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Las muertes de migrantes en centros de detención de ICE “eran prevenibles”, según abogados
Publicado el 13 de junio de 2019
por Jorge Cancino en Univision Noticias. Fotografía de Lucy Nicholson/Reuters.
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y el Consejo de Inmigración Estadounidense (AIC) enviaron una carta al director del servicio de salud de ICE, Stewart Smith, y a la directora interina de la Oficina del Inspector General, Jennifer Costello, en la que, citando documentos del DHS, sostienen que las muertes en centros de detención de inmigrantes podían haberse evitado. Además, enviaron un informe actualizado en el que ponían de relieve las malas condiciones del centro Aurora, ubicado en Denver, Colorado.
AILA y AIC denunciaban así que las condiciones en dicho centro han empeorado en el último año poniendo en situación de riesgo a cientos de migrantes enviados a esas instalaciones.
La denuncia, contenida en un informe enviado la semana pasada vía electrónica al director del servicio de salud de ICE, Stewart Smith, y a la directora interina de la Oficina del Inspector General, Jennifer Costello, se trata de una ampliación de un informe que había sido entregado la primera vez el 4 de junio de 2018 a nombre de las personas detenidas en ese centro, pero las condiciones del lugar en vez de mejorar “empeoraron”, indican.
“Seguimos preocupados con respecto a la atención médica y de salud mental, peligrosamente inadecuadas en las instalaciones de Aurora, que amenazan la salud y el bienestar de las personas detenidas, así como su capacidad para tramitar sus solicitudes de inmigración y asilo”, agrega el reporte.
El reporte advierte, además, que varios factores circunstanciales registrados durante el año pasado “han hecho que la situación de las personas detenidas en las instalaciones de Aurora sea considerablemente peor”.
Tanto AILA como el AIC precisan que en enero de 2019 la empresa GEO Group, Inc. (GEO), la mayor compañía privada de prisiones en Estados Unidos y que posee y opera la instalación de Aurora, “amplió el centro de detención inaugurando un anexo con 432 camas (‘Aurora South’), aumentando la capacidad de las instalaciones a 1,532 camas”.
A pesar de la drástica expansión, “el personal de GEO y los empleados de ICE siguen siendo insuficientes para manejar la creciente población. De hecho, GEO continúa contratando a un solo médico a la vez para supervisar a toda la población detenida”.
La queja añade que mientras esta situación se registra en el centro de detención Aurora, “el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continúa solicitando fondos adicionales al Congreso para detener a un número sin precedentes de inmigrantes en su red de centros de detención de inmigrantes en todo el país”.
Y apunta que, de acuerdo con informes recientes, “aproximadamente 52,000 adultos solteros se encuentran en estos momentos bajo custodia de ICE” mientras la evidencia continúa creciendo tanto en Aurora como en otros centros, evidencia de que “el DHS no es capaz ni está inclinado a responsabilizarse humanamente y de manera responsable de quienes están bajo su custodia”.
En la carta enviada a Smith y Costello, AILA y el Concejo indicaron que a principios de junio la Oficina del Inspector General (OIG) emitió un informe que documenta las condiciones “notorias” en las instalaciones de ICE, incluida la instalación de Aurora, en 2018.
La OIG elaboró el informe luego de varias inspecciones no anunciadas en el sitio entre mayo y noviembre de 2018 y, de acuerdo con documentos del DHS recientemente filtrados, se halló una nota interna clasificado como asunto ‘Urgente’ en el que se indica que “las muertes de varias personas detenidas bajo la custodia de ICE eran prevenibles”.
“En un memo del 3 de diciembre de 2018 dirigido a Matthew Albence, entonces director adjunto interino de ICE, un supervisor de ICE declaró: ‘IHSC [Cuerpo de Servicio de Salud de ICE] es muy disfuncional y, lamentablemente, ha ocurrido un daño y la muerte de detenidos’”, dice la denuncia.
