Los nuevos escenarios de la reforma migratoria.

A pesar del fuerte apoyo a un plan con ciudadanía, los republicanos de la Cámara mantienen controlado el debate. “Entre las prioridades debería incluirse “un freno a la separación de las familias.” Los activistas que defienden los derechos de los inmigrantes y aguardan que la Cámara de Representantes apruebe la reforma migratoria, se cansaron de oír promesas. Dicen que están hartos de discursos políticos y que lo único que ahora les importa es conocer qué harán los congresistas y el presidente Barack Obama para arreglar el problema de los 11 millones de indocumentados.

“Esperamos que el presidente y los republicanos incluyan la reforma migratoria como parte de sus prioridades en el informe sobre el Estado de la Unión”, dijo a UnivisionNoticias.com Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA). “Aparte, esperamos escuchar qué principios regirán los pasos de los republicanos en cuanto a reformar las leyes” migratorias.

Cabrera se refiere a la “lista de principios” de la reforma migratoria anunciada por el presidente del Congreso, John Boehner (republicano de Ohio), a mediados de enero, una lista que, para algunos, sólo aumentará la burocracia en un debate que arrancó a principios de 2001 y se detuvo el 11 de septiembre de ese año, cuando un grupo de 19 terroristas secuestro cuatro aviones comerciales y perpetró ataques en Nueva York y Washington DC con un saldo de casi 3,000 muertos y más de 6,000 heridos. Una de las naves se estrelló en las afueras de Pensilvania. En los cuatro años siguientes el tema de los indocumentados desapareció de la lista de prioridades hasta que el 15 de diciembre de 2005 la Cámara aprobó el HR 4437, un proyecto de ley republicano que criminalizó la estadía indocumentada hasta ese entonces tipificado como un acto de carácter civil.

En mayo de 2006 el Senado aprobó el proyecto S 2611, un plan que incluyó un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados que llevaban tiempo en el país y carecieran de antecedentes criminales, previo pago de una multa. Ambas iniciativas comenzaron a ser armonizados por el Comité de Conferencia, pero en junio el entonces liderazgo republicano canceló la convocatoria argumentando razones de seguridad nacional y todo volvió a quedar como estaba el 11 de septiembre de 2011.

Clima antiinmigrante

El cierre del debate generó una ola nacional antiinmigrante que ya dura ocho años. En más de 35 estados se aprobaron medidas para castigar a los indocumentados con el pretexto que el Congreso no está haciendo nada para solucionar el problema. Las más severas fueron las leyes estatales de Arizona (SB 1070) y Alabama (HB 56) que otorgaron, entre otras medidas, poderes especiales a las policías locales para que sus agentes actúen como agentes del servicio de inmigración, arresten a individuos si tienen sospecha que se trata de indocumentados y a las escuelas fichar a los sin papeles.

A pesar que las partes más duras de ambas leyes fueron detenidas por cortes federales y la Corte Suprema de Justicia, siguen vigentes medidas que castigan a los extranjeros sin papeles y los coloca a las puertas de la deportación de Estados Unidos.

En 2007 fracasó un esfuerzo tripartita (republicanos, demócratas y la Casa Blanca) de aprobar una reforma migratoria amplia como el plan del Senado de mayo de 2006. En 2008, el entonces candidato presidencial Barack Obama prometió que promulgaría una reforma durante el primer año de su mandato si era electo, pero en 2009 el compromiso fue postergado por otros debates de mayor importancia, entre ellos la crisis financiera, las guerras en Irak y Afganistán y la reforma de salud.

En los tres años siguientes el tema volvió a desaparecer de la lista de prioridades hasta la elección de 2012. Los estrategas republicanos optaron por la línea de rechazo a cualquier tipo de beneficio para los indocumentados y el candidato de la oposición, Mitt Romney, sugirió la puesta en marcha de un plan de auto deportaciones para poner fin al problema.

En el otro lado del escenario Obama volvió a prometer, durante un Encuentro con los Candidatos organizado por Univision en la Universidad de Miami -el 20 de septiembre de 2012-, que esta vez empujaría una reforma migratoria en el primer año de su segundo mandato si era reelecto.

La reelección

Obama ganó sin problemas con el apoyo del 71% de los 12.2 millones de hispanos que acudieron a las urnas y para quienes la reforma migratoria estaba en el primer lugar de prioridades, por encima de la economía. Cinco días después, los senadores Charles Schumer (D-NY) y Lindsey Graham (R-CS) anunciaron que retomaban las conversaciones suspendidas en marzo de 2010 para redactar un proyecto comprensivo de reforma migratoria y llevarlo a la votación en 2013.

