Jueza prohíbe al gobierno impedir el aborto a indocumentadas bajo custodia federal

La administración de Trump no podrá impedir que las inmigrantes tengan un aborto. Así lo determinó ayer una juez de un tribunal federal de Washington, en un nuevo espaldarazo de la justicia después de que en diciembre esta misma magistrada fallara en favor de dos inmigrantes adolescentes indocumentadas que querían abortar y que se encontraban bajo custodia federal.

En el fallo emitido el viernes por la noche, la juez Tanya Chutkan prohíbe al gobierno “interferir con u obstruir” el acceso de las menores embarazadas a un aborto ni a las asesorías sobre aborto.

Su orden tiene carácter temporal, mientras se resuelve una demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en nombre de cuatro menores embarazadas que están en centros federales tras ingresar al país de forma irregular. Chutkan permitió el viernes que la querella prosiga como demanda colectiva.

La administración de Trump se ha negado a facilitar abortos a adolescentes migrantes que viajan solas argumentando que podrían volver a sus países voluntariamente para hacerlo o que podrían encontrar un espónsor en Estados Unidos que les ayude con el procedimiento.

Scott Lloyd, director de la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, agencia que supervisa los albergues para los menores inmigrantes sin acompañantes, es un férreo antiabortista.

En el pasado, Lloyd ha declarado que las adolescentes embarazadas atendidas por su oficina no tienen derecho a abortar, según la Constitución. Entre marzo y diciembre de 2017, recibió siete peticiones de interrupción de embarazo y no aprobó ninguna, ni siquiera la solicitud de aborto de una adolescente que fue violada.

En su fallo, Chutkan dijo que Lloyd y su oficina “ciertamente tienen derecho a mantener un interés en la vida del feto”, e incluso a preferir que las menores embarazadas bajo su custodia “elijan una opción en lugar de otra”, pero el gobierno no puede crear ni implementar una política que despoje a las menores “de su derecho a tomar sus propias decisiones reproductivas”.

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