Juez asesta golpe a ley SB1070 de Arizona

La jueza federal Susan Bolton bloqueó ayer una sección de la ley antiinmigrante de Arizona, la cual prohíbe a los jornaleros buscar trabajo en las calles.

Esta prohibición se aplicaba desde julio de 2010, cuando la SB1070 entró en vigor en este estado fronterizo con México y, desde entonces los jornaleros sólo podían reunirse en los estacionamientos de centros o iglesias que los autorizaran para ofrecer sus servicios. Antes de que la SB1070 entrara en vigor, Bolton bloqueó también algunas partes de la controvertida regulación que hubieran permitido a las autoridades cuestionar el estatus migratorio de personas “sospechosas” de encontrarse de manera ilegal en Estados Unidos.

Esa decisión de Bolton fue ratificada por la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve en California, por lo que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, apeló ante la Corte Suprema de EU, que escuchará el caso en abril próximo.

Al principio, Bolton rechazó la petición de bloquear las secciones de la SB1070 referentes a las personas que piden empleo en las calles, pero el caso fue presentado nuevamente después de que la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve fallara a favor de los jornaleros en otro caso similar el pasado mes de septiembre.

En esa ocasión, la corte suspendió una ley de la ciudad de Redondo Beach, en California, que prohibía a los jornaleros pararse en lugares públicos mientras solicitaban empleo. La Corte de Apelaciones determinó que este tipo de prohibiciones violan los derechos de libre expresión y de igualdad que determina la primera enmienda de la Constitución de EU.

Bolton argumentó que lo mismo aplica en el caso de la SB1070. Los abogados de Brewer aseguran que las restricciones buscan encarar preocupaciones de seguridad como distracción de conductores, hostigamiento a transeúntes y daño a la propiedad.

En tanto, la Corte Federal de Apelaciones del onceavo Circuito escuchará desde hoy los alegatos contra las leyes antiinmigrantes de Georgia y Alabama en demandas iniciadas por grupos defensores de los derechos cívicos y los inmigrantes, y la impugnación de la ley de Alabama presentada por el gobierno federal.

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