Las deportaciones pasan de los 2 millones y ponen en jaque al gobierno de Obama.

“Muchas de esas deportaciones han sido innecesarias”, dijo Alí Noorani, director ejecutivo del National Immigration Forum (Foro Nacional de Inmigración –NIF-).
Las estadísticas oficiales muestran que en el curso del año fiscal 2009 fueron deportados 389.834 indocumentados, en 2010 se registraron 392.862, en 2011 la cifra alcanzó los 396.906, en 2012 se contabilizaron 409.849 y en el 2013 la cantidad bajo ligeramente a 368.644. El total asciende a 1.958.095, es decir, un promedio mensual de 31.582 inmigrantes deportados de Estados Unidos.
La suma de los seis meses del año fiscal 2014, que arrancó el 1 de octubre del año pasado, da 189.492 que, agregada al total de los deportados a partir de 2009, muestran que a la fecha han sido deportados unos 2.147.587 indocumentados.
La estadía sin papeles, recuerdan las organizaciones, sigue siendo una falta de carácter civil no criminal en Estados Unidos. Según ICE, por lo menos el 40% de los deportados desde el año fiscal 2009 no tenían antecedentes criminales.
Los grupos pro inmigrantes reiteran que entre seis a siete de cada 10 deportados no constituían una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y calificaban para ajustar sus permanencias dentro de una reforma migratoria “como la aprobada por el Senado el 27 de junio del año pasado”, dijo Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice.

Entre la espada y la pared
Las cifras son alarmantes. El gobierno rompió cuatro récords sucesivos entre el 2009 y el 2012 con un promedio diario de 1.220 deportados, la mayoría de ellos de origen latino.
Cuando todo parecía perdido, asomó una ligera esperanza. El 11 de noviembre de 2012 dos senadores, el demócrata Charles Schumer (Nueva York) y el republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur), anunciaron que reanudaban las pláticas bipartidistas suspendidas en marzo de 2010 para aprobar una reforma migratoria. Siete meses más tarde, en junio de 2013, el Senado aprobó el proyecto S. 744 que legaliza entre 7 y 9 millones de indocumentados, pero el debate se estancó en la Cámara de Representantes.
En enero de este año los republicanos, encabezados por el presidente del Congreso, John Boehner (Ohio), entregó una lista de principios de la reforma migratoria donde se menciona un duro camino de legalización para los indocumentados, pero una semana más tarde el mismo Boehner anunció que existían dudas respecto a debatir la reforma migratoria en el 2014.
El brusco cambio de rumbo obligó a las organizaciones defensoras de los inmigrantes a apurar el paso con una agresiva estrategia que colocó a Obama entre la espada y la pared. Demandaron al mandatario que use su poder ejecutivo para parar las deportaciones pero sin dejar de lado la presión sobre los republicanos para que reactiven el debate.
Al esfuerzo se sumaron los senadores demócratas Bob Menéndez y Dick Durbin (Illinois) -integrantes del Grupo de los Ocho- y la líder de la minoría demócrata en la Casa de Representantes, Nancy Pelosi (California), quienes le pidieron a Obama que usara su poder ejecutivo para detener las deportaciones de indocumentados familiares inmediatos (cónyuges e hijos solteros menores de edad) de dreamers, de ciudadanos estadounidenses y de residentes que carezcan de antecedentes criminales.
Simultáneamente, la presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR, por sus siglas en inglés), acusó a Obama se ser “deportador en jefe” por la alta cifra de inmigrantes expulsados por su gobierno.
El señalamiento molestó a la Casa Blanca al punto que uno de los asesores del presidente se comunicó por teléfono con Murguía para rechazar el calificativo. Murguía, durante una entrevista con el periodista Jorge Ramos en el programa Al Punto de la cadena Univision, dijo que “no quiero comentar de eso”. Y apuntó que “pensamos que él puede hacer más en evitar estas deportaciones innecesarias”.

El jaque
Una semana después del señalamiento de Murguía, el Caucus Hispano de la Cámara de Representantes amenazó con emitir una resolución para presionar a Obama con el propósito que frene las deportaciones.
La postura del Caucus, sumado a las iniciativas de Menéndez, Durbin, Pelosi, La Raza y las organizaciones pro inmigrantes, pusieron a Obama en una posición incómoda. No sólo ante su propio partido, sino que desviaron la atención de la opinión pública, puesta primero sobre la reforma migratoria y el bloqueo impuesto por los republicanos, hacia las deportaciones y el presidente.
El jueves, el mismo día que el Caucus iba a emitir la resolución, Obama se reunió en la Casa Blanca a puertas cerradas con los congresistas demócratas Luis Gutiérrez (Illinois), Xavier Becerra (California) y Rubén Hinojoza (Texas) para hablar del tema.
Al término del encuentro, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que dijo que el presidente revisará la política de deportaciones y que le pidió al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Jeh Johnson, “que le presente un inventario de nuestras prácticas actuales para ver cómo podemos realizar la aplicación de la ley de una forma más humana dentro de los límites de la ley”.
La conversación, agregó, se centró en los esfuerzos que tanto el presidente como los congresistas están llevando a cabo para aprobar una reforma migratoria de sentido común en la Cámara de Representantes este año.
“El Presidente destacó su profunda preocupación por el dolor que sienten demasiadas familias por la separación que resulta de nuestro sistema de inmigración descompuesto”, dijo la Casa Blanca.

