Juez bloquea el veto de Trump que impedía a ciertos migrantes pedir asilo en la frontera

Un juez federal de California restableció este lunes la prohibición de una política dictada por el gobierno de Donald Trump que restringía el asilo a personas que llegaran a la frontera y cruzaron por un tercer país antes de llegar a Estados Unidos. Esta medida supone un duro golpe para las intenciones del presidente en materia migratoria.

El juez Jon Tigar emitió en julio una orden nacional bloqueando la regla que permitiría al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negar la mayoría de las peticiones de asilo que se registran en la frontera con México.

La medida afectaba directamente a los inmigrantes centroamericanos que cruzan el territorio mexicano antes de llegar a la frontera y entregarse a las autoridades federales de inmigración para pedir la protección del gobierno alegando que están huyendo de sus países por distintas causas.

La medida, denominada Regla Final Interina (IFR), fue anunciada después de que la administración de Trump no consiguió llegar a acuerdos con México y Guatemala para convertirlos en ‘tercer país seguro’.

Una semana después de que se anunció la regla, una corte de Washington DC desestimó una demanda que buscaba detener la medida, dándole una victoria al gobierno federal. Pero la alegría duró solo unas horas. Ese mismo día una corte federal de San Francisco, California, le prohibió al gobierno de Trump negar asilos en la frontera con México.

Pero luego Corte de Apelaciones del 9º Circuito, en respuesta a una demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dictaminó que las autoridades federales de inmigración pueden rechazarles el asilo a inmigrantes en los estados de Nuevo México y Texas, las dos áreas más concurridas para los cruces fronterizos, pero no podrían hacerlo en California y Arizona, que se encuentran bajo su jurisdicción.

El juez Tigar ahora ha vuelto a ordenarle al gobierno que no puede implementar esta regla y ordenó a la administración que siga aceptando peticiones a lo largo de la frontera con México.

El juez Tigar escribió en el dictamen que “una orden judicial a nivel nacional está respaldada por la necesidad de mantener una política de inmigración uniforme” a todo lo largo de las fronteras, y señala que, en asuntos de inmigración, “hemos reconocido constantemente la autoridad de los tribunales de distrito para imponer políticas ilegales sobre una base universal”.

Tigar dijo que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que liberó la regla excepto en los estados de California y Arizona, “estaba en conflicto con la ley vigente” e iba a crear “importantes problemas de administración”.

Finalmente, el juez concluyó que, si bien las medidas cautelares a nivel nacional no son la “regla general”, son apropiadas “cuando dicha amplitud [es] necesaria para remediar el daño del demandante”.

En consecuencia, agrega, “y por las razones expuestas anteriormente, el tribunal otorga la moción de las organizaciones (demandantes) para restablecer el alcance de la medida cautelar a nivel nacional”.

La regla de asilo ordenada por Trump en julio señaló que “específicamente, los Departamentos de Justicia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHS) están revisando para agregar un nuevo requisito de elegibilidad para el asilo de un extranjero que ingresa o intenta ingresar al país a través de la frontera sur, pero que no solicitó la protección contra la persecución o la tortura cuando estaba disponible en al menos un tercer país fuera del país de ciudadanía, nacionalidad o última residencia habitual legal del extranjero a través del cual él o ella transitó en ruta a los Estados Unidos”.

La ACLU respondió entonces a través de su cuenta en la red social Twitter señalando: “La administración de Trump está tratando de manera unilateral de revertir el compromiso legal y moral para proteger a la gente que huye de peligros. Esta nueva medida es obviamente ilegal. La demandaremos rápidamente”.

Según el secretario interino del DHS, Kevin McAleenan, el objetivo de la medida es ayudar “a reducir el factor que impulsa la migración irregular hacia Estados Unidos haciendo que menos individuos transiten por México en un viaje peligroso” hasta que actúe el Congreso.

McAleenan agregó que la IFR debería reducir “las cargas abrumadoras en nuestro sistema interno provocado por los solicitantes de asilo que no buscaron protección urgente en el primer país disponible, los migrantes económicos que carecen de un temor legítimo de persecución y las organizaciones criminales transnacionales, traficantes y contrabandistas que explotan nuestro sistema para obtener ganancias”.

La nueva norma se agregó a una larga lista de severos cambios a la política de asilo que van desde la prohibición a la entrada de ciudadanos de países de mayoría musulmana hasta la separación forzada de familias presentando cargos crimínales a los adultos que ingresaban indocumentados o por lugares no autorizados en la frontera con México.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) aplaudió el fallo y dijo que la corte del juez Tigar había restablecido una orden judicial a nivel nacional que bloquea la prohibición de asilo del gobierno de Trump, que niega el beneficio a cualquier persona en la frontera sur que haya transitado por un tercer país en ruta a los Estados Unidos.

“El tribunal reconoció que existe un grave peligro para los solicitantes de asilo en todo el tramo de la frontera sur”, Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU

.A su vez, Baher Azmy, director legal del Centro para los Derechos Constitucionales, dijo que “nos complace que la corte haya reconocido la realidad sobre el terreno, que la prohibición de asilo de Trump está afectando a miles de solicitantes de asilo en toda la frontera, tal como se pretendía hacer ilegalmente. y no solo en los puertos de entrada de California y Arizona”.

“Esta decisión nivela el campo de juego para todas las personas y familias vulnerables que buscan refugio en los Estados Unidos”, dijo Melissa Crow, abogada supervisora principal del Proyecto de Justicia de Inmigrantes del Southern Poverty Law Center.

“Con esta decisión, independientemente de dónde crucen la frontera, estas personas deberían poder solicitar asilo. Lamentablemente, aunque este fallo elimina un obstáculo importante, quedan demasiados obstáculos, ya que la guerra de esta administración contra los solicitantes de asilo parece no conocer límites”, indicó.

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