Juez fija plazo de seis meses al gobierno de Trump para identificar a niños migrantes separados

El 26 de junio del año pasado Sabraw ordenó al gobierno poner fin a la separación forzosa de familias migrantes en la frontera y fijó un plazo de hasta 30 días para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reunificara a la totalidad de los afectados.

El gobierno reconoció en un principio que las separaciones fueron ejecutadas entre el 5 de mayo y el 26 de junio del 2017 y en total se registraron 2,654. Pero un informe del inspector general del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) en enero, reveló que las separaciones comenzaron varios meses antes de lo dicho por el DHS y afectó a varios otros miles de menores.

“Se desconoce el número total de niños separados de un padre o tutor por las autoridades de inmigración” en el verano del año pasado, advierte el estudio.

Tras la orden del jueves, el gobierno revisará unos 47,000 casos de menores no acompañados en su custodia desde el 1 de junio del 2017 hasta el día del dictamen de Sabraw en junio del año pasado.

El mes pasado, durante una comparecencia en un panel de la Cámara de Representantes, la entonces secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, reconoció que las separaciones comenzaron varios meses antes de las fechas oficiales para ensayar la política, un dato que durante meses fue ocultado intencionalmente por el gobierno.

Ester martes, Kevin McAleenan, el nuevo director interino del DHS, dijo que la política de separación de familias “no vale la pena”, al menos “desde la perspectiva de las autoridades”.

El funcionario explicó que la indignación que produjo en todo el país el saber que el gobierno de Donald Trump había pedido separar a los padres migrantes de sus hijos supuso “una pérdida de la confianza pública”.

Tras la decisión, ambas partes deberán informar a la corte sobre sus avances cada tres semanas, según solicitó Sabraw. El juez federal busca de esta manera asegurar de que el proceso se desarrolle de manera ágil y que en caso de presentarse algún problema, preferiría evaluarlo “más temprano que tarde”.

“Esta orden muestra que el tribunal sigue reconociendo la gravedad de esta situación”, dijo Lee Gelernt, abogado principal en la demanda de separación familiar y subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

La demanda de acción de clase encabezada por la ACLU cubre:

A todos los padres adultos que ingresan a los Estados Unidos en o entre los puertos autorizados después del 1 de julio de 2017 (posterior a la orden de frenar las separaciones forzadas y ordenar las primeras reunificaciones), ya sea que fueron o serán detenidos; y a todos los padres cuyos hijos estén bajo custodia de ORR (Oficina de Reasentamiento de Refugiados, dependiente del HHS), en cuidado de crianza del ORR o en custodia de DHS sin una determinación que el padre no es apto o presenta un peligro para el niño.

Trump ha dicho en reiteradas ocasiones que las separaciones familiares en la frontera permiten contener las oleadas de migrantes, la mayoría de ellos centroamericanos. Y que si no se llevan a cabo, “mucha más gente” llegará al país”.
En diciembre del año pasado, seis meses después de la primera orden de Sabraw para frenar las separaciones forzosas, el mandatario aplaudió su política y aseguró que era mejor que la implementada por su antecesor Barack Obama y los demócratas.

“La política demócrata de separación de niños en la frontera durante la administración de Obama fue mucho peor que la forma en que lo manejamos ahora. Recuerde la foto de 2014 de los niños en jaulas: los años de Obama. Sin embargo, si no se separa, vendrán más personas. ¡Los contrabandistas usan a los niños!”, dijo.