La acción ejecutiva de Obama no protege de errores cometidos 20 años atrás

Cuando el presidente Obama anunció la acción ejecutiva, la familia Villatoro fue una de las que agradeció la buena nueva con lágrimas y rezos. El pastor y su esposa, ambos indocumentados, califican para pedir el amparo de la deportación porque reúnen los requisitos del DAPA: padres de ciudadanos y residentes legales permanentes que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010.

Un detalle, sin embargo, fue relegado ya sea por desconocimiento o porque pensaron que, como ya había pasado mucho tiempo, las autoridades no iban a tener en cuenta un error de juventud: el DUI (Driving Under the Influence).

El 3 de marzo, tres meses y medio después del anuncio de la acción ejecutiva –beneficio que se encuentra frenado por una corte federal de distrito tras una demanda entablada por 26 Estados-, agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron a la casa de Villatoro y lo arrestaron. Fue uno de los 2,059 indocumentados con antecedentes criminales, pertenecientes a 94 países, que fueron detenidos durante una redada nacional que duró cinco días.

“Lamentable, muy lamentable”

La tristeza y las preocupaciones se arraigan en la comunidad inmigrante con el paso de los días. Hay esperanza pero también miedo. “Lamentable, muy lamentable lo del pastor Villatoro que estñá en proceso de ser deportado”, dijo a UnivisionNoticias,com Ben Monterroso, director de la organización Mi Familia Vota. “El va a ser separado de su familia por estas leyes que no hemos logrado conseguir en todos estos años, la reforma migratoria, que se encuentra estancada en el Congreso. Otro cuento hubiese sido si estuviera vigente el plan que aprobó el Senado en el 2013”.

Monterroso dice que Villatoro es una más de las víctimas de un sistema migratorio que se encuentra roto “y que los republicanos no han querido arreglar”.

“Esto está permitiendo que las leyes no cambien, que se queden rotas y que al implementarlas como lo están haciendo ahora, estamos dejando niños americanos huérfanos por leyes que no sirven”, agregó.

“Es la ley, en eso estamos claros, muy claros, pero eso no quita que tenemos que cambiarla para evitar este tipo de cosas. La reforma migratoria es la solución a este sufrimiento ingrato”, apuntó el activista.

¿Solo para santos?

Monterroso señala que el caso Villatoro se repite todos los días en todos los rincones de Estados Unidos. “Le hemos dicho a la gente que habrá más discreción por parte de las autoridades de inmigración para aquellos que califican para la acción ejecutiva. Probablemente el pastor Villatoro califica para DAPA, como muchos otros, más sin embargo, sin yo ser un abogado, digo lo que sabemos de él: que un DUI cometido hace 20 años lo ha condenado para ser deportado del país”.

El activista dijo además que, si bien la acción ejecutiva solo protege a los que tienen un récord criminal limpio, “es alarmante que por un error de hace tantos años pueda afectarle a una persona como Villatoro su derecho de permanecer en Estados Unidos, separarlo de su esposa y de sus cuatro hijos estadounidenses”.

La política no va con la religión y viceversa. Pero en este caso, solo los que no tienen manchas en el récord criminal son quienes estarían recibiendo los beneficios del amparo anunciado por el presidente Obama.

“Igual nosotros seguiremos luchando por la reforma migratoria”, dijo Monterroso, “Es la única solución a este problema de los 11 millones de indocumentados para que tengamos una cura definitiva y no temporal, como es ahora. E insisto, son errores que se cometieron en el pasado, hace mucho tiempo, pero desafortunadamente las leyes migratorias de Estados Unidos están tan quebrantadas que hacen sufrir innecesariamente a nuestra comunidad”.

Alivios suspendidos

El 16 de febrero el juez federal Andrew S. Hanen, quien preside la Corte Federal del Quinto Distrito en Brownsville, Texas, dictó una medida cautelar y suspendió la entrada en vigor de la acción ejecutiva, dejando en el limbo a casi 5 millones de indocumentados.

El gobierno, a través del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), ha interpuesto hasta ahora tres recursos de emergencia y una apelación, pero la orden de Hanen sigue vigente.

