Los agujeros legales del acuerdo de ‘tercer país seguro’ entre Estados Unidos y Guatemala

Después de que el pasado viernes el ministro de Gobernación guatemalteco, Enrique Degenhart, y el secretario interino de Seguridad Nacional estadounidense, Kevin McAleenan, en presencia del presidente Donald Trump, firmaran el acuerdo que convertiría a Guatemala en receptor de solicitantes de asilo de otros países, las críticas contra el convenio han arreciado en el país centroamericano.

El procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordan Rodas, quien incluso presentó una acción legal ante la Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca antes de que se firmara el acuerdo bajo el argumento de que no era competencia del Ejecutivo, resaltó que por tratarse de un asunto entre Estados el convenio debe ser ratificado por el Congreso guatemalteco.

“Para empezar hay que analizar si el ministro Degenhart (de Gobernación) tenía las facultades para firmar un acuerdo de relaciones internacionales, bajo argumentos de seguridad. Luego, las resoluciones de la Corte establecen que la ruta a seguir pasa por el Legislativo” dijo Rodas.

En todo caso, recordó el procurador, el artículo 52 de la Convención de Viena sobre el de Derecho de los Tratados, establece que es nulo todo acuerdo cuya celebración se haya obtenido bajo amenazas.

El mismo ministro Degenhart, en conferencia de prensa el pasado lunes, luego de haber suscrito el acuerdo, admitió que el Ejecutivo ratificó el convenio “porque las amenazas no se den, porque el efecto hubiera sido nefasto”. El presidente Donald Trump, antes de la firma del convenio bilateral amenazó en redes sociales con la prohibición de viajes a los guatemaltecos a Estados Unidos, la aplicación de un impuesto a las remesas o una tasa de aranceles a todos los productos de ese país exportados a EEUU.

Para el procurador Rodas, si el Ejecutivo insiste en aplicar el convenio sin tener un aval legislativo estaría incurriendo “en un delito flagrante”. Según el magistrado, Degenhart podría ser investigado penalmente y más tarde el presidente Jimmy Morales, si se establece una desobediencia a la resolución judicial.

Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas en Centroamérica, el acuerdo es ilegal y viola el derecho al debido proceso en ambos países a las personas que se quieran acoger al estatus de refugiados en Estados Unidos. “Es ilegal porque el derecho al refugio, establecido en la Convención de Refugiados de 1951 y el Protocolo de Refugiados de 1967 que el mismo acuerdo cita, señalan que es obligación del Estado que recibe evaluar, mediante una entrevista y procedimientos si una persona califica como refugiada o no”, explicó Cadena.

En una entrevista con diversos medios internacionales el pasado viernes, transcrita por el Departamento de Seguridad Interior, McAllenen dijo que “cuando se tiene un acuerdo para cooperar en el reconocimiento de asilo como este, coloquialmente conocido como el tercer (país) seguro, si alguien ha cruzado a través de Guatemala, por definición ellos podrían haber pedido asilo allí y no son elegibles para pedir asilo en Estados Unidos”.

Para Cadena, este pacto “es un ejemplo de por qué el poder político tiene que tener límites, y que la justicia es la que tiene que definirlo”. A pesar de que el convenio establece en su artículo 7, inciso 3 que el gobierno estadounidense prevé “cooperar para fortalecer las capacidades institucionales de Guatemala”, hasta la fecha no se ha establecido la naturaleza de estos aportes.

Cadena, quien laboró en la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ( ACNUR) en Pakistán, señala que incluso si se aplicara el acuerdo y migrantes fueran trasladados a Guatemala para la evaluación de sus casos, estos podrían acogerse a ACNUR para evitar su deportación.

En Pakistán vimos el caso de refugiados de otros países que se acogieron bajo el mandato de ACNUR, y por lo tanto el Estado tuvo que respetar la no deportación, la no expulsión al país de origen” señala el jurista.

Para el abogado la violación a derechos se produciría no solo en Guatemala, si no también en Estados Unidos. “De aplicarse (el acuerdo) las personas deben pedir acceso a la oficina de refugiados y ante un juez, antes de ser expulsados; el Estado de Guatemala está siendo cómplice de una grave violación de Derechos Humanos y garantías del debido proceso”, añadió Cadena.

Según el jurista estas probables violaciones a derechos podrían implicar demandas ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra funcionarios guatemaltecos, ya que el Estado de Guatemala ratificó el tratado de la CPI, mientras que Estados Unidos no lo ha hecho.

Este miércoles el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Kevin McAleenan, visitó Guatemala y además de reunirse con funcionarios guatemaltecos, mantuvo un encuentro con los presidenciables Alejandro Giammattei, del partido Vamos, y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, quienes se enfrentarán en los comicios del 11 de agosto.

Un comunicado del equipo de campaña de Giammattei señala que el candidato le requirió a McAleenan “conocer los alcances” del acuerdo de tercer país seguro. También hizo un llamado al secretario para “la solución estructural de la problemática migratoria”. Esto luego de que cinco días atrás señalara como “irresponsable” la firma del acuerdo por parte del gobierno saliente.

Por su parte, Sandra Torres le indicó al diario Prensa Libre que solicitó al secretario de Seguridad Nacional copia de los addendums del acuerdo alcanzado con Guatemala.

La candidata de la UNE también se refirió a la legitimidad del gobierno de Morales para firmar el acuerdo, pero no mostró una oposición formal al mismo: “Ellos están conscientes de que el gobierno (de Guatemala) es un gobierno que está muy debilitado, la población ya no confía en el presidente Jimmy Morales, que no tiene la suficiente confianza y respaldo para poder firmar un acuerdo”, sostuvo.

Ir a la nota fuente