Hazel ya se había pronunciado en el caso contra la pregunta en abril, pero entonces no encontró pruebas suficientes para respaldar las afirmaciones de los demandantes de que el gobierno tenía la intención de discriminar a los inmigrantes y de que la administración conspiraba para violar la ley constitucional sobre los derechos de los no ciudadanos y las personas de color.
Por su parte, el gobierno niega cualquier motivación política y ha dicho que el Departamento de Justicia ha determinado que la pregunta era necesaria para cumplir mejor con la ley federal del derecho al voto. Al conocerse el mes pasado las pruebas presentadas por la ACLU y un bufete de abogados, desde la administración se dijo que las evidencias “no eran importantes y no producirían un nuevo resultado”.
Sin embargo, el juez Hazel parece no estar de acuerdo con tal valoración y su decisión de considerar la evidencia presentada permite que los demandantes pidan a un tribunal de apelaciones que el caso sea devuelto a su tribunal inferior.
Se espera que la Corte Suprema decida esta semana o la próxima sobre la decisión de un juez de Nueva York de excluir la pregunta del formulario del censo, pero los demandantes de Maryland señalan que su caso presenta evidencias que no han sido discutidas con anterioridad, ni en la demanda de Nueva York, ni en la anterior de California, por lo que creen que su impugnación debería proceder por separado.
En una audiencia en Greenbelt, Maryland, el martes, los abogados de los demandantes argumentaron que la nueva evidencia era suficiente para demostrar una conexión clara entre el estratega Thomas Hofeller y los funcionarios de la administración de Trump, quienes presionaron para que se agregara la pregunta.
Para los demandantes, el siguiente paso es que el tribunal de apelaciones decida si devolverá el caso al tribunal de primera instancia. En caso de ser remitido, la decisión recaería otra vez sobre el juez Hazel, que podría ordenar nuevas pruebas, citaciones adicionales o documentos o simplemente considerar que las evidencias presentadas son pruebas suficientes.
Según la cadena CNN, Hazel dijo a la sala del tribunal que, en el actual juicio, él se inclinaba un 49% hacia la posibilidad de declararse a favor de los demandantes en su reclamo de discriminación intencional, pero no dio declaraciones sobre sus posibles decisiones si el caso le es devuelto a su tribunal. De cualquier forma, los demandantes lo han tomado como una medida favorable.
“Este es un movimiento importante del tribunal de distrito que da crédito a lo que todos sabemos, que es que el gobierno conspiró para discriminar a los latinos e inmigrantes de color al agregar una pregunta de ciudadanía al censo de 2020”, dijo a The Washington Post Andrea Senteno, asesora regional del Fondo Mexicano de Defensa Legal y Educativa (MALDEF), uno de los demandantes del caso.
Por su parte, los representantes del Departamento de Justicia intentaron desacreditar las nuevas pruebas, cuestionando su relevancia y su autenticidad.
“No hay evidencia de que [un estudio de 2015 de Hofeller sobre los efectos de agregar una pregunta de ciudadanía] se haya compartido con alguien dentro o fuera del gobierno federal”, dijo el abogado del Departamento de Justicia, Josh Gardner, citado por el Post.
Uno de los elementos que se argumentan para apurar la decisión de la Corte Suprema, que se presume será favorable a incluir la pregunta, es que los formularios del censo tienen que entrar en imprenta en julio, lo cual reclaman los demandantes de Maryland, que aseguran que el propio jefe científico de la Oficina del Censo ha dicho que podrían imprimirse hasta en octubre de este año.
A medida que los abogados continúan revisando los archivos de Hofeller, más material ha salido a la luz. La semana pasada surgieron documentos que mostraban que el republicano tuvo un contacto directo con la funcionaria principal del censo, Christa Jones, en 2015, sobre cómo agregar una pregunta de ciudadanía. También argumentan que el socio comercial de Hofeller evadió una citación para presentar las computadoras que retiró de la casa del consultor cuando falleció.
Recientemente, la administración Trump invocó el privilegio ejecutivo para negarle acceso al Congreso a la información sobre la pregunta de ciudadanía. En respuesta, un comité de la Cámara declaró al secretario de Justicia, William Barr y al de Comercio, Wilbur Ross, en desacato, por negarse a cumplir con las citaciones que les fueron hechas para explicar al parlamento las razones que llevaron al gobierno a incluir dicha pregunta, sesenta años después de haber sido retirada.
Aunque puede parecer una cuestión menor, la inclusión de una pregunta de ciudadanía en el censo tiene serias implicaciones para todo el país, especialmente para los distritos con mayor concentración de inmigrantes, latinos, asiáticos y personas de color, pues es clave para el reparto de unos 675,000 millones de dólares en subvenciones federales y para asignar a cada estado un número de escaños en la Cámara de Representantes.
