“Nuevamente, Los Ángeles está haciendo frente al intento de administración de Trump de mantener como rehén los fondos federales de seguridad pública. Una vez más, la imposición de condiciones civiles de inmigración al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) harán que todas las calles de la ciudad sean menos seguras”, dijo Mike Feuer durante una conferencia de prensa el miércoles. “Tribunal tras tribunal ha dictaminado que esta expropiación de la administración es inconstitucional. Luchamos por mantener el estado de derecho y proteger nuestra ciudad”, agregó Feuer.
A inicios de este año el Departamento de Justicia amenazó a ciudades santuario, incluyendo Nueva York, Chicago y Los Ángeles, con citaciones si no proporcionaban documentos que demuestren si los agentes del orden público locales están compartiendo información con las autoridades federales de inmigración.
La amenaza del Fiscal General Jeff Sessions, representa una nueva escalada de la administración Trump para castigar a las jurisdicciones locales que no cumplen completamente con los esfuerzos federales de aplicación de la ley de inmigración, incluso al compartir el estado migratorio de los prisioneros locales.
Cada año, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publica solicitudes para la Beca de Asistencia de Justicia Conmemorativa Edward Byrne (JAG), que son fondos federales para estados y ciudades para apoyar los esfuerzos locales de aplicación de la ley.
Desde 1997, con la excepción de 2017 (que actualmente es un caso pendiente), la ciudad de Los Ángeles ha recibido más de 1 millón de dólares en fondos de JAG cada año.
Los fondos se han utilizado anteriormente para ayudar a financiar el programa City’s Community Law Enforcement and Recovery (CLEAR), que tiene como objetivo reducir la actividad criminal y la violencia de las pandillas en Los Ángeles, según un comunicado de la Oficina del Procurador de Los Ángeles, Mike Feuer.
“Hay decenas de demandas contra los propietarios de negocios controlados por pandillas”, dijo Feuer durante una conferencia de prensa el miércoles.
El 25 de julio de 2017, el Fiscal General de los Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció con una orden ejecutiva emitida por el presidente Trump que habría nuevos requisitos de cumplimiento en las solicitudes de subvención de las aplicaciones JAG para jurisdicciones que no cumplen con las políticas migratorias de la administración Trump, lo que implica que las que no cumplan no serían elegibles para el financiamiento.
El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Séptimo Circuito, así como los tribunales del distrito federal se interpusieron a esas condiciones, según Feuer.
El Departamento de Justicia también agregó nuevas condiciones y un cuestionario con el cual buscan negar fondos a jurisdicciones como Los Ángeles que utilizan dichos recursos para programas locales de justicia penal.
En abril de 2018, un tribunal de los Estados Unidos determinó en el caso City of Los Angeles vs Sessions que la imposición por el Departamento de Justicia de condiciones relacionadas con inmigración en la concesión discrecional de la policía comunitaria (COPS) era ilegal. Esa decisión impuso una injunction a nivel nacional contra la imposición de condiciones de las subvenciones COPS, según el documento.
La ciudad presentó la aplicación de los fondos de Byrne JAG para el 2018 cuya fecha límite era el 22 de Agosto, si no recibe los fondos, resultaría en una grave perdida de recursos destinados para mejorar el sistema de justicia criminal local y prevenir la seguridad publica, según informó Feuer el miércoles
