“Mantiene a las familias unidas”: reporte revela que la ley santuario redujo los arrestos de ICE en cárceles de California

Publicado el 29 de marzo de 2019
por Víctor Solís en Univision 14 San Francisco. Fotografía de Isaias Alvarado.

En los primeros cinco meses de la implementación de la ley santuario en California, el número de arrestos que los agentes migratorios federales realizaron en las cárceles locales se redujo casi a la mitad. Así lo reveló un nuevo reporte publicado este miércoles que detalla el impacto que el Acta de Valores de California -o Ley SB54- ha tenido en el estado desde que entró en vigor en enero del 2018.

El estudio, elaborado en conjunto por Advancing Justice – ALC, el Centro de Criminología de la Universidad de Oxford y la organización Border Criminologies, sale a la luz en medio de un álgido debate sobre las políticas santuario que revivió a raíz de una serie de brutales crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados, y examina además el porcentaje de agencias del orden que no están cumpliendo al pie de la letra con las políticas santuario estatales.

De acuerdo al reporte, entre enero y mayo del 2018, se registró una disminución de 41% en las detenciones que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) pudo cumplimentar en las penitenciarías del estado en comparación con el mismo periodo del 2017. Los hallazgos revelaron también que, en términos generales, los arrestos de indocumentados en California cayeron 24%.

Sin embargo, a California aún le queda mucho por hacer para asegurarse que las agencias del orden locales operen bajo estas políticas. El estudio advierte que muchos alguaciles han intentado neutralizar el impacto de la SB54, explotando una excepción en la ley que les permite entregar información a ICE y a la Patrulla Fronteriza si al mismo tiempo esos datos se hacen públicos.

“Es claro que las leyes santuario pueden tener un impacto (positivo) en mantener a las familias inmigrantes unidas y proteger a los inmigrantes de detenciones bajo condiciones inhumanas y de las agresivas tácticas de deportación”, señaló Angela Chan, abogada de Advancing Justice – ALC. Las políticas santuario, agregó Chan, son esenciales para enfrentar la agenda xenófoba que promueven tanto el gobierno federal y como un gran número de alguaciles en California.

Los sheriffs a los que se refiere la abogada suman, en el menor de los cálculos, el 40% de todos los que están en funciones en el estado. Aunque el impacto de la SB54 es inmediato, la implementación de sus políticas al nivel de las ciudades y los condados sigue siendo parcial, denuncia el reporte.

Los recientes crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados en California han detonado que se revisiten las discusiones sobre la cooperación de las agencias del orden locales con la agencia ICE.

Esta semana, por ejemplo, más de una decena de jefes de Policía del condado de Santa Clara, así como el fiscal de distrito y el sheriff, firmaron una carta enviada a los Supervisores en la que piden modificaciones a las políticas santuario que prohíben que la Oficina del Alguacil notifique a los Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE) sobre la liberación de criminales violentos que pudieran ser deportables y que representan un riesgo para la población.

La misiva, firmada por los 11 miembros de la Asociación de Jefes de Policía del condado de Santa Clara, fue presentada este lunes ante la oficina de Joe Simitian, actual presidente de la Junta de Supervisores. En ella la asociación señaló que la política actual de negarse a informar a las autoridades federales sobre la inminente liberación de ciertos presos indocumentados es demasiado peligrosa para la comunidad.

Junto con la carta, el grupo propuso una nueva política apegada al Acta de Valores de California que entró en vigor en enero de 2018, mediante la cual el Sheriff del condado podría permitir dichas notificaciones a ICE sin poner en entredicho la confianza entre las agencias del orden y la comunidad inmigrante.

La propuesta de la asociación está apegada a las llamadas leyes santuario comprendidas en el Acta de Valores SB54 y el Acta de la Verdad AB-2792. Bajo estas medidas estatales, por ejemplo, los oficiales del Sheriff solo harán válidas las órdenes de retención que ICE gira para un detenido cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Ley SB54 e incluyan una orden de aprehensión firmada por un juez. Además, se le notificará a ICE sobre la liberación de indocumentados de las cárceles del condado únicamente en los casos en los que los detenidos hayan cometido ciertos delitos violentos.

Las actuales políticas santuario del condado de Santa Clara que impiden la cooperación de sus agencias del orden con los Servicios de Inmigración y Aduanas son mucho más estrictas que las establecidas en la ley estatal y muchas están vigentes desde el año 2010.

El mes pasado otro caso que involucró a un indocumentado en California acaparó la atención de los medios nacionales. Las autoridades revelaron que el hombre que abrió fuego a quemarropa contra una alguacil de Napa estaba en Estados Unidos en calidad de indocumentado y había sido deportado a México en tres ocasiones desde 2007.

Javier Hernández Morales, de 43 años, había entrado a EEUU y fue repatriado a su país de origen dos veces durante el año 2007 y una más en el año 2010.

El sospechoso disparó a escasos centímetros contra la oficial Riley Jarecki durante una revisión de rutina, en un camino rural de Napa el pasado 17 de febrero. La Oficina del Sheriff relevó las impactantes imágenes captadas con la cámara que la alguacil llevaba montada en su uniforme.

Tras el incidente, las autoridades dieron a conocer las fichas criminales de las cinco ocasiones previas en las que había arrestado al sospechoso por cargos relacionados con agresión, manejar bajo la influencia del alcohol y posesión de arma de fuego. La más reciente data de marzo de 2016, mientras que la más antigua es del 11 de septiembre de 2010.

ICE, por su parte, criticó la falta de cooperación de las autoridades locales. A través de un comunicado, el vocero de la agencia de inmigración, Richard Rocha, dijo que después de la última deportación de Hernández en el 2010, presentó órdenes de retención a la cárcel del condado Napa en tres distintas ocasiones en las que el sospechoso fue arrestado por crímenes cometidos en el ámbito local.

Las peticiones se repitieron una y otra vez, en cada año que Hernández volvió a caer en manos de la Oficina del Alguacil: en 2010, 2014 y 2015. De manera adicional, ICE giró otra orden para la prisión del condado Sonoma en 2016, pero ni ésta ni las anteriores fueron honradas.

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