Juez de Miami señala que el condado viola los derechos de los inmigrantes detenidos al ceder a presiones de Trump

El juez de distrito Milton Hirsch puso en duda este viernes la decisión del alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Giménez, de cumplir con las solicitudes del gobierno federal de retención de incodumentados, una política que adoptó después de que el presidente Donald Trump amenazara con retirar fondos a las denominadas “ciudades santuaruio”.

En la resolución emitida este viernes, el juez dictamina que se violaron los derechos de un inmigrante haitiano indocumentado que fue retenido en una prisión del condado a petición de las autoridades migratorias federales en vez de ser liberado. El inmigrante, James Lacroix, perdió el estatus de protección temporal (TPS) que le protegía en EEUU por manejar sin licencia y fue retenido en la cárcel 48 horas a solicitud del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Este es el primer fallo en contra de la controvertida decisión que tomó en enero pasado el alcalde Giménez, que generó protestas de las organizaciones proinmigrantes de la ciudad.

En su dictamen, el juez señala que las peticiones de detención prolongada de ICE no suponen “evidencia de que se haya cometido un crimen o que alguien esté en el país ilegalmente”, por lo que los presos deben ser liberados una vez cumplida su pena.

El juez Hirsch opina que se debe “proteger” al país de la inmigración indocumentada, pero no a costa de los “históricos derechos y libertades” de las que se dotó la nación y cita la Décima Enmieda, que limita el alcance limitado del gobierno federal respecto a las políticas de los estados.

“La posición del condado Miami-Dade es que inmigración es un asunto federal y debe resolverse en una corte federal”, escribió en su cuenta de Twitter el portavoz del alcalde Mike Hernández, quien adelantó que su oficina apelará esta decisión.

Por una ley de 2013 y hasta enero pasado, el condado de Miami-Dade negaba los pedidos de ICE para detener temporalmente (hasta 48 horas) a presos que están en el país ilegalmente para su deportación a menos que el gobierno federal le reembolsara el gasto por la detención extendida.

Pero la llegada de Donald Trump al poder, su amenaza a las ciudades que de alguna manera protegen a los inmigrantes con retirarles fondos y la aprobación de una orden ejecutiva que debilita a las denominadas ciudades santuario llevó al alcalde Giménez a quitar esa política.

Miami-Dade es un condado receptor de inmigrantes. Según el censo, más del 66% de la población es hispana y más del 72% de sus habitantes aseguran hablar un idioma distinto al inglés en sus casas.

Desde enero, las cárceles del estado han recibido más de 50 peticiones del gobierno federal para retener a indocumentados.

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