La determinación anunciada por el juez Edward Chen permite que la demanda presentada por inmigrantes beneficiarios del TPS avance a una audiencia previa que se realizaría mediados del próximo semestre y en donde se determinará si el caso amerita un juicio.
Según expresó el juez Chen, los demandantes de la suspensión del TPS pueden solicitar “una explicación razonable” para la cancelación del beneficio y que los hijos ciudadanos de los beneficiarios del TPS tienen el derecho de permanecer en el país bajo la tutela de sus padres.
En los últimos meses el Gobierno del presidente Donald Trump ha anunciado la cancelación de este amparo que beneficia a unos 195 mil salvadoreños, 55 mil hondureños, 50 mil haitianos y 5 mil nicaragüenses, en una medida que forma parte de su dura política migratoria.
El próximo año vence el TPS para los nicaragüenses (5 de enero), haitianos (22 de julio) y salvadoreños (9 de septiembre), y el 5 de enero del 2020 expira el de los hondureños.
La decisión del juez Chen llega el mismo día en el que el Gobierno de Guatemala solicitó a Estados Unidos el TPS para sus migrantes por la catástrofe provocada por la erupción del Volcán de Fuego el 3 de junio, que ha dejado al menos 112 muertos.
Desde que asumió el poder en el año 2016, Morales formuló cuatro peticiones de un TPS para los guatemaltecos que se estiman que viven en Estados Unidos, unos tres millones y la mayoría de ellos en situación irregular, pero nunca tuvo la respuesta afirmativa.
Dieciséis estados más la ciudad de Washington aseguraron que la retirada del Estatuto de Protección Temporal (TPS), que garantiza que miles de inmigrantes puedan permanecer en Estados Unidos de manera legal, tendrá efectos perjudiciales para la economía de ese país.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, emitió hoy un comunicado en el que detalló que ha liderado, junto a los fiscales de Massachusetts y del Distrito de Columbia, una declaración de “amicus curiae” de varios estados para defender el TPS que beneficia a miles de salvadoreños, hondureños, haitianos y nicaragüenses.
El “amicus curiae” (amigo de la corte) es una figura legal por la que un tercero ajeno a un litigio expresa voluntariamente su apoyo a una de las partes, a fin de colaborar con el tribunal para la resolución del proceso judicial.
En este caso concreto, el “amicus curiae” respalda la denuncia entablada por el grupo Centro Presente, con sede en Boston, que fue presentada en febrero y que alega que la decisión del Gobierno de EE.UU. de poner fin al TPS, que protegía a los nacionales de varios países, tuvo motivación racista.
“Muchos titulares de TPS son nuestros vecinos y compañeros que contribuyen a Estados Unidos y nuestra economía cada día. Nuestra nación sería más pobre sin ellos”, señaló Becerra.
El fiscal general de California aseguró que los estudios demuestran que la permanencia de estos inmigrantes en Estados Unidos es “no solo beneficiosa para estos individuos sino también para las comunidades en las que trabajan, estudian y viven”.
