Legisladores de California buscan evitar que las cárceles se renten a ICE

En el Senado de California, un proyecto de ley busca prevenir que las cárceles reciban subsidio estatal cuando tienen un contrato con el Servicio de Migración y Aduanas (ICE) para asistirlos con la detención de inmigrantes.

La medida SB 630 prohibiría concretamente a las cárceles del Sheriff que rentan espacios a entidades públicas y privadas, que reciban dinero estatal para ampliar y mejorar sus instalaciones.

También las obligaría a certificar que no van a rentar sus espacios por lo menos durante diez años después de ampliar sus instalaciones.

Quedarían exentos de cumplir con esta medida, las cárceles que renten camas a otros estados.

Para la senadora demócrata de Berkeley, Nancy Skinner autora de la iniciativa, lo que se busca es que las agencias locales de policía den prioridad a sus obligaciones locales.

“Si una cárcel tiene suficiente espacio para rentar camas a agencias externas, entonces despierta dudas sobre la necesidad de hacer una inversión multimillonaria en dólares”, cuestionó.

Dijo que todavía esto es más preocupante si se toma en cuenta que el estado tiene fondos muy limitados.

“Queremos asegurarnos que cuando construyamos más cárceles realmente se necesiten, y no cuando ya existe suficiente capacidad”, dijo Skinner en una entrevista con la cadena de televisión NBC del área de la bahía.

Aclaró que no van poner fin a los contratos que el ICE y las policías locales mantienen.

“Simplemente dichas cárceles no van a calificar para recibir fondos que están destinados para la realineación carcelaria estatal de 2011”, precisó.

Y dejó en claro que no previene los contratos pero ciertamente manda un claro mensaje para que las prioridades del estado se cumplan. Pero les dio una opción: “El gobierno federal puede construir sus propias instalaciones”, subraya.

La medida cuenta con el apoyo de organizaciones que buscan una reforma de la justicia criminal en especial del condado de Contra Costa en el norte de California. Ellos han mantenido protestas en la oficina del sheriff por rentar a ICE 200 camas en la cárcel de Richmond.

En la actualidad, el sheriff David Livingston solicitó 70 millones de dólares para ampliar las instalaciones a la Junta de Prisiones Comunitarias y Estatales, y se ha quejado de que esta medida pone en riesgo sus planes.

La activista pro derechos de los inmigrantes Claudia Jiménez quien ha emprendido la campaña contra la ampliación de las cárceles #ServicesNotCells dijo que si la medida de Skinner es hecha una ley será una gran cosa sobre todo porque hay mucho miedo en las comunidad por la relación entre el ICE y el Departamento del Sheriff.

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