blanco de homicidio, violación sexual y otras formas de violencia después de ser deportados, al tiempo que el gobierno de EE. UU. limita el acceso de estas personas al asilo y hace caso omiso de los resultados letales que provocan sus débiles políticas”, añadió Parker.

Esto ocurre a pesar de que el derecho internacional establece claras prohibiciones contra la devolución de personas que estén en riesgo de persecución o tortura.

Las deportaciones, y la violencia contra los deportados, no es un fenómeno nuevo. Pero la aprobación de solicitudes de asilo se desplomó desde que la administración Trump lanzó una serie de políticas hostiles, incluida la conocida como “Permanecer en México”, llamada oficialmente “Protocolos de Protección de la Migración”, o la imposición de nuevas restricciones sobre los motivos de asilo, relacionadas con el género y las pandillas, dos medidas que en el apartado de recomendaciones este informe de Human Rights Watch pide eliminar.

Para llevar a cabo este informe los investigadores de HRW rastrearon y verificaron cientos de reportes de prensa y realizaron 150 entrevistas con deportados, familiares sobrevivientes, funcionarios gubernamentales y de seguridad, y abogados de inmigración de Estados Unidos.

A pesar de lo que pretenden hacer creer las autoridades salvadoreñas o estadounidenses, todos los ciudadanos de El Salvador que son deportados de Estados Unidos no tienen vínculos con las pandillas y en caso de tenerlo, eso no les garantiza en absoluto su seguridad. Al contrario: los deportados expuestos al mayor riesgo son presuntos miembros o antiguos miembros de pandillas, que mueren a manos de grupos rivales o de sus propias pandillas, por no “reactivar” el vínculo con la banda una vez que vuelven al país.

En algunos casos, también se han reportado asesinatos a antiguos miembros de pandillas deportados a El Salvador, a manos de las fuerzas de seguridad.

Pero no es necesario haber tenido vínculo alguno con las pandillas para estar expuesto a la violencia en esa nación centroamericana. La violencia en El Salvador está tan extendida que le toca a cualquiera, aún cuando la familia se las arregle para mantenerse al margen de las maras.

El informe de HRW hace referencia a personas asesinadas por no acceder a ser extorsionadas con dinero u otro tipo de amenazas.

También está el caso de los expolicías, que huyen a Estados Unidos de la venganza de los pandilleros y luego son asesinados por estos tras ser devueltos al país sin ningún tipo de respaldo.

En Estados Unidos residen aproximadamente 1.2 millones de salvadoreños, según datos del censo de 2017. De ellos, 665,000 viven con un estatus legal no autorizado y 340,000 lo hacen como residentes legales permanentes. Pero estas últimas también podrían ser deportadas si son condenadas por una amplia lista de delitos, que van desde actos violentos hasta otros relacionados con drogas o incluso infracciones de tránsito.

Cerca de 195,000 salvadoreños que viven en Estados Unidos han tenido un estatus legal temporal conocido como “Estatus de Protección Temporal” (Temporary Protected Status, TPS), que ha posibilitado que quienes están en Estados Unidos desde febrero de 2001 construyan su vida en el país sin el temor inminente a ser deportados.

Además, otros 26,000 ciudadanos de El Salvador son beneficiarios de DACA. Pero el gobierno de Trump pretende acabar con ambas legislaciones: en enero de 2020 decidió poner fin al TPS, aunque extendió la autorización de trabajo hasta enero de 2021, forzado por una sentencia judicial, mientras sigue con la determinación de acabar con DACA, cuyo destino está en manos de la Corte Suprema.

“De los aproximadamente 1.2 millones de salvadoreños que viven en los Estados Unidos y que no son ciudadanos estadounidenses, menos de una cuarta parte son residentes permanentes legales, y las tres cuartas partes restantes carecen de documentos o tienen un estatus legal temporal o precario”, asegura el informe.

Aunque en otros países los salvadoreños suelen recibir asilo por la violencia de las maras y el conflicto político, Estados Unidos ha reconocido que solo le otorgó ese estatus al 18.2% de los salvadoreños que lo solicitaron entre 2014 y 2018, un periodo en el que otros 111,000 fueron deportados.

Toda la culpa de la inseguridad a la que están sometidos los salvadoreños deportados de Estados Unidos no recae solo en el gobierno estadounidense: la violencia de las pandillas, la desprotección e incluso la propia violencia de las autoridades salvadoreñas son las principales culpables de lo que le pueda ocurrir a estas personas, asegura el informe de HRW. Estados Unidos simplemente “hace la vista gorda” y obliga a que personas que huyen de esos contextos tengan que volver a ellos, sin ninguna protección ni garantías, algo que en principio está penado por el derecho internacional.

El Salvador tiene solo poco más de seis millones de habitantes, a pesar de lo cual presenta uno de los índices de homicidios más altos del mundo, así como miles de desapariciones y delitos sexuales, sin que las autoridades del país sean capaces de ofrecer ningún tipo de protección a la población.

De hecho, las propias fuerzas policiales han sido perpetradoras de distintos tipos de violencia, incluidas la tortura y las amenazas, que ejercen con total impunidad.

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