Juez impone bloqueo definitivo a orden ejecutiva de Trump contra ciudades santuario

El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, William Orrick, bloqueó de manera permanente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para sancionar a las llamadas ciudades santuario, que acogen a inmigrantes indocumentados.

La decisión del juez es el resultado de las demandas impulsadas por los condados californianos de San Francisco y Santa Clara, y establece que el mandatario carece de facultades para modificar las condiciones de gasto aprobadas por el Congreso.

Desde que tomó posesión de la presidencia el 20 de enero pasado, Trump amenazó a las ciudades santuario con recortes presupuestales si insistían en proteger a comunidades de indocumentados y negarse a cooperar con autoridades migratorias para denunciarlas y deportarlas.

El 25 de enero instruyó al fiscal general y al secretario de Seguridad Nacional para que se aseguraran de que “jurisdicciones de santuario”, que se niegan a entregar la información legalmente requerida a las autoridades de inmigración, “no sean elegibles para recibir subvenciones federales”.

El juez con sede en San Francisco ya había suspendido esta orden ejecutiva, pero la administración Trump apeló esa decisión ante la Novena Corte de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos.

Un intento del gobierno de Trump para retener una subvención particular de aplicación de la ley de las ciudades santuario provocó una nueva ronda de demandas.

En una pasada resolución, que también limitó esos intentos de Trump, el mismo juez Orrick consideró que el presidente excedía su autoridad constitucional al castigar a los gobiernos locales que rechazan sus políticas de inmigración.

En esa pasada resolución, ratificada el lunes 20, el juez Orrick sentenció que Trump no puede obligar a las “ciudades santuario” como San Francisco a cooperar con autoridades de inmigración y cancelar fondos federales.

La ley federal no define “ciudades santuario”, y la administración Trump ha dado descripciones diferentes de las políticas locales que está dirigiendo.

Hasta ahora más de 300 ciudades y condados de todo el país han limitado la cooperación con las agencias de aplicación de la ley que permite actuar a los funcionarios federales de inmigración que buscan detener y deportar a los inmigrantes por delitos o entrada indocumentada al país.

Casi 50 gobiernos locales de todo el país, y el estado de California, presentaron argumentos en apoyo a la demanda interpuesta por San Francisco y el Condado de Santa Clara que argumentaron que se les amenazaba con el recorte de miles de millones de dólares en fondos federales.

Además, Seattle, y dos comunidades en Massachusetts y Richmond en el condado de Contra Costa, han presentado demandas por separado.

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