Legisladores reintrodujeron el Acta de Confianza

Los legisladores Tom Ammiano, y Luis Alejo en conjunto con el Senador estatal Kevin De Leon, reintrodujeron el lunes 3 de diciembre el Acta de Confianza, (el “Trust Act” en ingles), reviviendo las esperanzas entre la comunidad inmigrante del fin a deportaciones injustas.

Un dia despues, el 4 de diciembre, la Procurador General de California Kamala Harris, el superior oficial de la ley del estado, emitió un boletín diciendo que el cumplimiento con el programa Comunidades Seguras (“Secure Communities”) del gobierno federal es voluntaria.

El programa federal verifica el estatus migratorio de las personas que están detenidas por algún delito.

El boletín de Harris dice peticiones federales de detenciones de inmigración “son peticiones no mandatos”.

Harris dice que la policía puede decidir si desea cumplir sobre la base de sus “prioridades de seguridad pública o el mejor uso de los limitados recursos locales del orden público”.

El corregido proyecto de ley de las asambealistas tiene como finalidad poner un alto a los resultados negativos del programa federal Comunidades Seguras, el cual según activistas ha deportado a miles de residentes indocumentados injustamente desde su incepción en 2008.

Un proyecto de ley similar fue vetado por el gobernador Jerry Brown en Septiembre pasado alegando que la medida hubiese prohibido la cooperación local con autoridades federales aun cuando la persona arrestada haya sido condenada por crímenes violentos, incluyendo abuso sexual de menores, tráfico ilegal de drogas, venta ilegal de armas y trata de blancas, entre otros.

Ammiano aseguró que la nueva versión “3.0” satisface las demandas establecidas por el gobernador, limitando la participación estatal con las autoridades federales, siempre y cuando respeten lo establecido por el presidente Barack Obama de deportar a criminales con ofensas mayores después de cumplir sus respectivas sentencias.

“Quise reintroducir este proyecto de ley inmediatamente porque las políticas actuales afectan a las personas todos los días”, comentó Ammiano en un comunicado.

Los legisladores, todos pertenecientes al partido Demócrata, alegan el programa federal ha fallado en su objetivo principal ocasionando la separación de familias por deportaciones injustas.

Datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en ingles), indican que hasta agosto 31 del presente año 166,000 inmigrantes indocumentados habían sido deportados, de los cuales se calcula 82,500 provinieron del estado de California.

Del número total, ICE asegura alrededor de 61,000 inmigrantes indocumentados fueron convictos por delitos mayores, incluyendo homicidio, violación sexual, y abuso sexual de menores. El programa es actualmente implementado en más de 3,000 jurisdicciones en todo el país, incluyendo los condados de San Bernardino y Riverside.

El gobernador Brown no se ha promulgado al respecto; sin embargo, existe la esperanza de que el Acta de Confianza llegue a su escritorio en las próximas semanas y pueda entrar en vigor a principios de año.

Emilio Amaya, director ejecutivo del Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino, indicó que la nueva medida “cobra mayor importancia” debido a los lineamentos dados a conocer por la procuradora general Kamala Harris en el sentido de que las ordenes de detención de inmigración conocidos como “ICE holds” son de naturaleza voluntaria y a discreción de las diferentes oficinas de policía y alguaciles.

“Los nuevos lineamentos crean mayor confusión y dan lugar a que los diferentes condados tomen políticas diferentes de carácter discriminatorio ya que una persona detenida en un condado conservador tales como San Bernardino o Riverside puede ser entregada a inmigración cuando son detenidos por presuntamente haber cometido un delito mientras que alguien que vive en la ciudad de Los Angeles o San Francisco no tendría el mismo problema”, comentó Amaya. “Sin una ley estatal clara sobre la cooperación con la oficina de ICE solo se da lugar a que se incremente el uso del perfil racial y las políticas discriminatorias”.

En efecto, la procuradora Harris anunció que las agencias del orden no están obligadas a participar con el programa federal alegando que demasiadas personas con ofensas menores han sido deportadas.

Las ciudades de Los Angeles y San Francisco son dos de varias ciudades que restringen la participación de autoridades locales con el programa federal, alegando que no solo deporta a criminales sino también a víctimas de crímenes debido a su status migratorio.

“Comunidades Seguras no ha sido lo que aspiraba ser. Las peticiones migratorias de desahucio no son obligatorias y cada agencia tiene la opción de tomar su propia decisión”, comentó Harris en un comunicado. “Quiero que la victima de violación sexual este absolutamente segura de que cuando alerte a la policía será protegida, y que no tenga miedo de que esta alertando a las autoridades migratorias”.

Organizaciones que abogan por derechos del inmigrante, incluyendo la Coalición pro derechos del Inmigrante en Los Angeles (CHIRLA por sus siglas en ingles), hacen un llamado al gobernador Brown a que firme cuanto antes la medida en cuanto arribe a su escritorio.

“En honor a nuestra diversa y multicultural población, buscamos no menos que una defensa gladiadora de nuestro gobernador Brown hacia un programa divisivo y contrario a la intuición como lo es el programa Comunidades Seguras. Mientras que el gobierno federal se compromete a escala nacional a un enfoque bipartidista para una reforma migratoria y las medidas de ejecución, California debe hacer lo que puede para proteger a las familias de deportaciones injustas y mayor erosión de la confianza de la policía local y la comunidad”, indicó Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA en un comunicado. “El gobernador Brown debe firmar el Acta de Confianza lo más pronto posible”.

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