La ciudad de Huntington Beach deberá respetar la Ley Santuario de California

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Cuarto Distrito revocó la decisión de un juez de la Corte Superior del condado de Orange quien dictaminó que la ciudad de Huntington Beach podía desafiar con una demanda la Ley de Estado Santuario.

“Lo más importante de esta decisión es que la policía de Huntington Beach no hará el trabajo de los agentes de inmigración cuando detenga a alguien”, dijo Apolonio Morales, director político de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). “El trabajo de arrestar y deportar le pertenece al gobierno federal; en California una persona no puede ser penalizado dos veces, primero por cometer un delito y otra por ser indocumentado”.

Funcionarios de Huntington Beach argumentaron en su demanda contra la ley SB54 que la ciudad no tenía que cumplir con la Ley de Valores de California porque es una ciudad autónoma y la Constitución de EEUU otorga a las ciudades chárter más autoridad para imponer leyes que reemplazan a las leyes estatales.

El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Cuarto Distrito del estado dictaminó de forma unánime estar en desacuerdo.

“La ley del estado es constitucional, tal como se aplica a las ciudades chárter porque aborda asuntos de interés estatal, incluida la seguridad pública y salud, vigilancia efectiva y protección de los derechos constitucionales”, escribió el juez asociado Richard F, Fybel, en concordancia con los otros dos magistrados, Raymond J. Ikola y Thomas Goethals.

Flytel concluyó que la ley estatal “está razonablemente relacionada con la resolución de esas inquietudes a nivel estatal y está estrechamente diseñada para evitar interferencia innecesaria en el gobierno local”.

El panel de jueces también encontró que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Los Alamitos Community United y cuatro residentes carecían de legitimación legal para intervenir en el caso.

“Si una corte de apelaciones ha fallado en tu contra, aunque existan sentimientos personales, representen un liderazgo antiinmigrante o sean bastión republicano, la ciudad no tiene opción más que no violar el dictamen”, dijo el abogado de inmigración, Alex Gálvez. “Los funcionarios, como individuos y la ciudad pueden ser demandados si no cumplen con el fallo”.

La ciudad, sin embargo, tiene opción de apelar la decisión, “pero no contradecir la ley”, añadió el abogado. “Si apelan estarán usando el dinero de los contribuyentes para continuar una batalla política de la que tienen poco porcentaje de ganar y, al final, tendrán que responder de sus actos a quienes pagan impuestos para que se inviertan en escuelas, hospitales o servicios públicos”.

El abogado de Huntington Beach, Michael Gates, indicó que él recomendará la apelación del Ayuntamiento a la Corte Suprema del estado.

“Estoy muy decepcionado con el fallo y hablaré con el consejo de la ciudad sobre los próximos pasos, pero, basado en mi extensa investigación de toda la jurisprudencia, no creo que se haya dicho la palabra final”, dijo Gates. “El asunto está destinado a ser resuelto por el tribunal superior del estado”.

Gates analizó que el fallo de apelación equivale a “decir que la expresa autoridad constitucional está subordinada al análisis (de los jueces)”, dijo Gates. “Tú no puedes calificar o alterar lo que dice la Constitución o reescribir la Constitución”.

El panel de apelaciones citó casos que se remontan al siglo XIX en su recapitulación de la historia de las decisiones sobre la autoridad de las ciudades chárter bajo las leyes estatales.

La ciudad de Huntington Beach argumentó que el estado no puede aplicar sus leyes para las ciudades autónomas cuando se trata de cuestiones estrictamente locales, como el funcionamiento de una fuerza policiaca. Los jueces señalaron que las leyes estatales reemplazan las leyes de ciudades autónomas cuando surge un problema de “preocupación estatal”.

Desde el 1 de enero de 2018 entró en vigor la ley SB54 del exsenador Kevin de León. La ley, promulgada por el exgobernador Jerry Brown prohíbe que cualquier departamento de policía o agencias del Sheriff compartan cierta información sobre el estatus migratorio de los residentes de California con las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De León expresó anteriormente que con la Ley SB54 quiso mandar un mensaje a Washington de que California haría todo lo posible por resistir los embates de la administración Trump y del exfiscal federal, Jeff Sessions, hostiles a los inmigrantes.

En el dictamen, los jueces señalaron declaraciones de los jefes de policía del estado que dijeron que los inmigrantes indocumentados en sus ciudades tenían menos probabilidades de cooperar con la policía por miedo a la deportación, pero la Ley de Valores de California ayuda a aliviar esas preocupaciones.

“La necesidad de que los inmigrantes denuncien crímenes, trabajen con la policía, y sirvan como testigos, por lo tanto, es un [asunto del] estado, y no puramente una preocupación local”, escribió el juez Fybel.

Los jueces también señalaron que los inmigrantes pueden evitar ir a recibir atención médica o llevar a sus hijos a la escuela por miedo a la deportación.

El jefe de policía de Huntington Beach (HBPD), Robert Handy, dijo en una declaración en la demanda que la ley del estado interfiere con el funcionamiento de la cárcel de la ciudad y permite que algunos criminales sean liberados en la comunidad en lugar de ser entregados a las autoridades de inmigración.

Handy también dijo que la ley del estado ha interferido con el contrato que tiene su departamento con las autoridades de inmigración y obstaculiza su discreción para trabajar con agentes federales en el cumplimiento de la ley.

Los magistrados, sin embargo, señalaron que la ley estatal no impide el traspaso de delincuentes a las autoridades de inmigración en casos serios de individuos convictos de delitos violentos, delincuentes sexuales o causantes de incendios.

La ley SB54 “prohíbe que una agencia local de aplicación de la ley transfiera a una persona a las autoridades de inmigración a menos que lo autorice una orden judicial emitida por un tribunal o haya una determinación de causa probable”, escribió el juez Fybel. “Los legisladores estatales adaptaron estrechamente la (Ley de Valores de California) para abordar la seguridad pública legítima y otras preocupaciones estatales y no frustrar la capacidad de las fuerzas del orden público estatales y locales para transferir delincuentes peligrosos a funcionarios federales de inmigración”.

Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la organización One Stop Immigration Center de Los Ángeles, dijo que la decisión de los magistrados representa “una tremenda victoria política para toda la ciudanía de California, pero principalmente para la comunidad de origen inmigrante”.

“Los jueces han reconocido el derecho soberano que tiene el estado de California para legislar sobre lo que convenga mejor a los intereses de sus residentes”, añadió Gutiérrez. “La Ley Santuario es legal desde que California se convirtió en un estado protector de todos sus inmigrantes, incluyendo los indocumentados”.

Gutiérrez consideró que el fallo pudiera marcar el principio “de una ofensiva política efectiva, para recuperar la iniciativa de avanzar de nuevo en el Congreso por el sendero que nos lleve eventualmente a una reforma migratoria”.