La separación de familias en la frontera continúa a pesar del freno impuesto por un juez

Publicado el 29 de noviembre de 2018
por Jorge Cancino en Univisión Noticias. Fotografía de AP.

Cuando el juez federal Dana Sabraw ordenó el 26 de junio al gobierno de Donald Trump que reunificara a las 2,564 familias migrantes separadas forzosamente en la frontera entre el 5 de mayo y mediados de junio, muchos pensaron que esta política había sido frenada en su totalidad. Cinco meses después abogados y activistas están denunciando que las separaciones continúan, pero el gobierno aclara que éstas no forman parte de la política de ‘tolerancia cero’.

Un reporte elaborado por abogados de la organización Catholic Charities, una red nacional de ayuda a inmigrantes revela que en los últimos meses se han registrado al menos 16 nuevas separaciones. Y el medio ProPublica reporta otro caso a fines de octubre. Se trata de un padre de origen salvadoreño al que le fue arrebatado su hijo de 4 años tras cruzar la frontera y pedir asilo.

Por medio de un correo electrónico, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) dijo a Univision Noticias que “de acuerdo con los requisitos para proteger a los niños bajo la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de la Trata de Personas (TVPRA), hay casos en que un niño puede ser separado de un padre únicamente por su bienestar y no debido a la política de tolerancia cero”.

Y agregó que, “la separación es una posibilidad en circunstancias exigentes para proteger al niño y garantizar el bienestar del niño, y no es atribuible a la tolerancia cero”.

La política de ‘tolerancia cero’ en la frontera ordenada por Trump consistió en presentar cargos criminales por entrada a inmigrantes con o sin el acompañamiento de menores.

En mayo Univision Noticias reportó que, bajo la política de ‘tolerancia cero’, el entonces fiscal general Jeff Sessions pretendió procesar criminalmente al máximo de inmigrantes que cruzan la frontera. Y fue en esos casos que las familias fueron separadas: los adultos eran enviados a las cortes de justicia y los niños, transferidos a albergues del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Todos iniciaron así procesos de deportación.

Pero el 26 de junio, tras una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el juez Sabraw determinó que las autoridades estadounidenses no pueden separar a las familias que están cruzando la frontera y ordenó que se trabaje para volver a reunificarlas.

Sabraw, además, emitió un requerimiento preliminar para que todos los niños inmigrantes separados y menores de 5 años les sean devueltos a sus padres en un plazo de 14 días, y que los niños mayores de esa edad sean reunificados con sus familiares dentro de 30 días.

El plazo para las reunificaciones sigue pendiente. A comienzos de septiembre, de las 2,564 familias que el gobierno de Trump separó forzadamente en la frontera con México, todavía 358 seguían bajo la custodia de las autoridades federales. Y no se había presentado un reglamento final que permitiera a algunos padres tener acceso a una segunda entrevista de miedo creíble para defender sus casos de asilo. El dilema todavía persiste.

Según el reporte de los abogados de Catholic Charities y el reporte de ProPublica, el gobierno de Trump ha reanudado “discretamente” la separación de familias inmigrantes en la frontera, y que en algunos casos los agentes federales están presentando acusaciones vagas o infundadas contra los padres, tal como violaciones menores, incluidos cargos de reingreso al país.

El informe añade que abogados de Catholic Charities que brindan servicios legales a niños inmigrantes bajo custodia del gobierno en Nueva York, se han topado con los nuevos casos por casualidad, después que los menores fueron entregados hogares temporales de acogida bajo el mando del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).

En el caso del padre salvadoreño que fue separado de su hijo de 4 años en octubre tras pedir asilo, el CBP explicó que había realizado una verificación de antecedentes de rutina sobre el migrante y “confirmó su afiliación a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), reportó ProPublica.

El sitio agregó que la agencia federal “se negó a proporcionar las pruebas que EL CBO tenía para respaldar la acusación”, indicando además que “la aplicación de la ley es sensible”.

Abogados consultados por Univision Noticias explicaron que la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Trump se basó en la presentación de cargos criminales por ingreso indocumentado al país. De esa forma, aunque el padre no tuviera ningún antecedente criminal anterior, lo separaban forzosamente de su hijo mientras enfrentaba el proceso criminal y el menor era enviado al cuidado del HHS.

