Jueza federal bloquea la política de Trump que niega fianzas a los solicitantes de asilo

Una jueza federal en Seattle bloqueó este martes una polémica política anunciada en abril por el gobierno de Donald Trump que negaba a los solicitantes de asilo el derecho a una audiencia de fianza. La medida entraba en vigor a mediados de julio y de haberse implementado afectaría a miles de migrantes que huyen de sus países a causa de la violencia y la pobreza y se entregan en la frontera para pedir la protección del gobierno.

El dictamen argumenta que la Constitución exige que esos inmigrantes tengan la oportunidad de ser liberados para una audiencia de fianza y esperar en libertad la resolución de sus casos de asilo.

“Es un fallo muy importante porque restablece el derecho de fianza que había quitado el gobierno en abril con una moratoria de 90 días”, dijo a Univision Noticias José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “La decisión permitirá que las personas piden asilo y pasan la entrevista de miedo creible, puedan solicitar una audiencia de fianza, hablar con un juez y que ésta autoridad judicialo considere si es apropiada la petición sobre la base de los méritos del caso y fije un monto de fianza”, agregó.

La  orden de abril anunciuada por el Departamento de Justicia constituyó un nuevo golpe a la política de asilo de Trump en el marco de la ‘tolerancia cero’. En esencia, buscaba mantener privados de libertad por tiempo indefinido a miles de inmigrantes que piden asilo en Estados Unidos tras cruzar la frontera.

La medida, que no afectaba a los que se presentan a los puertos de entrada, negaba este derecho a los peticionarios solicitar una audiencia de fianza cuando llegan al país en busca de asilo.

La jueza de distrito Marsha Pechman falló que las personas que son detenidas después de entrar en el país para pedir protección tienen ese derecho y no deben ser encerrados sin justificación.

Defensores de los derechos de los inmigrantes, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Northwest Immigrant Rights Project, entablaron demandas para bloquear esa política, la cual estaba programada para entrar en vigor el 15 de julio.

“La corte reafirmó lo que ha sido establecido por años: que los solicitantes de asilo que entran a este país tienen el derecho de estar libres de detención arbitraria”, dijo Matt Adams, director legal del Northwest Immigrant Rights Project, citado por la agencia AP. “Miles de solicitantes de asilo podrán continuar buscando su libertad bajo fianza mientras piden protección de la persecución y la tortura”.

Defensores de los derechos de los inmigrantes, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Northwest Immigrant Rights Project, entablaron demandas para bloquear esa política, la cual estaba programada para entrar en vigor el 15 de julio.

“La corte reafirmó lo que ha sido establecido por años: que los solicitantes de asilo que entran a este país tienen el derecho de estar libres de detención arbitraria”, dijo Matt Adams, director legal del Northwest Immigrant Rights Project, citado por la agencia AP. “Miles de solicitantes de asilo podrán continuar buscando su libertad bajo fianza mientras piden protección de la persecución y la tortura”.

Con esta decision “el tribunal reafirmó lo que se ha resuelto durante décadas: que los solicitantes de asilo que ingresan a este país tienen derecho a estar libres de detención arbitraria”, dijo Matt Adams, director legal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, en Seattle.

“Miles de solicitantes de asilo spodrán seguir siendo liberados bajo fianza mientras buscan protección contra la persecución y la tortura”, agregó.

A su vez, Michael Tan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, dijo que “la corte rechazó el intento a la fuerza de la administración de Trump de encarcelar arbitrariamente a solicitantes de asilo sin una audiencia”.

“Por más que quiera, el gobierno no puede eludir la Constitución en su esfuerzo por disuadir y castigar a los solicitantes de asilo que solicitan protección”, indicó.

Pechman señaló que así como las personas que entraban al país y eran detenidas aquí, los inmigrantes que llegan solicitando asilo tienen derecho por la Quinta Enmienda a las protecciones que brinda el debido proceso, incluyendo “una antigua prohibición contra la detención indefinida de civiles sin la oportunidad de probar si es necesario”.

Por los últimos 50 años el gobierno ha brindado la posibilidad a los solicitantes de asilo de asistir a audiencias de fianza ante jueces de inmigración, donde pueden argumentar por qué deben estar en libertad mientras esperan por su proceso migratorio. Eso les han dado la oportunidad a los inmigrantes de reunirse con sus familiares y encontrar abogados que puedan ayudarlos a sacar sus casos adelante.

Si esta política hubiera entrado en vigor, acabaría con este derecho y mantendría de 15,000 a 40,000 migrantes en custodia por seis meses o más sin exigirle a las autoridades demostrar que sus detenciones son justificadas, lo que según los activistas estaría violando el derecho al debido proceso.

“La corte encuentra que los demandantes establecieron un interés protegido constitucionalmente en su libertad, un derecho al debido proceso que incluye una audiencia ante un responsable neutral que pueda evaluar la necesidad de su detención y la posibilidad de éxito basado en los méritos de ese asunto”, escribió la jueza Pechman.

En ese caso, esa decisión obliga al gobierno a seguir ofreciendo una audiencia a cada inmigrante que haya demostrado que tienen un miedo creíble de persecución o tortura si regresan a su país de origen dentro de los siguientes siete días tras su solicitud de asilo. Si no se le garantiza la presentación ante un juez en ese tiempo, el solicitante debe ser liberado.

La jueza recordó que en el caso de los inmigrantes que mantengan detenidos, el gobierno debe demostrar que representan verdaderamente un riesgo de fuga o un peligro para el público.

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