La Corte Suprema decide no actuar sobre DACA permitiendo que el programa siga vigente

La Corte Suprema de Justicia anunció este martes que se mantendrá al margen del debate jurídico sobre la Acción Diferida de 2012 (DACA), decisión que mantiene vivo el programa que ampara de la deportación a unos 700,000 dreamers, quienes además reciben un permiso de trabajo renovable cada dos años.

La decisión ocurre tres días después de que Trump ofreciera a los demócratas del Congreso un plan migratorio que incluye activar la protección de DACA por tres años, al igual que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de indocumentados centroamericanos a cambio de $5,700 millones para el muro en la frontera con México.

DACA fue creado por el expresidente Barack Obama en 2012 para proteger temporalmente de la deportación a miles de jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos y se les conoce como dreamers.

Los beneficiarios deben demostrar que carecen de antecedentes criminales y tenían menos de 31 años al 15 de junio de 2012. A cambio, reciben una autorización de empleo renovable cada dos años, documento que les permite gestionar una licencia de conducir y una tarjeta del Seguro Social.

Los republicanos desde un comienzo rechazaron el programa aduciendo que Obama había cambiado una parte de la ley de inmigración sin la autorización del Congreso, argumento que esgrimió Trump durante su campaña e incluso prometió a sus electores que lo cancelaría.

“Es un fallo importante. Pero seguimos a la expectativa porque es probable que en el siguiente período de sesiones de la corte los magistrados revisen el programa”, dijo a Univision Noticias Greisa Martinez, subdirectora ejecutiva de United We Dream, la principal organización de dreamers del país.

“Es importante, además, estar claro que “todavía no ha terminado el ataque” contra el programa, creado en el 2012 por Obama. “Estamos agradecidos por el dictamen, pero seguimos expectantes, No bajamos la guardia”, agregó.

Martínez dijo además que los dreamers cuyos permisos de trabajo se venzan en los próximos 120 a 150 días, “que los renueven inmediatamente porque no se sabe cuánto tiempo está demorando el gobierno en procesar las solicitudes. Se están tardando mucho tiempo”.

“Y quienes no se han unido al movimiento, que lo hagan para seguir luchando en contra de la política antiinmigrante de Trump y su fuerza nacional de deportaciones”.

El 5 de septiembre del 2017 el entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunció la eliminación de DACA indicando que el programa violaba la Constitución porque había cambiado la ley sin el respaldo del legislativo. Pero el 9 de enero de 2018 una corte federal de San Francisco, en California, atendiendo una demanda encabezada por varias organizaciones defensoras de los inmigrantes y de la Universidad de California, dictaminó que la decisión del gobierno de Trump era arbitraria y ordenó el restablecimiento inmediato del programa en los mismos términos que se encontraba al 4 de septiembre de 2012.

El 13 de febrero una segunda corte, esta vez de Brooklyn, Nueva York, emitió un dictamen similar al de California y restituyó el programa bajo los mismos términos.

Pero el 24 de abril una tercera corte federal, esta vez del Distrito de Columbia, restituyó en su totalidad DACA y le dio un plazo de 90 días al gobierno para presentar evidencias adicionales, o en su defecto debería aceptar nuevas solicitudes de inscripción.

El tercer fallo hizo que Texas y los otros estados se movilizaran y el 1 de mayo demandaron al gobierno bajo el argumento que se trataba de un programa ilegal e inconstitucional.

Luego de los tres dictámenes, la Fiscalía General de Texas reiteró que el desafío de los 10 estados que en junio de 2017 anunciaron que demandarían al gobierno de Trump por mantener vivo el programa y acudirían a los tribunales, pero para demandar la totalidad del programa “y su constitucionalidad”.

El 31 de ahosto del año pasado el juez federal Andrew S. Hanen, de la corte de Houston, falló que la Acción Diferida de 2012 (DACA) es legal, con lo que unos 700,000 dreamers siguen protegidos de la deportación, además de contar con un permiso de trabajo renovable cada dos años.

Hanen negó la petición de los 10 estados encabezados por Texas, quienes alegaban que el programa es ilegal e inconstitucional, basados en que el presidente Barack Obama cambió la ley de inmigración al crearlo, una facultad que sólo le compete al Congreso.

A principios de noviembre, el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que escuche y defina el caso DACA. Pero después la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que el gobierno de Trump no puede cancelar la Acción Diferida de 2012 (DACA), que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes que llegaron al país antes de los 16 años y se les conoce como dreamers.

La decisión de este martes le resta presión a los demócratas para aceptar la oferta hecha el sábado por Trump, quien usó el programa a cambio de dinero para construir su muro en la frontera con México.