Además, agregan los abogados de AILA y los investigadores del Consejo, “la revisión oficial hecha por ICE de la muerte ocurrida en diciembre de 2017 del inmigrante Kamyar Samimi poco después de ser llevado a la sala de emergencias de las instalaciones de Aurora, reveló que el personal médico no manejó de manera adecuada su tratamiento”.
A la falta de revisiones y el mal manejo de situaciones graves que han desembocado en el fallecimiento de migrantes en el centro de detención de ICE Aurora, el reporte indica que “se han producido varios brotes de paperas y varicela a lo largo de los últimos meses” y que la empresa que opera el centro “no ha vacunado ni evaluado adecuadamente la salud mental de los migrantes bajo la custodia de ICE”.
AILA y la AIC denuncian que los manejadores del centro han exacerbado situaciones, han segregado a la población detenida y les han impedido el acceso a los abogados para asistir sus casos, “complicando la capacidad de los inmigrantes para prepararse legalmente” y defender sus permanencias en Estados Unidos en el marco del debido proceso migratorio.
También reitera la “necesidad critica de mejorar la atención médica” que el centro brinda a los migrantes enviados bajo la custodia de ICE, la agencia federal que encabeza la fuerza nacional de deportaciones del gobierno de Trump.
El reporte, además incluye cinco historias que, dicen los autores del estudio, “ilustran el continuo fracaso del gobierno para brindar atención médica y de salud mental adecuada a las personas detenidas en las instalaciones de Aurora”.
“Al igual que en la queja original (presentada el año pasado), estos casos demuestran cómo ICE y GEO violan repetidamente los estándares de detención aplicables, la Constitución, el derecho interno y el derecho internacional” de los migrantes, indica la actualización de la denuncia.
Tanto AILA como el AIC indican que “hace un año nuestras organizaciones compartieron graves preocupaciones con respecto a la falla sistémica por parte de ICE y GEO para brindar atención médica y mental adecuada a las personas detenidas en las instalaciones de Aurora”.
“La atención problemática, como los casos descritos anteriormente, no solo causa sufrimientos innecesarios y pone vidas en riesgo, sino que también afecta profundamente la capacidad de estas personas para trabajar de manera efectiva con abogados y luchar por sus casos de inmigración”, añade.
Ambas organizaciones señalan además que “hasta la fecha, no hemos visto ningún esfuerzo realizado por la agencia para implementar nuestras recomendaciones o abordar estas inquietudes de manera significativa. De hecho, a pesar de las visitas a los sitios de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) y la Oficina del Inspector General (OIG), las condiciones (en el centro de detención Aurora) siguen empeorando y la población sigue creciendo”.
“Instamos al DHS a tomar medidas inmediatas e implementar mecanismos de supervisión significativos para mejorar la atención médica y mental en las instalaciones de Aurora. Hasta entonces, las personas seguirán sufriendo innecesariamente y morirán en los centros de detención de inmigrantes, como Aurora. Dada la gravedad de estas violaciones y el impacto inmediato en la salud y seguridad de las personas detenidas en las instalaciones de Aurora, le solicitamos que considere este suplemento y la queja original de manera expedita”, solicitaron.
Un análisis de la cadena NBC de datos federales publicado esta semana, reveló que en lo que va del gobierno de Donald Trump 24 inmigrantes han muerto bajo la custodia de ICE. Otros cuatro fallecieron poco después de ser liberados. La cifra, sin embargo, se mantiene por debajo de las 32 muertes registradas en 2004, durante el gobierno de George W. Bush, el primer año en que se llevaron registros de años completo.
ICE inició operaciones en 2003 tras la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Estos son los 5 casos recopilados en el informe elaborado por AILA y el AIC.
