Juez autoriza que continúe el proceso contra las restricciones migratorias impuestas por Trump

El tira y afloja entre los jueces que se han levantado en contra la orden ejecutiva dictada por el presidente Donald Trump, que impide la entrada a EEUU de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, y el Departamento de Justicia, que defiende el veto, continúa después de que un juez federal diera luz verde a que continúe el litigio.

El Departamento de Justicia quería que la demanda que abrieron los estados de Washington y Minnesota contra las restricciones migratorias, que logró detener temporalmente el veto, quedara en suspenso.

El objetivo del Departamento de Justicia era que no tuviera efecto la paralización de las restricciones al menos mientras la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito decide si un panel de 11 jueces revisa la solicitud del gobierno para que se permita la aplicación del veto.

Sin embargo, el juez federal James Robart, que fue quien emitió el pasado 3 de febrero la decisión de suspender las restricciones migratorias una semana después del decreto presidencial, dijo que la demanda puede seguir su curso.

En una audiencia en la corte de Seattle este lunes, Robart dijo que no ve un motivo para retrasar el caso, agregando que le “sorprendió” que el Departamento de Justicia busque una demora y ordenó que ambas partes se preparen para seguir adelante, informó la agencia Reuters.

La semana pasada un panel de tres jueces de la corte federal de apelaciones respaldó la decisión de Robart al no revocar la orden por la que se suspendieron las restricciones migratorias, al menos de forma temporal, lo que impide que se mantenga el veto presidencial, algo que molestó a Trump.

El mandatario arremetió contra el juez Robart y advirtió de que ante las dificultades que está teniendo con el primero evalúa emitir un nuevo decreto.

Alegando motivos de seguridad nacional, el decreto emitido en enero prohibió el ingreso de personas de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen durante 90 días y de todos los refugiados por 120 días, excepto los provenientes de Siria, que enfrentan un veto por tiempo indefinido, lo que desató el caos durante las primeras horas de su entrada en vigor y protestas en todo el país.

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