Juez ordena al gobierno de Trump proveer atención en salud mental a familias separadas por la política de ‘tolerancia cero’

Un juez federal de Los Ángeles decidió esta semana que el gobierno del presidente Donald Trump debe brindar servicios de salud mental a miles de padres y niños migrantes que sufrieron algún daño psicológico producto de la separación de familias, implementada en 2017 en el marco de la política de ‘tolerancia cero’.

En su argumento, el juez John A. Kronstadt, de la Corte de Distrito de Los Ángeles, ordenó al gobierno de inmediato realizar chequeos de salud mental y dar tratamiento o consejería a estas familias sobre la base de decisiones anteriores de casos federales que determinaron que el gobierno puede ser responsable de sus acciones cuando con “deliberada indiferencia” ponga en situaciones de peligro a las personas bajo su custodia.

En el pasado, narra el diario The New York Times, la llamada doctrina de ‘el Estado que causa daño’ ha sido aplicada cuando, por ejemplo, un policía saca a una persona de un bar por la noche tarde en momentos en que el clima está muy frío, o cuando un empleador público falla en notificar sobre la presencia de un moho tóxico en una estructura y sus trabajadores terminan enfermos.

En el caso de la separación de familias, el juez asegura que Trump debe asumir la responsabilidad por haber causado un daño psicológico y “un severo trauma” a los padres y niños cuando los separaron a la fuerza en la frontera sin garantías de cuándo o cómo podrían reunirlos de nuevo.

El demandante en este caso fue una guatemalteca que fue separada de su hija adolescente el 21 de mayo de 2018 y que estuvo sin saber de la menor por más de un mes. Hablaron por primera vez luego de que habían estado separadas por 40 días y solo después de que un abogado la hallara durante un visita en un centro de detención en Irvine, California, donde se encontraba detenida.

El diario analiza que el proceso de implementación de la decisión del juez Kronstadt podría ser complicado y costoso, dado que muchas familias ya han sido deportadas y no serían elegibles para ningún cuidado en salud, o están regadas por Estados Unidos mientras siguen sus procesos migratorios en distintas cortes.

El profesor de leyes de la Universidad de Richmond, Carl Tobias, dijo al Times que el anuncio era “innovador’, pero se pregunta “qué podría pasar a partir de ahora y si el gobierno puede ser obligado a cumplir la orden”. Explica que aún podrían apelar y frenar la decisión de Kronstadt al argumentar que es equivocada.

A finales de octubre, el gobierno de Donald Trump admitió ante un tribunal federal de California haber separado a más niños migrantes de los que había informado hasta ahora.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo que habían reconocido la separación de 1,556 padres e hijos adicionales a los anunciados entre julio de 2017 y junio de 2018. Entre ellos, 207 tenían menos de 5 años. Hasta julio de 2018 se conocía un total de 2,654 separaciones.

El programa de separaciones forzadas, según la primera versión del Departamento de Justicia (DOJ), se ejecutó entre el 5 de mayo y el 26 de junio de 2017 como una forma de desalentar la migración centroamericana que llegaba en grandes números a la frontera sur tras huir de la violencia y pobreza en sus países. Fue entonces cuando el juez de San Diego Dana Sabraw emitió una orden exigiéndole al gobierno de Trump que dejara sin efecto la política por los daños que causaba a los migrantes y porque violaba sus derechos de solicitar asilo.

Pero en enero de 2019, un informe del Inspector General del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) puso en duda la cifra total de menores y familias afectadas por la política de ‘tolerancia cero’. Según la investigación, el número de menores separados forzosamente era mucho mayor de lo reconocido por el Ejecutivo. También puso en duda la legalidad del programa y la falta de protocolos para reunificar a los padres con sus hijos al término de sus procesos criminales.

El entonces secretario de Justicia Jeff Sessions forzó las separaciones presentando cargos criminales a los migrantes que llegaban al país en busca de asilo. La ley señala que los individuos que enfrentan un proceso criminal no pueden tener bajo su cargo el cuidado de menores.

Al no existir otro adulto que se hiciera cargo de los niños, el gobierno asumió sus cuidados, pero en vez de proteger las reunificaciones una vez concluyeran los casos criminales y el migrante fuera liberado para enfrentar el proceso migratorio de asilo y deportación, los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional (DHS) no diseñaron una hoja de ruta. Eso hizo que cientos de padres fueran deportados solos mientras sus hijos continuaban bajo la tutela de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una dependencia del HHS.

En abril, el juez Sabraw dio un plazo de seis meses para que el gobierno de Trump identificara a la totalidad de menores separados de sus familias en la frontera con México. En el dictamen dijo que su intención era acortar el plazo de dos años que habían solicitado los abogados del gobierno para identificar a los miles de menores separados entre el 1 julio de 2017 y el 25 de junio de 2018, fecha en la que la política quedó sin efecto.

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