La ruta se plantea sobre cuatro áreas específicas de cooperación: Combatir la trata de personas y el contrabando humano, contrarrestar el crimen organizado y las pandillas, compartir información e inteligencia y reforzar la seguridad fronteriza.
La declaración conjunta considera un compromiso de los países para lograr una Centroamérica estable y mejorar la seguridad y la protección de los países.
Los países buscan crear capacidades en la región para detectar, desalentar y desmantelar las organizaciones de trata y tráfico ilícito de personas. Para ello buscarán afectar sus finanzas, logística, plataformas de comunicación y actividades delictivas conexas.
Entre las acciones a seguir se encuentran:
- Ampliar las operaciones para identificar las redes de tráfico ilícito y de trata de personas en el Triángulo del Norte y en los Estados Unidos.
- Incrementar la recolección de datos biométricos de personas que cruzan las fronteras en los países del Triángulo del Norte sin documentos válidos.
- Desarrollar criterios para el intercambio de información estratégica sobre flujos migratorios de alto riesgo, como las caravanas, dentro de los marcos jurídicos de cada país.
- Desarrollar un programa para analizar e identificar documentos de identidad fraudulentos que los migrantes utilizan para ingresar y transitar por El Salvador, Guatemala y Honduras.
- Ampliar las campañas de mensajes a corto y largo plazo para rebatir directamente los mensajes que las organizaciones de trata y tráfico utilizan para reclutar migrantes.
Se espera desarrollar capacidades para aplicar la ley en los países que conforman el Triángulo Norte, para combatir a las organizaciones criminales transnacionales.
Los puntos son:
- Desarrollar y presentar una propuesta integral para armonizar la legislación de la región relacionada con la lucha contra las pandillas, el crimen organizado y la trata y el tráfico ilícito de personas.
- Incrementar el intercambio de información relacionada con el crimen organizado transnacional y con las personas que participan o se benefician del tráfico ilícito de personas.
- Aumentar el enfoque de la investigación en rutas aéreas y vías marítimas y terrestres utilizadas por las organizaciones criminales transnacionales y las pandillas.
Con esto se busca ampliar el uso de plataformas de comunicación compartidas, utilizando sistemas para rastrear a los delincuentes, así como sus redes y finanzas. Además, se busca producir y focalizar información avanzada para evitar el tránsito por la región de quienes pudieran representar una amenaza.
- Considerar establecer y desarrollar un protocolo de actuación para el intercambio de información a través del Grupo Conjunto de Inteligencia Fronteriza (GCIF).
- Alinear plataformas tecnológicas para cumplir con el intercambio de información y las necesidades operativas.
- Mejorar la utilización del GCIF como modelo regional para el intercambio de información.
- Implementar el Sistema de Información Anticipada sobre Pasajeros (APIS) con conectividad a las bases de datos de los Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras.
- Ampliar las operaciones del Programa de Seguridad Conjunta (JSP) en El Salvador, Guatemala y Honduras.
- Continuar con los acuerdos del Programa de Intercambio Electrónico de Datos de Carga entre El Salvador, Guatemala, Honduras y los Estados Unidos para mejorar el análisis de los datos relativos a la carga e identificar los envíos con alto riesgo de contrabando de narcóticos y otras amenazas.
Se busca mejorar la capacidad de los servicios de las agencias regionales de seguridad terrestre y de aviación para patrullar y monitorear las fronteras, detectar y responder a las amenazas a lo largo de las fronteras y proteger los puertos, las regiones fronterizas entre puertos y los espacios marítimos en toda la región.
Se espera:
- Incrementar, en la medida de lo posible, el número de unidades policiales o de seguridad fronteriza en El Salvador, Guatemala y Honduras, así como su capacitación, supervisión e integración.
- Mejorar la capacidad de las unidades de seguridad fronteriza.
- Completar y actualizar las evaluaciones de riesgo fronterizo.
- Desarrollar mecanismos para mejorar las comunicaciones transfronterizas.
Durante esa reunión, celebrada en San Salvador, la secretaria Nielsen pidió a los tres países detener nuevas caravanas de migrantes que en forma irregular pretenden llegar a su país.
En la búsqueda de soluciones a la migración, Nielsen demandó “liderazgo para detener la formación de las caravanas” que a su juicio “han traído crimen, violencia e inestabilidad a la región”.
“Debemos trabajar juntos para luchar en contra de estos grupos que están siendo predadores (traficantes de personas) de toda la población”, destacó la funcionaria estadounidense. En ese sentido, confió en que “declaramos nuestra intención compartida de acabar con los traficantes que sacan provecho de la miseria humana”.
El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez, dijo que hay acuerdos para avanzar en un “plan de acción” que busca fortalecer el combate de estructuras del crimen transnacional.
Los países signatarios del acuerdo, tienen previsto “homologar y armonizar” la legislación para mejorar el combate a las organizaciones criminales de tráfico de personas, y a las pandillas.
La funcionaria estadounidense explicó que a finales de marzo sostendrá en Tegucigalpa un nuevo encuentro con ministros de Justicia y Seguridad de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Desde octubre pasado y principios de este año, miles de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos indocumentados marcharon en caravanas hacia Estados Unidos.
Muchos huyen de las pandillas o por la falta de empleo.
No obstante, la dura postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la migración ha complicado el objetivo de los migrantes de pedir asilo en territorio estadounidense.
Cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, reveladas el 7 de febrero, indican que un total de 12.576 guatemaltecos, hondureños y salvadoreños fueron deportados en enero desde Estados Unidos y México, a donde habían viajado en busca de mejores oportunidades.
El Observatorio precisó que hubo seis mil 168 deportados guatemaltecos, 4 mil 610 hondureños y 1 mil 798 salvadoreños.
Ese mismo Observatorio indicó además que entre los tres países del Triángulo Norte, la cifra de deportados en 2018 estuvo cerca de 200 mil.
