La reforma migratoria cambió de escenario y podría ser votada en octubre

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A partir del 27 de junio, cuando el Senado aprobó el plan S. 744 que incluye un camino a la ciudadanía para indocumentados que están en Estados Unidos desde antes del 31 de diciembre de 2011 y carecen de antecedentes criminales, el debate se estancó.

El liderazgo republicano advirtió que debatiría su propia iniciativa y que lo haría por partes con énfasis en la seguridad fronteriza. Simultáneamente, un grupo bipartidista amenazaba, desde antes de junio, que elaboraba un plan en secreto que entregaría al Comité Judicial antes de septiembre y no lo hizo. Tampoco después del receso de verano de cinco semanas que arrancó el 5 de agosto.

La renuncia de los texanos John Carter y Sam Johnson al Grupo de los Siete “supone una retirada estratégica destinada a mover una legislación en la Cámara de Representantes de mayoría republicana”, escribió The Wall Street Journal.

Significaría permitir un debate más amplio sobre un proceso que saque de las sombras a la mayoría de los indocumentados, legalice sus permanencias, les permita avanzar por un proceso que los lleve a la obtención de la residencia permanente o green card y, al final del camino, poder gestionar la ciudadanía estadounidense.

Punto clave

A diferencia del plan del Senado, la ruta a la ciudadanía no estaría incluida como uno de los beneficios directos, sino como parte de un logro que se conseguiría después de entrar en un sendero donde los sin papeles podrán vivir y trabajar, y luego gestionar una tarjeta verde, proceso que tardaría por cumplimento de requisitos y por espera.

Después de un período determinado de tiempo, los ahora indocumentados que después obtengan la residencia serían elegibles para convertirse en ciudadanos de Estados Unidos. Pero para esto habrá que esperar qué resuelve el Comité Judicial de la Cámara presidido por el republicano de Virginia, Bob Goodlatte.

The Wall Street Journal subraya que el Grupo de los Siete (que hasta junio fue el Grupo de los Ocho tras la renuncia del congresista republicano de Idaho, Raúl Labrador) “había estado trabajando en secreto durante cuatro años para tratar de elaborar un proyecto de ley”.

El proyecto nunca llegó a manos del Comité Judicial, aunque se conocieron algunos detalles filtrados por The Washington Post en julio. El anteproyecto incluía un camino a la ciudadanía para indocumentados que carecieran de antecedentes criminales quienes debían declararse culpables de haber violado leyes estadounidenses y entrar en un estado de libertad condicional por cinco años antes de pedir la residencia. Cinco años después de la solicitud recibirían la tarjeta verde y otros cinco años de espera como residentes permanentes para ser elegibles y pedir la ciudadanía estadounidense.

Talón de Aquiles

De nuevo apareció la ciudadanía dentro de los beneficios de la reforma migratoria, tema que se convertido en el Talón de Aquiles del proyecto para sacar de las sombras a los 11 millones de indocumentados.

La tercera semana de agosto, The Associated Press reportó que el presidente del Comité Judicial de la Cámara “rechazó” la idea de dar a los inmigrantes un camino especial a la ciudadanía. Tres semanas más tarde The Washington Post aseguró que Goodlatte “es el principal obstáculo para un voto en el pleno de la reforma migratoria”.

Agregó que el congresista por Virginia “se ha dedicado a aprobar una reforma migratoria por pedazos sin posibilidad de ser promulgados, y que el único objetivo de esta estrategia es negar un camino a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados que viven en el país”.

En otra parte de la nota editorial el diario dijo que los conservadores de la Cámara de Representantes, en lugar de aprobar una legislación similar a la del Senado, padecen la “fantasía republicana” de que los inmigrante se “auto deportarán” si son objeto de hostigamiento sistemático.