Otros tres senadores demócratas y tres republicanos se sumaron a la iniciativa y conformaron el Grupo de los Ocho. En abril entregaron el proyecto S. 744 que incluye la ciudadanía, el que fue aprobado el 27 de junio por el pleno luego de un complejo debate e introducción de una dura enmienda republicana de seguridad que agregó $30 mil millones al presupuesto de la Patrulla Fronteriza para la contratación de 19 mil nuevos agentes, uso de aviones no tripulados en la frontera, construcción de 700 millas de muros y una valla virtual de alta tecnología, entre otras medidas.

Pero el liderazgo republicano e la Cámara advirtió que no debatiría el plan del Senado, que discutiría un proyecto propio y que lo haría por partes, sin que ninguna de ellas garantice la ciudadanía. Los demócratas respondieron con el proyecto HR 15, una versión mejorada del plan del Senado que incluye cambios a la enmienda de seguridad y conserva el camino a la ciudadanía.

Hasta ahora el Comité Judicial de la Cámara ha debatido cinco enmiendas, todas ellas relacionadas con la seguridad fronteriza. Y el liderazgo republicano insiste en que no debatirá un proyecto integral como el del Senado, sino que lo hará por pedazos con énfasis en la seguridad.

Entre octubre del año pasado y la segunda semana de enero, la Casa Blanca ha reiterado que la reforma migratoria debe incluir la ciudadanía y los integrantes del gabinete han invertido capital político para resaltar los beneficios de la reforma migratoria, entre ellos los económicos y en materia de seguridad nacional. Los republicanos se mantienen firmes en su postura. Paul Ryan, ex candidato vicepresidencial en la mancuerna que integró con Romney, dijo el jueves en San Antonio, Texas, que era preferible separar asuntos como la seguridad fronteriza y las visas de trabajo temporales en distintos proyectos de ley, y que la Cámara no discutirá el plan del Senado.

Los escenarios

El proyecto HR 15. Tiene apoyo bipartidista. Cuenta con más de 190 votos demócratas y entre 30 y 40 republicanos. La Casa Blanca asegura que, de ser enviado al pleno, sería aprobado en cualquier momento y que Obama lo firmaría de inmediato. Pero para someterlo a votación, Boehner debe hacer cumplir la Regla Hastert que sólo permite enviar al pleno aquellas iniciativas que cuenten con el apoyo de la mayoría de la mayoría, es decir 118 de los 234 votos republicanos de la Cámara.

La opción republicana. Para enviar iniciativas separadas, Boehner necesita que cada una tenga al menos 118 votos para cumplir con la Regla Hastert. Y asegurarse de tener 218 votos para aprobarlas en el pleno. Si no puede garantizar los votos mínimos necesarios, no pedirá un voto en el pleno por el riesgo de sufrir una derrota política en un año electoral.

La opción de la Casa Blanca. Que la Cámara adopte una iniciativa como la del Senado (el HR 15 es una de ellas) y la apruebe. El liderazgo republicano insiste en que no lo hará. Si lo hace, se arriesga a perder protagonismo y cederle espacio a los demócratas en un año electoral donde el voto hispano, como en 2008 y 2012, volverá a inclinar la balanza.

El lobby a favor. En los 13 años de debate es la primera vez que la reforma migratoria cuenta con el apoyo de iglesias, la Cámara de Comercio, empresarios, ex funcionarios demócratas y republicanos, ex presidentes, el sector de alta tecnología, sindicatos, intelectuales, alcaldes, gobernadores, la opinión de la mayoría de los estadounidenses, policías, universidades, periodistas y medios de comunicación, entre otros, se han unido para pedirle a la Cámara que apruebe un plan comprensivo. Y no solo lo han pedido, también se han unido a campañas de presión enviando correos electrónicos, mensajes de texto, redes sociales, cartas, ayunos, oraciones y publicaciones diversas. El lobby es intenso.

Presión social en 2014. Las organizaciones y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, junto con sindicatos e iglesias, llevarán a cabo movilizaciones durante el curso de 2014. Huelgas de hambre, jornadas de oración, envío de cartas, marchas y plantones en los distritos electorales republicanos presionarán a los congresistas para que respalden un plan de reforma comprensivo. Si bien en un alto porcentaje de estos distritos la reforma migratoria no decidirá la elección, 14 de ellos podrían perder sus asientos en la Cámara y con ello modificar el equilibrio de poder a favor de los demócratas. Y aunque se requerirían conquistar 17 distritos para que los republicanos pierdan el control, las organizaciones saben que si fracasa la aprobación de la reforma migratoria el precio político que los republicanos deberán pagar será alto y podría no solo convertirse en una amarga derrota, sino en un serio tropiezo en el esfuerzo por reconquistar la Casa Blanca.