El caso Patrick: un inmigrante con historial de intento de suicidio
Un inmigrante apátrida originario de Sudán con varios intentos de suicidio. Fue liberado del centro Aurora la primera semana de junio de 2019 y estuvo bajo custodia de ICE desde agosto de 2018. Había sido diagnosticado de una lesión cerebral, trastorno convulsivo, depresión, ansiedad, trastorno polar y trastorno por estrés postraumático. Patrick experimentó al menos dos ataques mientras estuvo bajo custodia de ICE en el centro de detención Aurora.
Patrick tenía un historial de al menos dos intentos de suicidio antes de ser detenido por ICE. Ambos ocurrieron mientras estuvo detenido en otras instalaciones en el pasado. Patrick también intentó suicidarse durante su detención en las instalaciones de Aurora. A finales de abril, Patrick sufrió una crisis de salud mental provocada por su frustración debido a atención médica inadecuada que estaba recibiendo durante la detención. Antes de ser detenido, Patrick se beneficiaba de terapia individual y grupal semanal, tenía una enfermera que hacía visitas a domicilio y tenía acceso a un médico para modificar regularmente sus recetas para que sus medicamentos pudieran satisfacer mejor sus necesidades. Patrick indicó que nunca tuvo acceso a terapia en detención y, como resultado, sus mecanismos para lidiar con el estrés se deterioraron. Es decir, después de lastimarse la mano, le tomó dos días recibir atención médica. Necesitaba elevar su petición con un teniente de GEO para poder acceder a un proveedor médico. Sin embargo, una vez examinado, la enfermera se burló de él causando que su estabilidad mental se disparara.
Sobre la base de amenazas de autolesión, Patrick fue puesto en vigilancia suicida en las instalaciones de Aurora. El migrante afirmó que inicialmente se negó a entrar en la sala utilizada para vigilarlo porque estaba sucia. Los miembros del personal de GEO la limpiaron para que fuera habitable. Luego, los guardias de GEO obligaron a Patrick a quitarse los zapatos y los calcetines. Una vez dejado solo, Patrick intentó estrangularse con su ropa. Desesperado, Patrick también comenzó a embestir su cabeza contra la pared. Poco después se desmayó. Los guardias de GEO más tarde le dijeron a Patrick que sufrió de un ataque. Sin embargo, esto no se refleja en sus registros médicos.
Posteriormente, Patrick estuvo bajo vigilancia suicida durante aproximadamente una semana. Inmediatamente después de los intentos de suicidio de Patrick, fue visto por el proveedor de servicios de salud mental de GEO, quien le informó que lo enviarían a una segregación punitiva inmediatamente después de su tiempo de vigilancia de suicidio. Alarmado ante la posibilidad de enviar a una persona segregada con un historial suicida en régimen de aislamiento, el abogado de Patrick contactó a GEO directamente, así como a ICE.
Los abogados presionaron para colocarlo de nuevo con la población general. Por otra parte, Patrick dijo que durante meses recibió regularmente la dosis incorrecta de sus medicamentos para controlar sus ataques y para su depresión y ansiedad, y que la administración de sus medicamentos fue incorrecta. Se le establecieron las horas del día en que se le ha indicado que tome sus medicamentos para obtener la mejor eficacia. Sin embargo, la distribución de los medicamentos durante su detención fue irregular, especialmente durante el turno de la noche en el centro de detención, lo que a veces hizo que Patrick recibiera la medicación tres o cuatro horas después de la hora recomendada.
La hija de Omar comentó sobre el deterioro de la salud de su padre: “Me duele ver a mi padre en tan malas condiciones. Es doloroso. Solía ?ser independiente y caminaba bien. Ahora es tan dependiente de los demás y tiene que usar una silla de ruedas. Ojalá pudiera ser yo quien lo ayude. Soy una enfermera certificada y es muy difícil ver a mi padre sufrir tanto. Es realmente difícil escuchar pensamientos suicidas que nunca tuvo hasta que llegó aquí”.
