La Ley Migratoria en México resulta “contradictoria”: IMUMI

Organizaciones civiles se reunieron este fin de semana en la capital del país con las integrantes de la “Caravana de Madres Centroamericanas de migrantes desaparecidos en su tránsito por México”, para informarles sobre los avances y pendientes de la Ley de Migración, cuyo reglamento entra en vigor el próximo 9 de noviembre.

Entre los vacíos de la nueva legislación está la visa de tránsito, ya que el reglamento establece “requisitos que no son fáciles de cumplir”, acusó Fabienne Venet, directora general del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim), durante el encuentro que se realizó en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Venet expuso que contrario al anuncio del gobierno federal referente a que tras la publicación de la Ley de Migración se facilitaría el libre tránsito de quienes cruzan el país rumbo a Estados Unidos, la nueva legislación no representará una ventaja para viajar de forma regular.

Ello se debe a que en el reglamento se establecieron requisitos como tener “ingresos suficientes” para acceder a una visa para ingresar al país.

Ante la explicación de Venet, algunas de las madres que integran la caravana reclamaron a las autoridades mexicanas: “No es posible que a nosotras nos den una visa para venir a buscar el cadáver de nuestros hijos, y a ellos no se las den, sabiendo de los riesgos que corren en México”.

Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), señaló que la ley es “contradictoria”, pues por un lado incluye entre sus principios el derecho al libre tránsito de las personas y en el cuerpo de la legislación restringe esta garantía al establecer que “cualquiera que no tenga documentación migratoria puede ser detenida y deportada por la autoridad migratoria”.

Kuhner dijo a las madres y familiares de migrantes desaparecidos que durante el siguiente sexenio las organizaciones que conforman el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, tienen la meta de incidir en la creación de un documento que permita el tránsito regular de las y los migrantes, “tal vez no con una visa de tránsito, pero sí otro tipo de permiso”.

Otro objetivo de la sociedad civil es “ver cómo vamos a cambiar lo que está mal de la ley y constatar que se aplique lo que está bien”.

Entre los cambios pendientes está el cese de los operativos policiacos contra las y los migrantes, pues la ley plantea que cuando el Instituto Nacional de Migración requiera “ayuda” para el control y verificación podrá solicitar la intervención de la Policía Federal, lo que implica la “criminalización” de esta población.

Por otro lado, las organizaciones vigilarán que se cumplan disposiciones contenidas en la ley que favorecen la situación de las personas migrantes, como la visa que se autorizará por razones humanitarias a quienes sean víctimas o testigos de algún delito en México.

De igual modo, las y los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria se mantendrán pendientes de que se haga efectivo el reconocimiento de que todas las personas (sin importar su condición migratoria) son sujetas de Derechos Humanos (DH), ya que no prevé cómo acceder a la salud, educación y a los servicios de registro civil.

También mencionaron que otro factor que abona a mejorar la situación de las personas migrantes es la prohibición de los operativos policiacos en los albergues, considerados en la ley como lugares de apoyo, así como el reconocimiento de que la defensa de los DH de estas personas es legal.

Para que los beneficios de la Ley de Migración se traduzcan en hechos es necesario que las y los funcionarios públicos reciban capacitación del nuevo marco legal. También es preciso que las y los migrantes conozcan sus derechos y los mecanismos para acceder a ellos en su tránsito por México.

Cabe recordar que el 29 de abril de 2011 la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Migración, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de mayo de ese año.

La elaboración de su reglamento, publicado en el DOF el pasado 28 de septiembre, fue lenta y no respondió a la mayoría de las demandas de las organizaciones defensoras de las personas migrantes.

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