La Corte Suprema abrió la puerta para deportar a residentes que cometen delitos

Publicado el 24 de abril de 2020
por Jorge Cancino en Univisión | Fotografía USGC

Los extranjeros con green card que cometan delitos y lleven más de siete años en el país tendrán a partir de ahora más dificultades a la hora de pedirle a un juez una cancelación de deportación.

Los residentes legales permanentes que cometen un delito grave pueden ser deportados. Así concluyó la Corte Suprema de Justicia en un fallo dividido 5-4 emitido este jueves tras una larga batalla judicial iniciada por un inmigrante originario de Jamaica involucrado en un tiroteo en casa de su novia.

El dictamen defiende la lectura severa de la ley de inmigración, restringiendo el beneficio de la residencia (green card o tarjeta verde) a los no ciudadanos que enfrentan un proceso de expulsión de Estados Unidos.

El juicio corresponde al caso de Andre Martello Barton, de 41 años, quien desafió en los tribunales su permanencia en el país tras recibir una orden de deportación por haber recibido condenas en 1996, 2007 y 2008.

Jueces conservadores de instancias inferiores se inclinaron por aceptar el intento del gobierno para deportar a Barton, pero el inmigrante, padre de 4 hijos, apeló y logró una decisión favorable. La diferencia de opiniones permitió escalar el caso hasta el máximo tribunal de justicia del país.

Qué dice la ley

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) modificada en 1996 permite que residentes legales permanentes (LPR en inglés) que son puestos en proceso de deportación por la comisión de un delito que los convirtió en expulsables soliciten la cancelación de deportación. Esto alegando que han vivido continuamente en Estados Unidos durante al menos siete años.

“Sin embargo excluye delitos graves que los convierta en deportables”, dijo a Univision Noticias Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “El problema es que en el caso Barton las faltas cometidas no estaban, para algunos, dentro de la categoría de crímenes graves”, agregó.

La decisión final de la corte, integrada por cinco jueces conservadores y cuatro moderados, le abre la puerta al gobierno de Donald Trump para implementar su política migratoria de tolerancia cero y expulsar del país a inmigrantes residentes permanentes con condenas penales, incluso aquellas por delitos menores.

“Las personas que se declaren culpables de un delito deben tener en cuenta las repercusiones migratorias”, advirtió Barrón. “Deben tener asesoría no solo de un abogado criminal, sino también de un abogado de inmigración que le informe de las consecuencias legales (…) Lo importante a tener en cuenta cuando se comete una falta es hacer las cosas bien desde el principio para no cometer o enfrentar dificultades legales y migratorias en el futuro”, recomendó.

El caso Barton

Barton llegó a Estados Unidos en 1989. En 1996 recibió una condena por asalto y posesión de un arma de fuego y, en 2007 y 2008, por posesión de drogas. En 2017, el gobierno le negó a Barton un pedido de cancelación de deportación alegando que los cargos de asalto levantados en 1996 desencadenaron la regla del tiempo de detención.

Entre los alegatos, los abogados de Barton argumentaron que su cliente había sido admitido legalmente en Estados Unidos y, por tanto, no le afectaba la regla del tiempo de detención. Pero la mayoría de los jueces de la Corte Suprema, todos ellos conservadores, rechazaron la noción de que el delito que desencadena la regla de tiempo de detención también debe conducir al inicio de los procedimientos de deportación.

Indicaron, además, que “la inadmisibilidad es un tipo de estatus trascendente que se atribuye a los no ciudadanos tan pronto como hayan cometido ciertos delitos enumerados en los motivos de inadmisibilidad” señalados en la ley.

El juez Brett Kavanaugh, el último magistrado en ingresar a la Corte Suprema el año pasado y que fue nombrado por Trump, opinó que un delito mencionado en la Sección 1182 (a) (2) de la INA hace que los residentes permanentes legalmente admitidos, como Barton, sean “inadmisibles en Estados Unidos” y, por lo tanto, no son elegibles para cancelación de deportación.

La Sección 1182 de la INA dice que son inadmisibles en Estados Unidos aquellos extranjeros que representan una amenaza a la salud pública o hayan cometido crímenes y recibieron condenas por la comisión de faltas de tipo moral (que no sea un delito puramente político).

Asimismo, quienes por un intento o conspiración para cometer dicho delito, o una violación de (o una conspiración o intento de violar) cualquier ley o regulación de un estado, de Estados Unidos o un país extranjero en relación con una sustancia controlada (como se define en la sección 802 del título 21).

Dificulta la estadía

“Los jueces conservadores adoptaron una visión expansiva de la regla del tiempo de detención ( the stop-time rule) en el caso Barton. Este estándar determina si un residente permanente legal ha vivido en el país el tiempo necesario para ser elegible para cancelarle la deportación”, explicó la abogada de inmigración Receba Sánchez-Roig, quien ejerce en Miami, Florida.

“La ley exige que los residentes demuestren que han vivido en el país durante por lo menos siete años seguidos. Pero el plazo para la elegibilidad del beneficio se detiene si, entre otras cosas, el inmigrante comete un delito que los hace inadmisibles para ingresar al país”, agregó.

La mayoría conservadora de la corte sostuvo que la regla entra en vigor independientemente, sin importar que el inmigrante realmente esté buscando ser admitido. Al respecto, la jueza Sonia Sotomayor opinó que el encontrar a alguien que ya esté en el país inadmisible para entrar “es contrario a lo que es el sentido común”, en este caso encontrarse en el país después de haber autorizado su ingreso.

El fallo de la Corte Suprema coincidió con el dictamen de la Corte de Apelaciones del 11 Circuito con sede en Atlanta, Georgia. “El dictamen hará más difícil a un residente permanente legal permanecer en Estados Unidos si ha cometido ciertos delitos”, advirtió Sánchez-Roig.

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