Omar podía caminar cuando llegó a las instalaciones de Aurora. Sin embargo, su movilidad se ha deteriorado gravemente desde su detención. Omar no puede realizar muchas tareas diarias sin ayuda, incluido el baño, por lo que confía en otras personas detenidas en las instalaciones para que lo ayuden, lo que incluye ser empujado alrededor de las instalaciones en esta silla de ruedas. Omar reportó haberse caído en la ducha en más de una ocasión. Esto plantea serios riesgos de seguridad debido al potencial real de lesiones por una caída en la ducha y por la atención que prestan personas sin licencia, aparte de su familia, en circunstancias increíblemente privadas y personales.
Omar indicó que la administración de su medicación es inconsistente.Sufre de migrañas diarias y se queja de que no puede dormir toda la noche debido al dolor que experimenta. Omar informó que está desorientado cuando el personal médico cambia la cantidad de píldoras que recibe cada día sin explicar por qué y no puede informar de manera efectiva qué medicamentos no está recibiendo cuando existen brechas en la administración de su medicamento. Según Omar, la enfermera le informó que estaba recibiendo menos píldoras porque se habían quedado sin el medicamento que debía recibir. Debido a las profundas deficiencias de Omar, no puede determinar si está recibiendo los medicamentos y la dosis correctos y no puede autogestionar una atención adecuada. Omar informó que teme morir en las instalaciones y que nunca tendrá la oportunidad de regresar con su familia.
No está claro cuántas solicitudes de atención médica ha presentado Omar debido a que no recibió una copia de ninguna comunicación enviada electrónicamente en su nombre. El abogado de Omar también solicitó atención médica especializada para su cliente y notificó a ICE su inconsistente administración de medicamentos.
El abogado de Omar contrató a un médico independiente para completar una evaluación médica en apoyo de su caso legal. En su informe, el médico describe algunas de sus preocupaciones: “En mi opinión, si este cliente permanece detenido o es deportado a su país de origen, podría haber riesgos potenciales para su salud. Él está viviendo con discapacidades físicas, así como con trastornos mentales y discapacidades que actualmente no se están tratando adecuadamente. Específicamente, durante la detención no ha recibido el tratamiento adecuado para su asma, ataques de pánico, ansiedad, problemas de visión o audición, dolor lumbar, dolores de cabeza o enfermedad de Parkinson”.
En abril de 2019, ICE rechazó la solicitud de Omar de salir en libertad condicional humanitaria, que se presentó debido a las preocupaciones sobre sus discapacidades médicas y de salud mental. Después de que el juez de inmigración rechazó la solicitud de Omar para una audiencia de fianza, apeló la denegación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.
Actualmente, Omar se encuentra recluido en un dormitorio que está sujeto a una “cuarentena por un brote de varicela y no fue llevado a una visita legal con su abogado la primera semana de junio de 2019.
Isabel es una mujer transgénero que ha estado detenida en el dormitorio de hombres en las instalaciones de Aurora desde enero de 2019. Durante su período de detención a Isabel se le ha negado atención médica crítica y ha sufrido repetidos hostigamientos verbales y sexuales.
Isabel comenzó la terapia de reemplazo hormonal en 2011. Al llegar a las instalaciones de Aurora en enero de 2019, se vio obligada a dejar de tomar hormonas repentinamente a pesar de notificar al personal médico que había estado previamente en terapia hormonal. Isabel ha estado privada de hormonas por más de tres meses, durante todo el período de su detención. Isabel dice que, en un momento dado, el personal médico le informó que la incluirían en una lista para ver a un especialista que podría prescribir sus hormonas. Además, tanto Isabel como su abogado han realizado numerosas solicitudes de atención médica. Sin embargo, Isabel todavía no ha recibido una cita con un especialista ni ha recibido ningún tipo de tratamiento hormonal. Como resultado, Isabel ha sufrido cambios en su estado de ánimo, apetito y sueño, además de los cambios fisiológicos, como el crecimiento del cabello, que finalmente han provocado que Isabel experimente sentimientos de depresión y desesperanza.
