Los Ángeles anula cuota de $50 para los que buscan asesoría legal en cortes

Activistas comunitarios celebran el fallo de los supervisores del condado de Los Ángeles, a favor de anular una cuota de 50 dólares para los acusados que buscan asesoría legal de los defensores públicos.

Según los activistas, las cuotas dañan especialmente a la comunidad de bajos recursos que regularmente busca ayuda de los defensores, pero no cuenta con el suficiente dinero para costearla.

Los supervisores Sheila Kuehl y Mark Ridley-Thomas recomendaron la acción alegando que el dinero puede ser una carga para algunos acusados ??indigentes, sin empleo o de bajos recursos.

“Mientras unos 50 dólares no significan mucho para nosotros, estos pueden representar un tanque de gasolina para los que necesitan llegar a sus trabajos o un cheque para pagar las facturas del hogar, inclusive el dinero para poner la comida en la mesa”, dice Bruce Brodie, de la Oficina del Defensor Público Alterno.

Aquellos a favor de la eliminación también señalan que los costos podrían haber afectado negativamente a los inmigrantes indocumentados.

“Incluso algunos delitos menores pueden llevar a la deportación”, indica Devon Porter, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU).

Kim McGill, de la Coalición para la Justicia Juvenil está de acuerdo. “Cuando obtienes un defensor público, por supuesto, asumes que es gratis”, dice McGill, agregando que la solicitud inicial por dinero causa confusión y desconfianza entre los acusados.

Desde el 2010 hasta la fecha, los servicios de defensa pública costaban 50 dólares por consulta en el condado a pesar de que California recomienda 25. La Oficina del Defensor Público Alterno cobra el monto y sus defensores retienen el 89 por ciento, mientras un 11 por ciento se va en pagos a la agencia de colección.

En total, los defensores retienen unos 300 mil dólares.

“La pequeña cantidad que se cobra realmente no vale la pena para el condado en comparación con el reto potencial que representa”, dice Kuehl.

De acuerdo a la supervisora, el monto total puede ser difícil de pagar, especialmente cuando se añaden multas y cuando los acusados resultan culpables, lo que puede dañar el crédito de una persona y la capacidad de un individuo de alquilar un apartamento.

El voto de la junta directiva fue de 4-1. La supervisora Kathryn Barger dijo no estar en contra de la eliminación del costo para las personas de bajos recursos, pero enfatizó: “Tengo preocupaciones acerca del monto de fondos que se pueden generar” de aquellos que sí pueden pagar.

Para David Johnson, miembro de Black Lives Matter, los supervisores tomaron una acción noble.

“Debemos recordar que las personas involucradas en las cortes también tienen familia. Durante su estancia en la corte o tras las rejas, miles y miles de padres, madres e hijos se quedan tratando de resolver un ingreso menos en el lugar y una deuda más para ayudar a sus seres queridos”, dijo Johnson.

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