“Tras el fallo del juez Sabraw, ahora hay una gran diferencia. El gobierno dejó de hacer o presentar cargos penales por entrada para evitar la separación de familias”, indicó Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego.

“Pero si la persona tiene una felonía (delito mayor), lo van a arrestar y deportar. Y sí, están presentando cargos criminales si hay otras violaciones a la ley. El gobierno, insisto, no está y no puede poner cargos por entrada , pero si el padre tiene antecedentes criminales o el agente en la frontera en uso de su discrecionalidad encuentra un problema, el gobierno actuará y ocurrirá una separación”, añadió.

Velásquez también dijo que “siempre ha existido la separación, y no salva al padre de ser deportado, aunque tenga niños. Y si el padre es puesto en proceso de deportación, al niño lo ponen en una casa hogar o bien, si tiene familiares en Estados Unidos, se los entregan mientras continúa su caso migratorio”.

“No he visto que haya más separaciones, pero no dudo que sigan existiendo errores de procesamiento en la frontera”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce e Dallas, Texas. “Y tener a un niño no garantiza que no va a registrarse una separación, en caso de que lo amerite y sea un riesgo a la seguridad nacional de Estados Unidos”, advirtió.

En Los Ángeles, California, existen las mismas preocupaciones. “Sí, he escuchado que están separando familias en la frontera después del fallo del juez Sabraw, dice el abogado de inmigración Alex Gálvez.

“Recuerde que este gobierno considera el reingreso de un inmigrante deportado (reentry) como un delito federal criminal: Eso es parte de las prioridades de deportación anunciadas por el gobierno el 25 de enero del año pasado”, precisó.

Gálvez también señaló que, “aunque el inmigrante detenido en la frontera y separado de su hijo no haya sido deportado anteriormente por la comisión o basado en un delito cualquiera, los arrestan, les formulan el cargo, los envían a una cárcel federal y les quitan a los hijos mientras enfrenta el proceso criminal. Y a los niños no los pueden tener en cárceles por delitos federales”.

El CBP dijo que “la separación de adultos y niños puede ocurrir para garantizar la seguridad del niño cuando los siguientes factores están presentes:

El padre o tutor presenta un peligro para el niño;
El padre tiene antecedentes penales;
El padre tiene una orden penal pendiente;
El padre tiene una enfermedad contagiosa;
Reclamo fraudulento de tutela; y,
Contrabando de narcóticos en el momento de la entrada, u otra actividad criminal relacionada con la entrada que resulte en que el adulto sea acusado penalmente.

La agencia precisó además que “no tiene una política para separar a las familias” y reiteró que “el 5 de mayo, bajo la dirección del presidente, y junto con el memorando del Departamento de Justicia que adoptó una política de ‘tolerancia cero’ para con los infractores de la sección 8 USC 1325 de la Ley de inmigración y nacionalidad, el CBP implementó una guía para referir a todos los cruces de fronteras ilegales para enjuiciamiento”.
“Esto no es nueva ley. Esto es hacer cumplir las leyes que tenemos en los libros y no eximir a las clases de personas del procesamiento por violaciones a la ley. La aplicación de esta ley hizo que algunos padres se separaran de sus hijos”, indicó.

Agregó que “de acuerdo con la Orden Ejecutiva presidencial del 20 de junio, el CBP ordenó la suspensión temporal de las remisiones para procesamientos por ingreso ilegal para los adultos que viajan con su hijo o hijos, mientras trabajamos en un proceso con el Departamento de Justicia para mantener la unidad familiar mientras se hace cumplir esfuerzos de persecución”.

Y precisó que “continúa con la política de ‘tolerancia cero’, lo que significa que no hay categorías de personas exentas de nuestras leyes, aunque se debe mantener la unidad familiar, y la seguridad y el bienestar de los niños es primordial”.

La ACLU dijo si el gobierno sigue separando familias secretamente en la frontera, sería inconstitucional y que regresarán a las cortes. “Estamos monitoreando (que el gobierno de Trump) no siga separando padres de hijos (en la frontera), dijo a Univision Noticias Esmeralda Flores, directora del programa de defensa de los derechos de inmigrantes y asuntos binacionales de la ACLU en San Diego.