La cárcel del condado de Sonoma ya no cooperará con funcionarios de ICE

Como un compromiso con el auditor de seguridad pública que había criticado sus políticas, el alguacil del condado de Sonoma, Steve Freitas, impuso nuevas restricciones el lunes sobre la cooperación entre funcionarios locales de la cárcel y agentes federales de inmigración.

La cárcel del condado ya no cooperará con funcionarios de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos —ICE, por sus siglas en inglés—, en los casos en que inmigrantes indocumentados sean sospechosos de haber cometido delitos menores, como conducir sin licencia.

Sin embargo, la cárcel seguirá proporcionando información a ICE sobre los inmigrantes indocumentados que han sido condenados por delitos graves o violentos, así como otros delitos detallados en el Trust Act de 2013. Esa ley, apoyada por los grupos de derechos de los inmigrantes, bloquea a cárceles de condado de mantener retenidos a los reclusos en espera del arribo de funcionarios de inmigración, cuando de otra manera se les permitiría salir libre.

“Estamos tratando de llegar a algún tipo de entendimiento mutuo y estamos de acuerdo en cumplir con el Trust Act“, dijo el sargento Spencer Crum, vocero de la oficina del alguacil.

El anuncio se produjo un mes después de que el auditor independiente de la seguridad pública del condado de Sonoma, Jerry Threet, instó a Freitas a limitar el acceso de los agentes de inmigración federal a la información sobre los presos indocumentados en la cárcel.

“Él ha respondido a la comunidad y está cambiando sus políticas, y creo que eso es significativo“, dijo Threet, director de la Oficina Independiente de Revisión y Alcance de la Aplicación de la Ley —IOLERO por sus siglas en inglés.

Un informe de 13 páginas, publicado por Threet en marzo, criticaba las políticas de la cárcel por cumplir con cualquier solicitud de los funcionarios federales de inmigración para ser alertados antes de que un recluso fuera puesto en libertad —incluyendo los casos cuando una persona es liberada bajo fianza o sin ser acusada de un crimen. Esa política, dijo Threet, socavó la seguridad pública al hacer que las personas se resistieran a denunciar cualquier delito o a cooperar con las fuerzas del orden, por miedo a ser deportados.

La oficina de Threet recomendó que la oficina del alguacil comparta información con ICE solamente en ciertos casos, como cuando un recluso indocumentado esconvicto de un crimen serio o violento. Freitas, sin embargo, dijo que la propuesta excluyó inapropiadamente varios crímenes importantes.

En un cambio a su política que anunció como un “compromiso razonable”, Freitas dijo que ahora usaría el Trust Act para determinar las áreas de comunicación apropiadas con los agentes federales de inmigración.

Crum dijo que la Trust Act pide a los funcionarios de cárceles locales que proporcionen al ICE las fechas de liberación de los reclusos indocumentados condenados por crímenes graves o específicamente violentos.

La lista de delitos incluye algunos como encarcelamiento ilegal, tráfico de personas, abuso de ancianos, amenaza de menores, extorsión, abuso conyugal y posesión de un arma de asalto, así como algunas faltas como puede ser la exposición indecente, conducción bajo la influencia de las drogas o el alcohol y empuñar un arma de fuego.

“Así que si alguien no ha cometido esos crímenes que están enumerados en la Trust Act, no estaremos respondiendo a las solicitud de notificación de ICE”, dijo Crum. “El alguacil todavía cree que la mejor manera de proteger al público es no devolver a los criminales a la comunidad“.

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