Limitados por el idioma e ignorados por el sistema: Investigación revela fallas en tribunales del área de Houston

Era el otoño del 2015 y para Zendi Gonzalez comenzaría uno de los peores capítulos de su vida. El 21 de septiembre de ese año la inmigrante venezolana se embarcó un contencioso proceso de divorcio en el que se jugaba la custodia de la más pequeña de sus hijas.

Con solo dos años viviendo en Estados Unidos, Zendi debió enfrentarse a un sistema en el que no se habla su idioma. Por su pobre dominio del inglés, solicitó a la jueza encargada de su caso en un juzgado de familia del condado Fort Bend, en Texas, que le asignara un intérprete. Pero su petición fue negada.

“Me dijeron en la misma audiencia de la corte que allí no se le daba interprete a absolutamente a nadie; solo que fuera una persona indigente”, recuerda.

Por este y otros casos, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia inició una investigación contra el condado Fort Bend a finales de 2017 por posibles violaciones al Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

“Las quejas que dan base a esta investigación apuntan a que los tribunales de distrito del condado Fort Bend requieren a las personas con dominio limitado del inglés pagar su propio intérprete,” lee en parte la carta enviada al abogado del condado, de la cual Noticias 45 Investiga obtuvo copia .

Adicionalmente, las quejas señalan que los juzgados criminales del condado Fort Bend permiten que abogados bilingües traduzcan a los acusados en lugar de asignar “intérpretes competentes”, añade la carta.

En el 2016 un juez de causa criminal del condado Fort Bend le negó la petición de un intérprete a un hombre de origen vietnamita acusado de fabricar y mercadear mercancía pirata.

Un año más tarde, otro juez de la corte criminal del mismo condado argumentó erróneamente que basado en el Código de Gobierno de Texas, el juzgado no estaba obligado a asignar un intérprete a un acusado que solo hablaba español, en un caso de violencia intrafamiliar, “porque el condado tenía menos de 50,000 habitantes”.

De acuerdo con la oficina del Censo, en 2017 la población total del condado Fort Bend superaba los 750,000.

Tiempo después, el juez reconoció el error y asignó un intérprete en el caso del hispano.

“Si el acusado o el demandante no tiene un dominio completo del idioma, entonces hay un acceso limitado a la justicia… No hay justicia en absoluto”, sentencia el abogado Thai Nguyen de la organización sin ánimo de lucro Lone Star Legal Aid que en el pasado ha ayudado a las personas de bajos recursos económicos a conseguir la asistencia de un intérprete cuando se le es negado por un juez.

Los jueces administradores del tribunal de distrito y del tribunal de justicia del condado Fort Bend no respondieron a la solicitud de entrevista de Noticias 45 Investiga sobre la pesquisa federal que todavía continúa.

En la decisión del caso Lau v. Nicholsde 1974 el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció que no tomar medidas razonables para garantizar un acceso significativo a la justicia a las personas con dominio limitado del inglés es una forma de discriminación por nacionalidad, prohibida por el Título VI de la Ley de Derechos Civiles.

Pero hacer cumplir las disposiciones del Título VI de la ley de Derechos Civiles ha sido un gran reto a nivel Nacional.

En 2012, el Departamento de Justicia investigo señalamientos contra tribunales de Carolina del Norte por negar interpretes en sus juzgados. Después de la pesquisa y bajo la supervisión del gobierno federal, el estado implementó programas para garantizar una equitativa administración de la justicia a personas con dominio limitado del inglés.

En una carta de 2010 a los jefes y administradores de los tribunales de todo el País, el entonces asistente del fiscal general, Thomas Perez, suscribió: “Una administración justa, eficiente y precisa de la justicia es la piedra angular del poder judicial. Las políticas y practicas que niegan a las personas con un dominio limitado del inglés ese acceso a la justicia socava esa piedra angular”. En la misma carta, Perez recordo a los jefes de tribunales que limitar el acceso a interpretes en los juzgados en casos criminales y de familia es contraria a la ley y jurisprudencia vigentes.

Sin embargo, el problema persiste y con repercusiones importantes.

“De vida o muerte a veces, porque si tienes un proceso con una pena capital y [el acusado] no tiene el intérprete adecuado, cómo podemos saber que realmente se obtuvo justicia para esa persona”, cuestiona la interprete licenciada Sandra Dejaux.

Dejaux ha denunciado ante la Comisión Reglamentaria de la Rama Judicial de Texas (JBCC, por sus siglas en inglés) la utilización de intérpretes no cualificados en procesos civiles y criminales en los condados texanos de Harris y Fort Bend.

En Texas existen dos tipos de licencia para interpretes jurídicos: la licencia básica y la ‘master’. La designación básica se otorga a aquellos que obtuvieron un 60 por ciento en el examen de certificación y los acredita para interpretar en juzgados municipales. Solo los licenciatarios con designación ‘master’ pueden interpretar en tribunales de mayor rango.

De acuerdo con varios testimonios y documentos obtenidos por Noticias 45 Investiga, el problema es que con frecuencia los tribunales no verifican las credenciales de quienes se presentan como interpretes en los juzgados, permitiendo que abogados y hasta empleados administrativos del tribunal interpreten para quienes no habla inglés.

Dos proyectos de ley ante la consideración de la legislatura de Texas buscan eliminar en la práctica la diferencia entre la licencia ‘máster’ y la básica.

Los proyectos HB 3627 de la Cámara de Representantes y SB 2176 del Senado establecen que “un intérprete de la rama judicial que tenga una licencia expedida bajo este capítulo podrá interpretar procedimientos judiciales en todos los tribunales en este estado, independientemente de si la licencia tiene designación básica o designación ‘máster’”.

Quienes favorecen el cambio argumentan que la medida permitirá que un número mayor de intérpretes puedan ejercer en los juzgados de distrito. En la actualidad existen cerca de 500 intérpretes licenciados en todo el estado de Texas, 47 de ellos con la designación básica.

La Asociación de Interpretes y Traductores de Houston, que se opone a las enmiendas de ley, argumenta que “al permitir que las personas con dominio limitado del inglés sean atendidas por intérpretes que no interpretan con precisión el 40% de lo que se dice en un procedimiento legal, Texas está poniendo en grave peligro a la administración de justicia.”

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