Isabel describe los efectos que la abstinencia hormonal ha tenido en ella: “La experiencia de abandonar el tratamiento hormonal ha sido difícil para mí. Estar sin hormonas durante meses y meses después de tomarlas durante ocho años ha cambiado mi estado de ánimo y me ha hecho sentir deprimida. He perdido mucho pelo. Simplemente no es justo que me traten de esta manera”.
Isabel también ha sufrido un importante acoso durante su período de detención como resultado de su identidad transgénero. Su colocación en un dormitorio para hombres en las instalaciones de Aurora es problemática porque Isabel es una mujer transgénero. Para brindarle un cierto nivel de privacidad, el personal de admisión de la Instalación Aurorale dio a Isabel una sábana para tapar la vista de los demás mientras ella usa el baño. Sin embargo, en varias ocasiones un guardia del centro de detención retiró la sábana, exponiendo a Isabel a todo el dormitorio. Isabel denunció el acoso por parte de la guardia y su abogado envió mensajes de “alta prioridad” a su oficial de deportación, al director de Aurora y al gerente de Cumplimiento de Prevención de Agresión Sexual de GEO.
Ni GEO ni ICE respondieron efectivamente a las quejas. En cambio, un representante de GEO sugirió que Isabel colgara un letrero fuera del baño para notificar al dormitorio y a los guardias que una mujer está usando el baño. Isabel también ha sido acosada por dos hombres detenidos en su dormitorio. Una vez más, Isabel informó sobre estos incidentes de hostigamiento y ICE no tomó ninguna medida.
En palabras de Isabel: “La gente de Aurora Facility, tanto hombres detenidos como guardias, a veces piensa que es su derecho acosarme (…) Creo que es fácil para ellos apuntarme porque soy una mujer transgénero y saben que no podré defenderme”.
La abogada de Isabel ha solicitado que su cliente sea puesta en libertad de inmediato para que pueda estar lejos del hostigamiento y recibir la atención médica que necesita.
Manuel es un hombre de El Salvador de 28 años que estuvo detenido en las instalaciones de Aurora desde enero de 2019 hasta mayo de 2019. Sufre de un trauma sexual que experimentó en El Salvador antes de huir de su país. Él continúa sufriendo física y sicológicamente de este trauma. Manuel indicó que durante su período de detención experimentó sangrado de su ano y dolor severo cuando usó el baño.
Durante su detención en las instalaciones de Aurora, Manuel estaba muy avergonzado y temeroso de notificar al personal médico o de solicitar atención médica debido a la naturaleza personal de sus necesidades médicas. Afirma que temía que otras personas detenidas hubiesen leído el formulario de solicitud médica, hubiesen hecho suposiciones y haber sido sometido a nuevos abusos dentro del centro.
Manuel describe en sus propias palabras lo que experimentó en Aurora: “No deseo esto a nadie. Estar detenido allí fue terrible. Los guardias no tratan bien a la gente. Incluso dicen que no nos conseguirán ayuda médica a menos que nos estemos muriendo. No nos ayudarán hasta que estemos muertos. No desearía esto a nadie. Hubo tantas malas experiencias allí”.
Los defensores de Manuel lo alentaron a buscar ayuda médica. También solicitaron sus registros médicos y presentaron una solicitud de atención médica en su nombre al Administrador de Servicios de Salud de GEO. Una semana después, sus defensores no habían recibido respuesta a ninguna de las preguntas. Incluían proveedores médicos adicionales (el departamento de registros) en un correo electrónico para elevar tanto la solicitud de registros como la notificación de sus preocupaciones médicas. Dos semanas después, sus defensores aún no habían recibido respuesta a ninguna de las preguntas. Su abogado se contactó nuevamente con el departamento de registros y finalmente recibió una respuesta de liberación de sus registros. Ni Manuel ni sus defensores recibieron una respuesta a su notificación de sus preocupaciones médicas y su condición no fue tratada mientras duró su detención.
