Juez evalúa pedir se ubique a otras familias migrantes separadas en frontera

Un juez federal anunció que va a evaluar si pide que se localice también a las familias migrantes que fueron separadas en la frontera con México antes de la implementación de la política de “tolerancia cero”.

El magistrado Dana Sabraw, quien preside una demanda colectiva contra el Gobierno federal a nombre de padres y menores indocumentados, se refirió un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) divulgado por medios nacionales y que refleja que desde el verano de 2017 un número incalculable de familias migrantes fueron separadas.

Sabraw escuchó este jueves en una corte federal de San Diego (California) los argumentos de ambas partes y tras una audiencia de casi dos horas optó por considerar la solicitud de los abogados demandantes y prometió dar a conocer su decisión “lo antes posible”.

El magistrado, que en junio del año pasado ordenó que el Gobierno reunificara a las familias indocumentadas separadas en la frontera por la política de “tolerancia cero”, calificó el reporte emitido por la Oficina del Inspector General como “un evento significativo” y que aparenta ser “100 % verdadero”.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), quien representa a las familias migrantes separadas, había pedido que se ubique a las familias aludidas en el informe, dado que el mandato judicial emitido como consecuencia del proceso judicial incluía a unos 2.800 menores que estaban al cuidado de las autoridades federales hasta el 26 de junio pasado.

Según ACLU, lo expuesto en el documento merece que el gobierno se vea forzado a identificar a todos los niños que separó de sus padres, incluso antes del mandato, y se busque la forma de reunificarlos.

Lee Gelernt, abogado de ACLU, insistió durante la audiencia en que se vieron “sorprendidos” por el hallazgo en el reporte de la Oficina del Inspector General, ya que no imaginaban que habrían miles más afectados por esta práctica.

Por su parte, Scott Stewart, abogado del Departamento de Justicia (DOJ), refirió que obligar a identificar a los niños que ya no se encuentran bajo cuidado del Gobierno sería una gran carga y un “cambio dramático” en el caso.

“Simplemente, no estoy seguro que podamos continuar así”, señaló en la audiencia.

Sabraw aludió a declaraciones pasadas de la administración sobre lo complicado que sería localizar a los “miles de menores” que fueron separados de sus padres antes del mandato judicial, habida cuenta de que se carecía de un sistema para rastrear su paradero.

“Esa es la dura realidad”, lamentó el magistrado, quien ordenó a mediados de julio del año pasado que se detengan temporalmente las deportaciones de familias recién reunificadas, mandato que sigue vigente hoy en día.

“Nadie, salvo unas cuantas personas en el Gobierno, sabían que estas separaciones se habían realizado desde nueve o diez meses antes, y que cientos si no es que miles de niños estaban siendo separados”, agregó.

El juez dijo que de ceder a la petición de ACLU se podría proceder a primero identificar cuántos menores fueron perjudicados y posteriormente buscar la forma de reunificarlos con sus padres si así lo desean.

Por su parte, Gelernt, dijo que estarían dispuestos a conformar un comité de abogados y voluntarios para ayudar con esa tarea, tal y como se hizo cuando buscaron a los padres que fueron deportados tras haber sido separados de sus hijos.