Apagando fuegos
Al día siguiente Obama se reunió a puertas cerradas con activistas que defienden los derechos de los inmigrantes en la Casa Blanca. Durante el encuentro, el mandatario comunicó a los dirigentes las medidas anunciadas el día anterior y los esfuerzos que su administración lleva a cabo ante el Congreso por la reforma migratoria.
“Queremos que se ponga fin a las políticas obsoletas que separan a las familias, disminuyen la seguridad pública y desestabilizan nuestra economía”, dijo Noorami al término del encuentro. “Apoyamos la decisión del presidente de revisar la política de deportaciones, pero es claramente una medida provisional”.
Para Lorella Praeli, del grupo United We Dream –una de los grupos que asistió a la reunión-, los invitados le dijeron a Obama que la revisión de la política de deportaciones era “insuficiente”, y que en los intentos de discreción procesal hechos hasta ahora sólo el 7% de los casos se cerraron por la vía administrativa, reportó el diario La Opinión de Los Angeles.
“Las órdenes del Presidente para evaluar formas `más humanitarias` de deportar a nuestros seres queridos significa poco si no se toman pasos específicos y rápidos para detener la separación de más familias en los próximos meses”, dijo a UnivisionNoticias.com Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA). “De evaluación en evaluación ya hemos rebasado los 2 millones de deportados y eso es inaceptable”, agregó.
CHIRLA fue una de las organizaciones que el viernes asistió a la reunión a puertas cerradas con Obama. Cabrera dijo que tras el encuentro “continúa realzando el hecho que la gran mayoría de los deportados no presentan ninguna amenaza a la comunidad o la seguridad pública. Nos están deportando porque es políticamente aceptable y porque la industria de la deportación llena los bolsillos de varios intereses muy poderosos”.
“El grito de nuestra batalla sigue siendo la unificación de nuestras familias y la aprobación, en el Congreso, de una solución permanente a las quebrantadas leyes de inmigración”, agregó el activista. “El Presidente puede tener todas las buenas intenciones de ayudar a nuestra comunidad pero no está ayudándonos. Mientras tanto, los Republicanos en la Cámara de Representantes continúan jugando con nuestras vidas, sordos, ciegos, tercos a cualquier sugerencia de cambio”.
 
Quienes se beneficiarían
Un cambio en la política de deportaciones del DHS no es suficiente para aliviar el problema, dijo el abogado Ezequiel Hernández, un experto en la ley de inmigración estadounidense. Sugirió que el gobierno debería probar otras medidas paralelas mientras la Cámara decide someter a voto la reforma migratoria.
Añadió que mientras tanto, algunas soluciones son posibles dentro de la orden de revisión dictada por el presidente. Citó, por ejemplo, detener la deportación de indocumentados con ordenes de salida voluntaria, inmigrantes sin antecedentes criminales, aquellos que están pidiendo que se les cancele una orden de deportación, personas con trámites migratorios pendientes, inmigrantes sin permiso de estadía legal que tienen familiares ciudadanos o quienes están en un centro de detención de ICE por reclamo de asilo político.
“En términos de crímenes, no deberían contar el uso de tarjetas de seguro social falsos o robo de identidad donde un inmigrante lo único que hizo fue usarlos para trabajar, agregó.
Como medidas paralelas, Hernández sugirió “extender la edad límite o mínima de la Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés) de 30 a 36 años, proteger a los dreamers que no pueden demostrar que ingresaron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad, amparar a los familiares de militares y también a los esposos de ciudadanos para que puedan ajustar su estatus”.
Otras medidas recomendadas por Hernández son la reapertura de la Sección 245(i) de la Ley de Inmigración y la creación de un DACA para adultos.
Hernández advirtió que sólo un memorándum no va a solucionar el problema y que se requiere de una “Acción Procesal” para brindar el amparo y la protección debidas a los indocumentados para que permanezcan legalmente en Estados Unidos.
La Sección 245(i) de la Ley de Inmigración permite que ciertas personas elegibles se conviertan en residentes permanentes sin necesidad de salir del país. Indocumentados familiares directos pueden ser pedidos por ciudadanos o residentes permanentes, o por empleadores. Mientras el indocumentado aguarda un cupo de visa disponible, puede permanecer en Estados Unidos.
Una vez se produzca un cupo de visa, el indocumentado paga una multa y se libera de la Ley de Castigo que sanciona con 3 años fuera del país si la permanencia sin papeles fue de 180 días o más, o de 10 años si la permanencia indocumentada fue de 365 días o más. El 21 de diciembre de 2000 el entonces presidente, Bill Clinton, activó la sección hasta el 30 de abril del 2001. El beneficio favoreció a unos 640 mil indocumentados, la mayoría de ellos de origen mexicano.

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