Manuel también sufrió de abrumadores síntomas de trauma psicológico, que incluyen pesadillas, sollozos, la sensación de haber estado nuevamente en El Salvador siendo perseguido, pensamientos atormentados, abrumado por temores y tristeza, sentimientos de desesperanza y ansiedad, sentirse vigilado permanentemente y arrepentimiento de que los pandilleros no lo hubieran matado. Los defensores de Manuel dispusieron que un especialista independiente viniera al centro de detención para evaluar su salud mental. Un trabajador social clínico con licencia realizó una evaluación con Manuel y le diagnosticó trastorno de estrés postraumático (TEPT). Señaló en su evaluación que la experiencia de ser detenido tuvo un impacto negativo y exacerbó sus síntomas de trastorno de TEPT.
Judith es una mujer mexicana de 42 años detenida en las instalaciones de Aurora. Actualmente se encuentra recluida en un ala nueva de 432 camas llamada Aurora South. Antes de su detención, Judith estuvo en el centro de detención en Eloy, Arizona, donde se resbaló y cayó mientras trabajaba en la cocina. Recibió atención médica en las instalaciones de Eloy, incluidas inyecciones de cortisona para las lesiones de su brazo y rodilla. Una vez en el Aurora South, su condición empeoró, en parte porque tuvo que llevar sus pertenencias de una parte de la instalación a otra, exacerbando sus lesiones. Judith informa que tareas simples como ir al baño, cepillarse los dientes y peinarse el cabello le causan un gran dolor en el brazo derecho. Ella camina inestablemente porque le duele la rodilla y no ha sido tratada. Incluso se esfuerza por dormir porque tiene demasiado dolor. Además, Judith informa que ella y otras personas detenidas desarrollaron recientemente lo que parece ser una reacción alérgica que cubrió su cuerpo de manchas y ronchas.
Judith se reunió con un médico en marzo de 2019, cuatro semanas después de la primera solicitud de atención médica. Judith informó que cuando la vio un médico, las pastillas que le recetó no le aliviaron el dolor, sino que causaron otra reacción alérgica.
En dos ocasiones, en abril y nuevamente en mayo, Judith autorizó la transferencia de sus registros médicos de Eloy con una receta para las inyecciones de cortisona. Sin embargo, hasta la fecha, los registros aún no se han transferido al personal médico de Aurora y Judith no ha recibido ningún tratamiento efectivo para su afección. Ella ha solicitado ver a un especialista para recibir una receta de inyecciones de cortisona para aliviar su dolor constante, pero aún no ha sido atendida por un especialista.
En su visita médica más reciente en mayo de 2019, el médico recomendó que Judith se sometiera a una resonancia magnética para evaluar sus lesiones, pero aún no se ha realizado este examen tres semanas después. Según Judith, un miembro del personal médico recomendó hacer ejercicio para aliviar su dolor; otro miembro del personal médico le dijo que no debería hacer ejercicio si es demasiado doloroso.
Judith indicó: “Este lugar es horrible. La falta de atención médica, la forma en que los guardias nos tratan… Es humillante, grosero e inhumano. En un momento dado, el dolor después de mi accidente fue algo soportable. Ahora, mi condición se ha vuelto complicada debido a su negligencia. Me transfirieron aquí en febrero de 2019. Cuatro meses más tarde, no he recibido la atención médica adecuada, no he transferido los registros médicos anteriores, no se realizó una resonancia magnética (MRI) y la medicación que recibí me ha causado más daño. No puedo soportar más el dolor”.
Judith también solicitó reunirse con un psicólogo durante su detención en Aurora South. Ella informó que se siente indefensa, fatigada y estresada como resultado de su dolor constante.
Clasificación
Nivel legislativo
FederalPaís(es)
Estados UnidosTema(s) general(es)
Tema(s) especifico(s)
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