Goodlate dijo en el Programa Al Punto de la cadena Univision que “lo que nos gustaría hacer es resolver las tres áreas principales de la reforma migratoria: inmigración legal, ejecución de la ley y la búsqueda de la condición jurídica adecuada para las personas que no están aquí legalmente”. No mencionó la ciudadanía, pero dejó la puerta abierta a la legalización. Y dentro de la legalización, tal y como rigen las actuales leyes migratorias, la ciudadanía asoma como un derecho que se obtiene luego de dar primero dos pasos: legalizar la permanencia y conseguir la residencia. La ciudadanía viene después, como llega para cualquier residente legal.

El nuevo escenario

Una clave de que el debate de la reforma migratoria en la Cámara no está muerto lo dio el tercer y ahora único integrante del grupo bipartidista que elaboraba la reforma migratoria en la Cámara, el legislador por Florida Mario Diáz-Balart. En un comunicado enviado el viernes dijo que seguiría trabajando con sus colegas de ambos partidos para resolver el problema y pintó una reforma basada en un fuerte componente de seguridad y una ruta para legalizar a los indocumentados.

Díaz-Balart indicó que “siempre he dicho que la reforma migratoria no será fácil” y señaló que continúa buscando “otras vías que, en última instancia, conduzcan a una solución que los estadounidenses exigen”, esto es una ruta hacia la legalización de los millones de sin papeles.

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes están al tanto del escenario que se presenta en la Cámara y la salida de Carter y Johnson del Grupo de los Siete no los tomó por sorpresa. “La noticia importante es que el representante Goodlatte se ha comprometido a tomar acción en octubre sobre una reforma migratorio que aborde la necesidad de visas de trabajo y que les da a los DREAMers la oportunidad de obtener un camino a la ciudadanía”, dijo Ali Noorani, Director Ejecutivo del Foro Nacional de Migración (NIF).

“El compromiso de Goodlatte es una noticia sobresaliente que refleja comentarios similares de parte de más de dos decenas de representantes Republicanos en los últimos meses”, agregó. “Estamos optimistas de que el trabajo de las comunidades religiosas, empresarias y de la seguridad pública en los últimos 18 meses –y sobre todo en el mes de Agosto– ha cambiado el debate en Washington”.

La postura del Presidente

La Casa Blanca se limitó a responder que si la reforma migratoria se vota hoy en el pleno de la Cámara de Representantes, “los votos están ahí”. Tanto el presidente como su partido aseguran que tienen votos suficientes para aprobar un proyecto que en el pleno necesita un mínimo de 218 respaldos. De hacerlo, “el presidente la firmaría y la convertiría en ley”, aseguró.

Pero falta un escollo por librar. Para que el pleno vote el presidente del Congreso, John Boehner (republicano de Ohio), debe levantar la vigencia de la regla Hastert que exige enviar a votación sólo aquellos proyectos que tengan el respaldo de la mayoría de la mayoría, es decir 118 de los 234 republicanos.

Los demócratas aseguran que tienen 195 de los 201 votos en la Cámara y otros 40 votos republicanos. De no conseguir que Boehner levante la restricción y Goodlatte envíe un proyecto al pleno, el diario The Washington Post reiteró una advertencia que algunos legisladores lanzaron el domingo en el programa Al Punto de la cadena Univision: que el debate de la reforma migratoria podría extenderse más allá de 2015, probablemente hasta el 2017.

Por último, si la Cámara aprueba un proyecto de ley sin ciudadanía y sólo con un camino para legalizar a los indocumentados, deberá ser armonizado con el plan S. 744 del Senado por un Comité de Conferencia. Esa es la instancia última que decidirá la suerte de los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.

“Muchos caminos conducen a Roma”, respondió Katherine Vargas, Directora de Medios Hispanos de la Casa Blanca en mi cuenta de Twitter a una nota publicada el fin de semana sobre la renuncia de Carter y Johnson. El “Grupo de 7 no es la única vía, como dijo el Presidente, los votos están ahí”.

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