Juez decidirá en enero sobre defensa legal de migrantes enviados a México

El juez federal Dana Sabraw informó que decidirá en enero si permite que todos los migrantes que serían enviados a México a esperar la respuesta de sus peticiones de asilo cuenten con abogados durante sus entrevistas ante jueces de inmigración.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) había pedido al magistrado, con sede en Dan Diego, que amplié a otros migrantes el derecho que concedió el mes pasado a una familia guatemalteca que con ayuda de abogados demostró temores fundados si regresaba a la ciudad mexicana de Tijuana y por tanto se le autorizó permanecer en territorio estadounidense.

«Pedimos que los migrantes en el programa de Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés) que temen por su seguridad si son enviados al estado de Baja California (México) cuenten con la presencia de sus abogados en las entrevistas de miedo creíble», dijo la abogada de Derechos de los Migrantes de ACLU Mónika Langarica.

Agregó que «es ilegal que el Gobierno de Estados Unidos prohíba que en esas audiencias participen los abogados de los migrantes, porque es una prohibición que no establece la Constitución ni las leyes de migración».

La decisión del magistrado puede determinar que muchos migrantes, que ahora carecen de abogados, cuenten con representación legal en las cortes federales de Inmigración de San Diego, sur de California.

Más de 13.000 migrantes integrados en MPP que aguardan en las ciudades de Mexicali y Tijuana, ambas en el estado mexicano de Baja California, tienen casos que corresponden a la corte de migración de San Diego.

Langarica dijo que por ahora aproximadamente el 1 % de esos migrantes cuenta con ayuda de abogados de migración.

«La ayuda de abogados de migración es muy importante, diría fundamental, para demostrar que los migrantes tienen temores válidos si son enviados a esperar resoluciones a la frontera de México», comentó la abogada.

Un abogado de San Diego dio a conocer la semana pasada que un migrante salvadoreño, padre de familia y con pareja, fue asesinado a fines de noviembre en Tijuana después de que expresó a la corte temores de permanecer en esa ciudad.

El migrante, dijeron las autoridades estatales en Baja California, fue víctima de tortura y descuartizado.

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