La espera no detiene las deportaciones, dice a UnivisionNoticias.com Francisco Moreno, del Consejo de Federaciones Mexicanas en Los Angeles, California. “Desgraciadamente este tipo de acciones por parte de ICE se siguen dando a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para que los alivios migratorios lleguen a nuestra comunidad”.

“Este atraso del juez Hanen, que frena los alivios decretados por el presidente, nos lleva a ese clima de seguir con las deportaciones, de ver sufrir a los nuestros y presenciar cómo las autoridades siguen investigando casos, errores cometidos hace mucho tiempo atrás, en la juventud de muchos inmigrantes ahora padres de ciudadanos”.

Moreno dice que el caso Villatoro no es aislado. “Tenemos muchos similares en nuestra comunidad, personas que tuvieron un problema con la policía, un problema administrativo por pasarse un alto o manejar sin licencia porque no tienen papeles y están siendo deportados. Estamos en contra de eso y le estamos pidiendo al gobierno que le diga a ICE que revise muy bien los casos mientras arreglamos los asuntos con estos alivios migratorios. Y si es necesario que revisen tres veces, que lo hagan, porque se trata de personas, de familias estadounidenses”.

“Somos seres humanos”

Para algunos activistas el caso Villatoro es como una “pesadilla interminable”.

“Nos preocupa mucho porque realza la interrogante ¿hasta qué punto se pueden borrar los errores del pasado si se es indocumentado en este país?”, pregunta Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Angeles, California (CHIRLA).  “¿Es que acaso siempre se es culpable?”

El activista agrega que los inmigrantes indocumentados “no somos santos, somos seres humanos con faltas igual que cualquier otra persona en Estados Unidos“, y que es “injusto que por faltas menores se considere a un inmigrante como criminal”.

“La Administración Obama, pero en particular el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingles) e ICE, están redefiniendo quién es un criminal.  Dentro de poco, tirar un chicle en la calle podría incluso ser suficiente para criminalizar y deportar a un inmigrante. Eso sería grotesco”, puntualizó.

Cabrera insistió en que Villatoro “no representa ningún peligro para su comunidad o para la sociedad en general” y señaló que su trabajo en Iowa “se traduce en una de ayuda para los demás”.

“Deportarlo hará daño a muchos en Iowa que dependen de él.  Solamente podemos interpretar que ICE quiere hacer un ejemplo de este hombre en momentos que reina la confusión y la angustia”, agregó.

Para el caso de indocumentados que califican para los beneficios de la acción ejecutiva y tengan algún tipo de antecedente criminal, Cabrera recomendó consultar con un abogado, algo que toma tiempo y dinero. Y que las personas en esta situación “no hagan ningún tipo de trámite o gestión a ntes de tener consejo legal, porque pueden perder su derecho a permanecer en el país”.

“Y hay que ser claro que, aún que una persona esté en proceso de limpiar su historial, ICE puede detenerle y deportarle”, aseguró.

Las prioridades de ICE

En noviembre del año pasado, cuando Obama anunció la acción ejecutiva, el DHS dio a conocer un memorando que explica cuáles son las prioridades de deportación que tiene en cuenta el departamento (ministerio).

Las prioridades, explicó a UnivisionNoticias.com el abogado Ezequiel Hernández, incluyen:

   – Prioridad 1: a quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o publica (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros);

   – Prioridad 2: a personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014).

   – Prioridad 2D: personas con DUI, cargos por violencia domestica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel;

   – Prioridad 3: a inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.

“Mucha gente piensa que se puede limpiar el récord”, dijo Hernández, “pero la información no se borra de los archivos de inmigración. OPor eso hay que tener cuidado y averiguar bien con un abogado para ver qué y cómo se hace para no tener problemas en el caso de solicitar un beneficio”.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) advierte que un delito como el DUI puede afectar su elegibilidad, por ejemplo, para la residencia permanente, según los particulares del caso. Y que incluso con un DUI una persona puede perder su estatus de residente permanente (tarjeta verde) si comete un delito que cause su deportación de Estados Unidos en virtud de la ley descrita en la Sección 237 o 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.?

Ir a la nota fuente