Legisladores visitarán centros de detención de familias inmigrantes en Texas

Ocho congresistas demócratas visitarán dos centros de detención de familias inmigrantes en Texas tras recibir “preocupantes” informes sobre las condiciones en las que viven los niños y adultos, y con la esperanza de avanzar hacia un sistema alternativo que no mantenga recluidos a los “refugiados”. Los congresistas visitarán el lunes y el martes los centros de detención de Karnes City y Dilley, situados ambos a alrededor de una hora de distancia de San Antonio (Texas), para hablar con los inmigrantes, la mayoría centroamericanos, detenidos allí a la espera de que avance su proceso migratorio en los tribunales.

“Estas familias no deberían estar ahí, pero dado que lo están, queremos ir allí y asegurarnos de que las condiciones en las que se les esta deteniendo son seguras, humanas y compasivas”, dijo hoy en una conferencia de prensa Joaquín Castro, demócrata por Texas. Junto a Castro, viajará a San Antonio el “número dos” de los demócratas en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer (Maryland), además de los legisladores Luis Gutiérrez (Illinois), Raúl Grijalva (Arizona), Lucille Roybal-Allard (California), Zoe Lofgren (California), Sheila Jackson Lee (Texas) y Judy Chu (California).

Todos ellos firmaron una carta enviada el pasado 27 de mayo al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, en la que un total de 135 demócratas de la Cámara de Representantes pedían el fin de la detención de las familias inmigrantes, una práctica que el Gobierno retomó tras la oleada migratoria del año pasado. “Hemos recibido una serie de preocupantes informes sobre el impacto que estar en prisión está teniendo en los niños” inmigrantes, aseguró hoy la legisladora Lofgren.

El congresista Hoyer precisó que, según estudios científicos, “detener a los niños en condiciones de prisión les sitúa en riesgo de problemas médicos y de desarrollo, a corto y largo plazo”. “La mayoría de los niños que están detenidos ya han pasado por situaciones de una dureza inexplicable”, añadió Hoyer, en referencia a la violencia y el narcotráfico que empujan a las familias a abandonar sus países de origen, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Los legisladores también quieren examinar las condiciones en que están detenidas las familias, porque han escuchado “historias terribles sobre alimentos insuficientes y agua sucia” en esos centros, según explicó Roybal-Allard. Los congresistas pidieron al Departamento de Seguridad Nacional que desarrolle alternativas a la detención de inmigrantes en esos centros, que el presidente Barack Obama cerró cuando llegó al poder en 2009 pero que volvió a abrir el año pasado ante la llegada de decenas de inmigrantes, en su mayoría niños y mujeres.

“Creo que la mayoría de estas personas son refugiados, y deberían tener una oportunidad de demostrar que lo son”, indicó hoy Castro. El legislador dijo que hay “una legión, una red de organizaciones sin ánimo de lucro que están preparadas para ayudar a proporcionar una vivienda alternativa a estas personas”.

Lofgren añadió que hay líderes comunitarios y religiosos que se han ofrecido para asesorar a los inmigrantes y asegurarse de que acudan puntualmente a las citas en los tribunales sobre su proceso migratorio, que en la mayoría de los casos lleva a la deportación. “La Comisión de Derechos Humanos de la ONU está vigilando de cerca cómo está tratando Estados Unidos a estos niños, porque los estamos tratando mucho peor que los refugiados de Oriente Medio en Jordania”, afirmó Lofgren.

Los legisladores recordaron que los centros de detención los gestionan “empresas privadas con ánimo de lucro”, que “no tienen obligación de informar al Gobierno federal sobre los abusos” que puedan cometerse en las instalaciones, según Jackson Lee. “Hay una falta de transparencia, una falta de supervisión y una falta de verdadero debido proceso” en los centros de detención a consecuencia de esa gestión y supervisión privada, dijo Grijalva.

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