Reforma con legalización pero sin ciudadanía. Que los republicanos avancen en su estrategia y aprueben una reforma migratoria por pedazos y que uno de ellos permita la legalización de ciertos indocumentados, pero niegue la ciudadanía a todos los que legalice. La Casa Blanca y los demócratas han advertido que no lo apoyarán. De no hacerlo, los republicanos deberán echar mano a todos sus votos para aprobarlo en el pleno. Reforma con ciudadanía sólo para algunos. Que una de las partes de la reforma migratoria permita que ciertos indocumentados, como los dreamers, una vez legalizadas sus permanencias y cumplido el plazo de cinco años como residentes permanentes, puedan acceder a la ciudadanía. Todo el resto de indocumentados que se legalice solo podrá acceder a la residencia legal permanente o green card (tarjeta verde) después de un período de prueba. El plan S. 744 del Senado dice que la espera por la tarjeta verde será de al menos 10 años.

El Comité de Conferencia. Que la Cámara apruebe cualquiera de los planes que los republicanos han esgrimido con el apoyo de algunos demócratas, y que sea el Comité de Conferencia el que escriba un plan final que resulte de los proyectos del Senado y de la Cámara. En esta instancia se agregaría la ciudadanía o una legalización que cubra a todos los indocumentados sin antecedentes criminales.

Que las cosas se queden tal y como están. Que termine el 2014, y muera el debate y la vigencia del plan del Senado. Los republicanos pondrían en riesgo entre 14 y 17 distritos electorales, pero nada indica que vayan a perder en control de la Cámara de Representantes. Entre los 234 asientos que ocupan en la Cámara, entre 30 y 40 –según algunos demócratas- han presionado a favor de una reforma comprensiva, respaldos que podrían incidir favorablemente en la decisión del voto latino en sus distritos el primer martes de noviembre.

Dispuestos a escuchar

Las organizaciones sopesan los escenarios y ajustan las estrategias. “Queremos escuchar qué pasos específicos tomará el presidente y el Congreso para parar las deportaciones y establecer un sistema migratorio justo, humano y accesible para los millones de trabajadores y familias indocumentadas que viven en las sombras”, dijo Cabrera.

De la “lista de principios” prometida por Boehner, Juan José Gutiérrez, presidente del Movimiento Latino USA, dijo esperar que “sea lo suficientemente generosa”, que llene las expectativas guardadas durante años “para considerarla de forma seria por todos nosotros”.

Y del informe que Obama rinda ante el Congreso el martes, señaló que el mandatario debería “recomprometerse” con la reforma comprensiva, “pero esta vez invirtiendo todo el capital político que sea necesario para asegurar que sea aprobada este año”.

Otros son menos optimistas. “Creo que (los republicanos) no nos otorgarán todo lo que queremos para nuestra gente, pero tendremos algo que permita sacar de las sombras a los indocumentados”, dijo a UnivisionNoticias.com Nora Sándigo, directora de la Fraternidad Americana de Miami.

Agregó que entre las prioridades debería incluirse “un freno a la separación de las familias y que permita a los nuestros ser parte integral de una sociedad inclusiva que colabora libremente en el desarrollo de la economía y la sociedad estadounidense en general”.

Durante la primera Administración de Obama (2009-2012), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportó a más de 1.6 millones de indocumentados -un promedio de 400 mil por año-, el 40 por ciento de ellos sin antecedentes criminales. En el año fiscal 2013 la cifra alcanzó los 368.644 con el mismo porcentaje de extranjeros sin antecedentes.

“Seguiremos presionando para que el presidente (Obama) pare las deportaciones”, dijo el sindicalista Eliseo Medina, uno de los líderes del movimiento por la reforma migratoria que entre noviembre y diciembre encabezó una huelga de hambre durante 22 días en una carpa erigida en la explanada del Capitolio. “Este lunes anunciaremos una segunda huelga, esta vez en los distritos republicanos que pueden perder” por no apoyar una reforma migratoria comprensiva.

Uno de esos distritos es el que pertenece a Boehner.

Medina lleva 48 años luchando por los derechos de los más desvalidos. Primero los campesinos junto a César Chávez y luego en el Sindicato Internacional de Empleados y Servicios (SEIU), al que renunció en octubre para dedicar todo su tiempo a la reforma migratoria. “Lo vamos a lograr. Y en noviembre vamos a salir a las urnas y usaremos el voto para premiar o castigar a quienes están a favor o en contra de nuestra comunidad. Los hispanos sumamos más de 23 millones de votos y hay 8.5 millones de residentes que pueden convertirse en ciudadanos en cualquier momento. Estamos hablando de 31.5 millones de votos. No vamos a parar con hasta que aprueben la reforma. Podemos inclinar la balanza”, concluyó.

 

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