Los Ángeles renueva acuerdo de programa migratorio

Según la moción, aprobada con tres votos en favor y dos abstenciones, la renovación del programa 287(g) comenzará en cuanto la junta cancele el acuerdo vigente, durará hasta junio del 2016 y estará alineado con la ley estatal conocida como Trust Act, que permite que inmigrantes acusados o declarados culpables de delitos menores puedan salir libres bajo fianza o ser puestos en libertad al final de su condena, al igual que ciudadanos estadounidenses.

Conforme el programa, policías capacitados por la Policía de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) identifican en las cárceles a inmigrantes que viven en el país de manera ilegal y han cometido delitos graves para ser transferidos a las autoridades de inmigración.La cantidad de personas transferidas a inmigración a través del programa ha bajado este año en el condado debido al Trust Act, que entró en vigor en enero de este año, según la policía del condado.

En el año anterior, 6,987 personas fueron transferidas a ICE.Critican el votoTras la votación, decenas de activistas abandonaron el salón gritando “Molina deporta”, “Molina deporta”, en protesta contra la supervisora Gloria Molina, quien propuso y votó a favor de la renovación.Los manifestantes estaban enojados porque querían que los supervisores cancelaran o al menos aplazaran la votación hasta que se elija un nuevo jefe de la policía en el condado.El programa, dicen, carece de supervisión y de información específica sobre los transferidos a inmigración, por lo que creen que afecta a inmigrantes que cometen delitos menores.

“Esta votación demuestra lo totalmente negligente que ha sido el condado Los Angeles al proteger a personas encarceladas”, dijo Chris Newman, abogado de la Red Nacional de Jornaleros.De más a menosEl programa ha ido en declive en los últimos años. Actualmente, inmigración tiene 35 acuerdos en 18 estados, incluida California, donde tiene acuerdos con los condados Orange y Los Ángeles, que estableció el 287(g) en 2005.El ICE, a través de su portavoz, Virginia Kice, indició que el programa le permite “promover el cumplimiento de la ley contra delincuentes y otras personas que caen dentro de (sus) prioridades civiles”.

“El programa apoya la seguridad pública identificando criminales potencialmente peligrosos y asegurándose de deportarlos, en vez de dejarlos regresar a la comunidad”, dijo la portavoz.Según las autoridades de inmigración, a través del programa 287(g) se han identificado a más de 341 mil inmigrantes potencialmente aptos para ser deportados. Pero según los activistas, muchos son personas que han cometido delitos menores, como Blanca Pérez, quien testificó ante los supervisores que fue detenida en 2010 y luego transferida a las autoridades migratorias por vender helado sin tener permiso.

Molina dijo que investigaría el caso de Pérez, quien no fue deportada.”Esta junta está tratando de crear un ambiente, que no puedo decir va bien con los inmigrantes… pero diré que está canalizando servicios, reportando delitos y creando el tipo de oportunidades para tener comunidades seguras”, dijo Molina.La junta, sin embargo, no ha recibido información detallada sobre el programa de parte de la policía, reconoció el supervisor Zev Yaroslavsky, quien se abstuvo de votar. Por ello, Yaroslavsky pidió a representantes de la entidad local que presentaran un informe en enero, con cifras y detalles de los transferidos a inmigración.

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