Los inmigrantes de bajos recursos tienen ahora más trabas para pedir que los exoneren del pago de ciertos trámites migratorios

El servicio de inmigración anunció cambios a la política de exoneración de pago de trámites, que beneficia a inmigrantes de bajos recursos que principalmente buscan convertirse en ciudadanos, gestionar una autorización de empleo o pedir una visa.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dijo que había “revisado” el Formulario I-912 (Solicitud de Exención de tarifas) y “eliminado los criterios de beneficio de comprobación de recursos que se utilizaron previamente como un factor para determinar si un solicitante estaba exento de pagar las tarifas o los servicios biométricos”.

Indicó además que “las personas aún pueden solicitar una exención de tarifas si su ingreso familiar anual documentado es igual o inferior al 150% de las Pautas Federales de Pobreza o si demuestran dificultades financieras”.

El servicio biométrico se refiere a la toma de huellas dactilares y la revisión de antecedentes criminales.

Hasta ahora, la USCIS considera a Medicaid (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), SNAP (también conocido como estampillas de comida), la Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF) y los Ingresos de Seguridad Suplementarios (conocido como welfare) durante las evaluaciones de elegibilidad para otorgar una exención”, dice Nelson Castillo, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“Pero a partir del 2 de diciembre la agencia federal cambiará los criterios bajo los cuales una persona puede calificar para una exención de cuotas”, indicó.

Castillo dice además que “el gobierno ha determinado que recibir este tipo de beneficios no es un criterio apropiado para revisar las peticiones de exención de tarifas, porque los niveles de ingresos utilizados para decidir la elegibilidad de programas de asistencia varían considerablemente de un estado a otro”.

Para el gobierno, las exenciones de pago de ciertos servicios migratorios constituyen pérdidas que afectan el funcionamiento de la USCIS.

La agencia “depende de las tarifas para cubrir los costos de adjudicar solicitudes y peticiones, implementar esfuerzos operativos y garantizar que el sistema de inmigración legal de la nación se administre adecuadamente”, dice Ken Cuccinelli, director interino de la USCIS.

Agregó que cada año “USCIS renuncia a cientos de millones de dólares en tarifas”, y que el proceso revisado de exención “mejorará la integridad del programa, y la calidad y consistencia de las aprobaciones del Formulario I-912 en el futuro”.

Según cálculos de la USCIS, el monto anual de exenciones de tarifas aumentó de alrededor de $344,3 millones de dólares en el año fiscal 2016 a $367,9 millones de dólares en el año fiscal 2017.

Indica además que, en el año fiscal 2018, el monto anual estimado de exenciones de tarifas otorgadas por la agencia fue de $293,5 millones de dólares. A su vez, precisa que los ingresos por comisiones representan más del 95% del presupuesto anual.

“El programa de exención no se aprobó para medir el nivel de pérdida de ingresos por concepto de tarifas, sino para ayudar a los inmigrantes más necesitados y facilitarles la inserción en la sociedad estadounidense”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“Los que tendrán más problemas en pagar serán los más pobres. A ellos se les va a dificultar el proceso y dejarán de aplicar, algo que puede resultar en un problema. Por ejemplo, personas que están tramitando la ciudadanía. Al no poder hacerlo por falta de recursos, se quedarán sin poder votar el próximo año. Y otros que califican y necesitan el permiso de trabajo, pero no tienen dinero, también se les dificultará el proceso”, añadió.

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