Juez falla a favor de familia que busca asilo en EEUU para que pueda acceder a un abogado antes de ser enviada a México

Migrantes devueltos a México. Un magistrado federal determinó este miércoles en San Diego, California, que los migrantes que piden asilo en el país y temen ser enviados a México mientras esperan los resultados tengan acceso a abogados de inmigración.
El juez Dana Sabraw falló a favor de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otras dos organizaciones pro inmigrantes que la semana pasada presentaron una demanda colectiva.

El magistrado resolvió que, cuando los inmigrantes expresan que temen regresar a México y, por lo tanto, se les asignan “entrevistas no devolutorias”, deben tener acceso a abogados.

Un portavoz de la ACLU, Edward Sifuentes, explicó a Efe que ese tipo de entrevistas son adicionales al proceso regular y están a cargo de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).

Se inician cuando los migrantes expresan temor si regresan a México durante las entrevistas con agentes de inmigración, para demostrar el “miedo creíble” y solicitar asilo.

La decisión del juez Sabraw es “una orden de restricción temporal que garantiza a los demandantes acceso a abogados, y prepararse durante las entrevistas” en las que quieren explicar sus razones para permanecer en territorio estadounidense sin integrarse al Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), dijo Sifuentes.

El MPP fue creado por la administración del presidente Donald Trump en enero pasado, para que los solicitantes de asilo lleven su proceso desde México y así desalentar la llegada de migrantes.

“La decisión del juez es una victoria para nuestros demandantes, para el derecho a contar con abogado y para nuestra visión de un sistema de inmigración justo y equitativo”, dijo Monika Langarica, abogada de derechos de los inmigrantes de ACLU.

Langarica había acusado a la administración Trump de levantar “un muro entre los migrantes y sus abogados”, por impedir a los representantes legales participar en las entrevistas de USCIS para revisar temores de volver a México.

La demanda colectiva representa a varias familias migrantes que se declararon temerosas.
La directora regional de la ACLU para la frontera de California con México, Norma Chávez Peterson, presentó el caso de una de esas familias.

La citada familia huyó de Guatemala cuando la mayor de cinco hijos, una adolescente de 17 años, fue violada y amenazada de muerte.

Al cruzar México, madre, padre e hijos fueron asaltados y vejados, obligados a desnudarse incluso, en una ocasión, por hombres uniformados.

Esa familia ha permanecido en una instalación de la Patrulla Fronteriza, que es la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), mientras la corte resuelve el caso y ahora ACLU coordina las entrevistas con abogados.

En la demanda participan Servicios Familiares Judíos de San Diego y el Centro Legal para los Derechos de los Inmigrantes, según reportó la agencia EFE.

Un juez federal falló que una familia de guatemaltecos que busca asilo en Estados Unidos debe tener permitido consultar a un abogado, antes de obligarlos a esperar en México mientras su caso es procesado por las cortes de inmigración del país.

La orden de restricción temporal emitida por el juez de distrito Dana Sabraw el martes por la noche podría tener consecuencias de gran alcance si se aplica a dicha política del gobierno de Trump en general, la cual se ha empleado con la intención de frenar el flujo de migrantes que pretenden solicitar asilo y están llegando a la frontera sur de Estados Unidos.

El juez programó una audiencia para el 13 de diciembre sobre si el fallo debería aplicar para todos los solicitantes de asilo que fueron regresados al territorio mexicano vía California para esperar su siguiente comparecencia judicial.

El Departamento de Seguridad Nacional regresó a más de 55.000 personas a través de California y Texas para que esperaran en México en los nueve meses que transcurrieron desde que se implementó la política en enero. El mes pasado publicó un informe en el que calificó a la política como “una herramienta indispensable para atender la crisis actual en la frontera sur y restaurar la integridad del sistema de inmigración”.

El Departamento de Justicia rechazó comentar sobre el fallo de Sabraw.

El juez dijo que la familia debe poder consultar a su abogado antes y durante una entrevista con las autoridades estadounidenses para determinar si México es lo suficientemente seguro para que esperen ahí.

Las demandas que impugnaron la política alegan que ésta les niega los solicitantes de asilo un trato justo y los expone a condiciones extremadamente violentas en las ciudades fronterizas de México.

Los críticos han señalado casos recientes de migrantes devueltos a México sin una fecha programada para que se presenten en la corte, una cuestión que dijeron podría ser resuelta con un mayor acceso a abogados.

The Associated Press obtuvo información de los abogados que señalaron que Estados Unidos ha enviado a 11 de sus clientes a México con fechas en las cortes que no existen. Una salvadoreña cuyo caso se cerró el 30 de octubre dijo que les comentó a las autoridades que temía vivir en México debido a que había sido secuestrada y prostituida y que, en otra ocasión, fue golpeada brutalmente.

Los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza rechazaron comentar sobre casos específicos, pero dijeron el martes que los solicitantes de asilo pueden ser regresados a México mientras un fallo está bajo proceso de apelación y que las fechas son proporcionadas para indicar cuándo deben contactar a las autoridades estadounidenses para tener información sobre sus casos.

Es procedente que cualquiera de las partes apele una decisión dentro de los 30 días posteriores a ésta, pero el formulario que la CBP entregó a la salvadoreña le indicaba que debe acudir a la corte el 16 de diciembre, lo cual es falso.

La AP confirmó con el tribunal que el caso carecía de fecha y también recibió una copia de la orden del juez de que el caso está cerrado. Esto también cae fuera del periodo de los 30 días para presentar una apelación.

La Unión Americana de Libertades Civiles de los Condados San Diego e Imperial demandaron la semana pasada al gobierno federal a nombre de la familia guatemalteca, que huyó de su país después de ser víctimas de extorsión, violación y amenazas de muerte.

La familia dijo que en México fue desnudada, agredida físicamente y robada por sujetos enmascarados que al parecer llevaban uniformes gubernamentales.

El cinco de noviembre la familia expresó a un juez de inmigración en San Diego su temor de regresar a Tijuana, debido a una balacera que hubo afuera de un albergue temporal.

Sabraw, quien fue nombrado por el presidente George W. Bush y preside un caso para reunir a miles de menores con sus padres de los que fueron separados por autoridades en la frontera, dijo que la familia guatemalteca podría sufrir “daño irreparable” sin un abogado.

Incluso si se ampliara el alcance del fallo, éste no tendría mayor consecuencia por la incapacidad de muchos solicitantes de asilo para pagar un abogado, que el gobierno no está obligado a facilitar.

Solo 1.3 por ciento de los migrantes devueltos a México a finales de junio para que esperaran sus audiencias contaban con abogado, según el Transactional Records Access Clearinghouse (Centro de Acceso a Expedientes Transaccionales) de la Universidad de Syracuse.

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