En cuanto a la alimentación y abastecimiento de insumos de aseo personal, la agencia aseguró que los niños reciben tres comidas diarias, a lo sumo, ropa, desodorante, sandalias, jabón de año “y los proporcionamos según sea solicitado”.
La CBP también dijo que los problemas se deben a un aumento dramático de migrantes que están llegando a la frontera y que la solución a gran parte de los inconvenientes se solucionará con fondos de emergencia solicitados por el Ejecutivo al Congreso y que fueron aprobados la semana pasada.
La jueza Gee ha librado una fuerte batalla en defensa del cumplimento del Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe la privación de libertad de menores de edad en centros de detención del gobierno federal.
El 24 de julio y el 21 de agosto de 2015 Gee ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) poner en libertad a niños y mujeres detenidos en centros familiares habilitados en 2014 tras la crisis reconocida en junio del 2014 por la Casa Blanca de Barack Obama, cuando iban más de 48,000 arrestos de niños no acompañados por parte de la Patrulla Fronteriza.
A finales de septiembre de ese año la cifra superó los 68,000 más otras 68,000 unidades familiares originarios principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras.
El gobierno liberó a más del 95% de los detenidos con una orden para presentarse ante una corte y que sea un juez de inmigración quien resuelva sus futuros en el país. El resto, sin embargo, fue entregado al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) y de ICE, en cumplimiento de una ley de 2008 sobre prevención de tráfico humano (TVPRA) que prohíbe la deportación inmediata de menores que no provengan de países vecinos (Canadá y México).
Tres años más tarde, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, solicitó a la corte presidida por Gee, como parte de la implementación de la política migratoria de tolerancia cero, que deje sin efecto el Acuerdo Judicial Flores para que permitiera la detención de familias migrantes y menores por tiempo indefinido.
La jueza denegó el pedido y describió la solicitud como “un intento cínico” de deshacer un añejo acuerdo judicial. Y dijo además que el gobierno federal no había presentado nueva evidencia para justificar la revisión de la orden judicial que limita la detención de menores que cruzaron la frontera de manera sin documentos en busca de asilo.
Sessions pidió a Gee alterar el acuerdo de 1997 después de que Trump diera marcha atrás marcha atrás a su política de ‘tolerancia cero’, que causó indignación cuando los niños pequeños eran separados forzosamente de sus padres tras levantarles a estos cargos criminales por “ingreso ilegal” al país, siendo que la presencia indocumentada sigue siendo una falta de carácter civil.
A principios de abril Trump viajó a la frontera donde se reunió con funcionarios del CBP y dio una conferencia de prensa. Sin saber exactamente de qué hablaba, el presidente criticó durante un discurso el Acuerdo Flores de 1997. “La decisión de Flores es un desastre. Juez Flores, quienquiera que seas, esa decisión es un desastre para nuestro país”, dijo equivocadamente el presidente.
Flores era, en realidad, una salvadoreña de 15 años detenida en la frontera en 1985. Ninguno de los asistentes al encuentro, ni asesores de Trump, lo interrumpieron para corregir el error. El acuerdo fue alcanzado durante el gobierno de Bill Clinton.
El nombre de Flores deriva de la inmigrante Jenny Lisette Flores, una menor de 15 años que en 1985 huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos. La niña fue arrestada por la Patrulla Fronteriza (en ese tiempo bajo el mando del Servicio de Inmigración y Naturalización -INS-) cuando intentaba ingresar indocumentada al país y la mantuvieron detenida en pésimas condiciones.
La menor fue llevada a un centro de detención donde la esposaron y desnudaron para revisarla. El Departamento de Justicia, bajo cuyo mando operaba el INS y la Patrulla Fronteriza, le negó a la tía de la menor la custodia, argumentando que no podía entregar niños a “terceros” mayores de edad.
Tras conocerse el caso, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó ese mismo año una demanda para evitar que Flores y otros menores como ella fueran privados de libertad, y que el gobierno abusara de su autoridad, y para que se respetaran sus derechos, considerando además que la permanencia indocumentada constituye una falta de carácter civil, no criminal.
