Juez federal le prohíbe al gobierno revocar permisos de trabajo de dreamers protegidos con DACA

Un juez federal de California prohibió el lunes al gobierno de Donald Trump “retirar” la protección que el programa de Acción Diferida de 2012 (DACA) otorga a unos 700,000 jóvenes indocumentados, entre ellas el amparo de deportación y un permiso de trabajo.

El juez de distrito Philip Gutierrez amplió un interdicto previo emitido en noviembre, en una demanda que alega que el gobierno de Trump está eliminando del programa a los soñadores sin darles una oportunidad de defenderse.

En la demanda, ACLU argumenta que al dreamer Jesús Arreola se le revocó su permiso de trabajo después de que fue arrestado bajo sospecha de contrabando de inmigrantes, a pesar de que un juez de inmigración desacreditó los cargos.

Los abogados del grupo de derechos civiles señalaron que al menos 22 personas fueron suspendidas de DACA, pero que cientos más podrían verse afectadas.

Gutierrez concedió el estatus de demanda colectiva, lo que significa que protegerá a los beneficiarios de DACA que, después del 9 de enero se les revocó o se les revocará su registración. El juez le prohibió al gobierno revocar dicha afiliación sin proporcionar un aviso previo y una explicación. Y a los que ya la han perdido se les debe restituir.

El fallo fue emitido el mismo día que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció que no atenderá un pedido urgente por parte del gobierno para revertir un fallo de una corte federal de California que el 9 de enero reactivó DACA tras su suspensión en septiembre del año pasado.

DACA fue implementado el 15 de agosto de 2012 por el entonces presidente Barack Obama. De los casi 800,000 beneficiarios totales del programa, cerca de 700,000 en la actualidad gozan de los beneficios del plan.

La acción diferida solo protege de la deportación a jóvenes indocumentados que entraron antes de cumplir 16 años a Estados Unidos, carecen de antecedentes criminales, demuestran que están físicamente en el país desde antes del 15 de junio de 2007 y tenían menos de 31 años al 15 de junio de 2012.

La demanda en busca de protección para los dreamers fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). El grupo de recechos civiles alega que, en muchos casos, el gobierno puso fin injustamente a la participación de los inmigrantes en DACA, aunque nunca fueron declarados culpables de ningún delito grave.

Al perder sus autorizaciones de empleo fueron colocados en proceso de deportación.

En su batalla legal, la ACLU quiere asegurar que el gobierno no pueda despojar arbitrariamente a los soñadores del amparo de sus deportaciones basado en denuncias no probadas, o en delitos de bajo nivel que no descalifican al beneficiado.

En noviembre del año pasado Gutierrez obligó al gobierno a devolver el amparo a Arreola Robles después que un tribunal desestimó los cargos en su contra. El dreamer estaba protegido por DACA desde 2012 hasta que fue detenido, el 12 de febrero del 2017 por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP), bajo sospechas de tráfico de indocumentados cuando hacía un servicio de Uber en San Diego.

Tras varios días detenido, Arreola Robles fue puesto en libertad y, aunque un juez lo liberó de los cargos, las autoridades federales despojaron al joven del beneficio migratorio alegando que había perdido la protección por haber sido arrestado.

El tribunal presidido por Gutierrez consideró que el Gobierno concedió la protección de DACA a Arreola en 2012, 2014, y 2016, y la Administración no puede cambiar su posición en lo que concierne a si él merecía DACA sin al menos proporcionar una razón válida para el cambio.

Los demandantes alegan que las prácticas de revocación que el gobierno de Trump está utilizando en el caso de los dreamers violan la ley federal de procedimientos administrativos y la cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos.

El programa permanece vivo tras un fallo emitido el 9 de enero cuando el juez William Alsup, de la Corte Federal de Distrito del Norte de California, ordenó al gobierno mantener el programa de Acción Diferida de 2012 (DACA) en los mismos términos que estaba antes de que fuera cancelado por el secretario de Justicia, Jeff Sessions, el 5 de septiembre del año pasado.

El juez Alsup determinó que la cancelación de DACA fue una medida “arbitraria y caprichosa”.

Un segundo fallo se registró el 13 de febrero cuando el juez Nochilas Garaufis, quien preside la corte de distrito de Brooklyn, Nueva York, falló que DACA no puede finalizar en marzo como estaba previsto.

Garaufis mantuvo la restauración del programa tal y como estaba vigente el 4 de septiembre de 2017, es decir un día antes de la cancelación ordenada por Trump, y dejó a criterio del gobierno si aprueba o no nuevas solicitudes y renovaciones, así como permisos de viaje anticipados (advance parole).

El documento de la corte explica que la decisión de cancelar DACA se hizo sobre la base de que el programa era inconstitucional, lo que para el juez constituyó una “conclusión errónea” y por eso argumentó que el programa debe mantenerse a nivel nacional.

Garaufis consideró además que la decisión de poner fin a DACA fue “arbitraria, caprichosa y un abuso de discreción”.

El futuro del programa se encuentra en manos de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito tras un recurso presentado por el Departamento de Justicia a finales de enero.

El año pasado esta corte permitió que los inmigrantes amparados por un Estatus de Protección Temporal (TPS) puedan recibir la residencia legal permanente por intermedio de cónyuges o hijos mayores de edad estadounidenses.

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